El objetivo del proyecto busca garantizar a las mujeres rurales la propiedad, acceso, uso y control de la tierra y otros activos del medio rural. Se trata de “una acción eficaz para contribuir a la igualdad, el bienestar rural y la democracia, garantizando que el ordenamiento rural, agrario y ambiental busque una racional y sostenible distribución cualitativa y cuantitativa del recurso tierra entre hombres y mujeres”. 

El artículo 41 establece un Fondo de Tierras, que busca “promover y garantizar que los jóvenes, las minorías étnicas, las mujeres y la población de personas con discapacidad tengan acceso al recurso tierra, con fines productivos o de servicios, en particular los grupos organizados de estas poblaciones, para lo cual se destinará al menos un cincuenta por ciento (50%) de los recursos financieros del Fondo de Tierras”. 

La ley también promueve el empleo femenino en sistemas productivos bajos en carbono, conservación y forestales, lo que implica que las mujeres podrán acceder a actividades alineadas a la sostenibilidad y el cuido de la naturaleza.  Además, contempla medidas temporales especiales en línea con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por ejemplo la perspectiva de género como eje transversal en todas las actividades productivas, fomentando la participación de las mujeres en las tomas de decisiones, acceso a financiamiento, a capacitaciones técnicas y a servicios de apoyo y protección social. 

Se fomenta dentro de la ley la organización de las mujeres en asociaciones empresariales y comunitarias, especialmente cooperativas y asociaciones de mujeres con proyectos ambientales sostenibles. También, reconoce el papel de las mujeres en la seguridad alimentaria, la conservación ambiental y la transmisión de saberes.

Según el Censo Agropecuario, para 2015 se registraban 12,598 mujeres productoras, lo que representaba el 15.6% de las personas productoras a nivel nacional. Sin embargo, en este país, como en toda la región, miles de mujeres trabajan la tierra sin recibir un solo colón. Ellas cultivan para alimentar a sus familias, a animales de subsistencia y para la elaboración de otros productos como quesos, panes, artesanías que luego venden de manera informal. Esta labor y su contribución para la protección de la naturaleza y el uso sostenible de los recursos, sigue siendo invisibilizada. 

El Censo Agropecuario señala que el 72.8% de las mujeres que trabajan en fincas no reciben ningún tipo de remuneración, ya que es visto como una extensión del trabajo del hogar no remunerado y no como una actividad productiva dentro de la finca. 

Las barreras estructurales que enfrentan las mujeres en Costa Rica para el acceso a tierras continúan latentes. Que menos del 10% de ellas tenga la titularidad de sus tierras, limita el desarrollo personal, familiar y potencial productivo del resto. El informe “Ellas alimentan el mundo”, elaborado por We Effect y LATFEM, indica que en América Latina, aunque el 70% de las mujeres rurales tienen acceso a la tierra, solo el 30% tienen las escrituras a su nombre. 

“En vez de ser dueñas de las tierras que trabajan, muchas veces las tienen prestadas, alquiladas o a nombre del esposo que ha dejado una parcela pequeña a la mujer para que experimente”, expresa el estudio.