Los cinco expresaron que, luego de la derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, no quedó duda de los intereses políticos detrás de su juicio. Además, denunciaron que la Fiscalía trabaja en un nuevo caso en contra de su comunidad. 

“En el mes de diciembre se obtuvo información que Fiscalía trabaja en el montaje de un nuevo caso donde se buscaban personas de Santa Marta para que sirvieran de testigos y que ellos los iban a preparar, para lo cual tienen un listado de posibles líderes a capturar, entre los cuales estamos nosotros”, afirmaron en la carta. 

Los líderes ambientalistas instaron a las comunidades y a la población organizada a seguir firme en la lucha por la naturaleza y el territorio, y contra los intereses extractivistas del Gobierno y la empresa privada. 

“Esta lucha es por la sobrevivencia nacional y la salvación de toda la sociedad salvadoreña, tal como lo expresa nuestro obispo católico y las iglesias históricas. Es la lucha de las organizaciones sociales, ambientales, las iglesias y la inmensa mayoría de nuestro pueblo”, concluyeron. 

Luego de conocerse la carta, el Tribunal suspendió la vista pública por la incomparecencia de los imputados. El juez dio cinco días hábiles para que los líderes ambientalistas justifiquen su ausencia y trasladó el juicio para los días 9 y 10 de abril. 

Para las organizaciones sociales, esta es una maniobra que solo dilata el proceso contra los líderes comunitarios. “Reformas recientes al Código Procesal Penal permiten realizar audiencias de vista pública sin la presencia de los acusados; por tanto, no es válido argumentar su ausencia como motivo de suspensión del nuevo juicio”, afirmaron a través de un comunicado. 

Además, consideran que repetir este juicio es “negarles la libertad a toda costa”.