En 1999, la CEH documentó 1,465 casos de violación sexual durante el conflicto armado; el 89% de estos hechos fueron contra mujeres mayas y el 35% de las víctimas fueron niñas. La Comisión determinó que “los casos de violaciones masivas o indiscriminadas y públicas se registraron en áreas de gran concentración indígena, como una práctica común luego de la instalación de destacamentos militares y PAC, de modo previo a masacres o como parte de operaciones de tierra arrasada”.

Esto ha sido confirmado en varios casos del conflicto armado en Guatemala, por tribunales de este país. Por ejemplo, en 2013, el Tribunal de Mayor Riesgo A determinó que la violencia sexual de mujeres y niñas fue parte del genocidio contra el Pueblo Maya Ixil. En 2016, el mismo tribunal determinó que un grupo de mujeres Maya Q’eqchi’ fueron sometidas a esclavitud sexual y doméstica en el destacamento militar de la comunidad de Sepur Zarco. Además, en la primera sentencia del Caso Mujeres Achi. en 2022, el Tribunal de Mayor Riesgo A concluyó que el Ejército utilizó la violencia sexual como arma de guerra para someter a las mujeres Achi y a sus comunidades a control militar, con la participación de PAC.

La antropóloga feminista, Rita Segato, en su peritaje antropológico de género para el juicio del caso Sepur Zarco, señala que estos hechos constituyen una agresión a la comunidad, en la mujer, como persona, y a través de ella, por su posición, a todos los lazos de confianza que estabilizan una relación comunitaria, de vecindad y de familia extendida. Es decir, la violación sexual vista como una nueva forma de guerra no convencional irregular, que busca romper, desde el cuerpo de las mujeres, con el tejido comunitario. 

“Y ¿por qué en las mujeres y por qué por medio de formas sexualizadas de agresión? Porque es en la violencia ejecutada por medios sexuales donde se afirma la destrucción moral del enemigo, cuando no puede ser escenificada mediante la firma pública de un documento formal de rendición. En este contexto, el cuerpo de la mujer es el bastidor o soporte en que se escribe la derrota moral del enemigo”, afirma Segato. 

Las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, tanto en el caso de las mujeres Achí, como en Sepur Zarco y otros, han afirmado que sufren desde entonces de malestares físicos, debilidad, sufrimientos psicológicos, depresión, grandes zozobras, entre otros. Muchas de ellas, no lograron continuar con sus planes de vida.

“Estos hechos las hirieron profundamente, dejaron daños emocionales, psicológicos, familiares, comunitarios. Ellas eran población civil, estaban en sus comunidades, llevaban una vida normal comunitaria. Tenían planes, proyectos de vida, varias lo que anhelaban era casarse, tener hijos y hay mujeres que ya no pudieron hacerlo porque quedaron marcadas, estigmatizadas a nivel comunitario, y fueron repudiadas por sus familias y la comunidad. Cuando tenían maridos, las rechazaban porque se llegaban a enterar de lo que les ocurrió En muchos casos, la comunidad le dio la espalda”, explicó Haydeé.

La abogada también valora que, pese a estas dificultades, las sobrevivientes continúan firmes en su exigencia de justicia, rompiendo el silencio y manteniendo la esperanza de que estos crímenes no vuelvan a repetirse. Valey espera que exista una resolución favorable.

Febrero es un mes dedicado a la memoria histórica en Guatemala. El 25 es el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. El día 26 se cumplieron 9 años de la sentencia del caso Sepur Zarco, que marcó un precedente histórico en el reconocimiento de la violencia sexual como crimen de guerra durante el conflicto armado en este país. Para los pueblos de Guatemala, las abuelas de Sepur Zarco abrieron el camino para que otros casos de violencia sexual contra mujeres indígenas no queden en la impunidad.