El Bitcoin es un activo que pretende funcionar como moneda privada, no existe respaldo de ningún gobierno de su valor. El Bitcoin sintetiza la oferta y demanda privada de este token, es decir su valor se establece por “fuerzas del mercado”. El art. 2 del decreto 57 reconoce que el tipo de cambio entre dólar y el Bitcoin será establecido libremente por el mercado. En cambio, las monedas respaldadas por un Gobierno (como dólar, euro o yuan)  a través de sus Bancos Centrales velan por la estabilidad de sus monedas locales, con políticas monetarias. El Salvador, al ser un país dolarizado¹, pasaría no solo a estar subordinado a las decisiones de política monetaria de EE. UU., sino también a las dinámicas opacas dentro de los criptomercados.

La fluctuación del Bitcoin como moneda de curso legal implica un riesgo cambiario en cada transacción. El Gobierno intentó reducir ese riesgo a través de Chivo Wallet, la billetera virtual que prometía convertibilidad automática. En este sentido, una persona podría realizar una transacción en Bitcoin y cambiar inmediatamente a dólares, para estar cubierta de pérdidas de capital. En cambio, las personas podrían mantener sus saldos en Bitcoin, con la expectativa de tener ganancias cuando el valor del criptoactivo aumentara. Bajo estas alternativas, se supondría que la persona asume el tipo de cambio según sus intenciones especulativas. Es decir, la inclusión financiera fomentada es desde el plano de la especulación del valor de los criptoactivos.  Esta acción no toma en cuenta las necesidades y riesgos a los que están expuestas las grandes mayorías en El Salvador. Una inclusión social desde el empleo digno es una apuesta más segura para las grandes mayorías. 

Es responsabilidad del Gobierno informar de los riesgos de la especulación financiera, sobre todo si se fomenta el uso del Bitcoin para las personas que tienen necesidades inmediatas. El Salvador tiene amplios sectores excluidos socioeconómicamente, lo cual se manifiesta en altas tasas de pobreza, empleo precario y bajos ingresos, entre otros. Las poblaciones excluidas no pueden darse el lujo de esperar que el valor del criptoactivo mejore su rendimiento, el hambre es hoy, por ende, los ingresos no pueden estar mañana. Como resultado de ello, la gente se ha percatado que el Bitcoin le significa pérdidas, y han preferido el uso del dólar como medio de cambio (Preferencia de la liquidez le diría Keynes).

Respecto a la emisión de Bonos de criptomonedas, esta no ha salido a la luz y probablemente nunca esto ocurra. Los riesgos subyacentes a la compra de los Bonos de gobierno se mantienen, como el riesgo de impago y el riesgo de tipo cambiario. A ello, se suma que los Bonos tendrían como colateral el Bitcoin, es decir en vez de diversificar el riesgo, simplemente se acrecienta. Por ello, para un inversionista es más atractivo comprar Bitcoin de forma directa, disminuyendo su exposición a los riesgos subyacentes.

Tanto en términos teóricos y prácticos, el Bitcoin tenía pocas posibilidades de cumplir con sus promesas. Y probablemente, esta sea una moneda sin futuro en El Salvador, al menos para cumplir los objetivos de inclusión social y acceso a mercados financieros.