A raíz de  esta nueva ruta migratoria que pone a Nicaragua como país de tránsito “importante”, Estados Unidos impuso una serie de restricciones a funcionarios nicaragüenses que encabezan la transportación de migrantes vía vuelos charters, la respuesta del Departamento de Estado es desarticular el trampolín que el régimen de Ortega-Murillo tiene y que fomenta la llegada de grupos migrantes. 

La respuesta de los otros países de la región con esta situación no ha sido certeza, ni crítica, en el caso del gobierno de El Salvador el año pasado anunció la imposición de una tarifa equivalente a mil dólares para quienes provengan de un país africano o la India y que hagan escala o tránsito por este país centroamericano. 

Un elemento relevante de esta noticia es que las rutas migratorias se reconfiguran y quienes tienen la necesidad de salir de sus países de origen se abren paso por puntos nuevos, que les permiten reducir los riesgos en el tradicional tránsito por la temida selva de El Darién, incluso a estas nuevas modalidades de tránsito se incluye la ruta entre Colombia y el Caribe nicaragüense por la Isla de San Andrés, llegando hasta Corn Island, aunque estas modalidades representan altos costos para las personas migrantes son consideradas de menor riesgo.

A los países de la región y en particular a Nicaragua le sigue quedando grande la deuda con las personas migrantes, siendo incapaces de crear mejores políticas migratorias y de apoyo para estos grupos, porque realmente no les interesa proteger ni colaborar, siguen en búsqueda de sus propios beneficios y de los réditos que les genera. Son nuevamente las personas migrantes quienes no dan lecciones de cómo en medio de las dificultades se articulan, pero sobre todo crean sus propios caminos, ubican nuevas rutas y alternativas que les permitan llegar con vida hasta donde quieren llegar.