Entre los elementos de prueba se encuentra el testimonio de un testigo bajo la clave “Triple C-2024”. Este afirma que Guardado, presunto sicario, habría sido contratado por Ramos y Méndez, bajo instrucciones del alcalde en funciones, Adán Funez, todo a cambio de un pago de 200 mil lempiras que se repartiría entre los participantes en la ejecución del crimen. 

Además, la fiscalía presentó el vaciado de un celular incautado a Guardado, que consigna las llamadas entre este y José Ángel Ramos antes y después del homicidio, fotografías de Guardado portando armas de grueso calibre y puntos de geolocalización que ubican al acusado en la zona del hecho

Según el Ministerio Público, Juan López asumió un papel activo dentro del movimiento de defensa ambiental y en espacios de incidencia municipal como regidor de la alcaldía de Tocoa, administración encabezada entonces por Adán Fúnez, municipalidad que tomó decisiones a favor de intereses empresariales, lo que intensificó la resistencia comunitaria liderada por López entre 2023 y 2024, ante los intentos de poner en marcha una planta generadora de energía vinculada al empresario Lenir Pérez.

La tesis fiscal agrega que el crimen se gestó por conflictos anteriores a este, a medida que las denuncias y acciones públicas se incrementaron e incomodaron intereses políticos, económicos y de estructuras criminales vinculadas al poder local. 

Tras escuchar los alegatos finales de las partes, la jueza resolvió dictar auto de formal procesamiento contra Adán Fúnez, Héctor Méndez y Juan Ángel Ramos, por los delitos de asesinato en perjuicio del defensor ambiental Juan Antonio López y asociación para delinquir.

Edy Tábora, abogado de la familia de la víctima, celebró que el proceso avance con el auto de formal procesamiento, pero insistió en la necesidad de profundizar las pesquisas para determinar si hay más implicados. El sacerdote jesuita Ismael Moreno (Padre Melo) dijo que las pruebas refuerzan la tesis de un “entramado sumamente serio” y pidió investigar a fondo los vínculos entre denuncias ambientales, actores económicos y estructuras criminales.

Para Lucía Vijil Saybe, del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), este tipo de procesos no vienen por sí solos, sino que son parte del trabajo de comunidades y organizaciones que han exigido justicia mediante denuncias y movilizaciones, ante un país con una debilitada institucionalidad. 

“Lo interesante ha sido la captura de estas tres personas y de llevarlas a los juzgados, precisamente porque se expone una estructura y se envía un mensaje de que la impunidad no es para siempre. Se envía un mensaje de que la visibilidad de los rostros de los autores intelectuales más que los materiales dan respuesta a lo que significaba Juan en el territorio para que se aliaran tantas personas a nivel intelectual y material para ejecutar el asesinato”. 

Para la representante de CESPAD, El Estado tiene muchos desafíos como brindar protección a las comunidades que continúan exigiendo justicia para el Parque Nacional Montaña Carlos Escalera y asegurar medidas efectivas e inmediatas para los colectivos y en defensa de las comunidades afectadas y de todos los testigos en el marco de los casos. 

Agrega que este es solo un paso para “continuar alerta”, denunciando el grave contexto de riesgo e impunidad que persiste no solo en el Bajo Aguan sino que en todo el país. 

“Esta es una demostración de cómo operan las redes de corrupción, de cómo operan las redes criminales en el marco de cada uno de los conflictos ambientales y cómo nos tenemos que sumar a esta exigencia. Esperamos que el proceso se desarrolle de la mejor forma, que las personas detenidas se les deduzca la responsabilidad completa y que paguen en pena lo que ha representado quitarle la vida a un compañero como Juan López”. 

*Con reportes de Lesly Banegas y Radio Progreso