En 2021, en plena represión contra disidentes, Nicaragua acusó al Gobierno Mexicano y su embajador de “injerencistas, sumisos y fieles a los yanquis: Con el mensaje que usted ha difundido hoy en Nicaragua, usted y el Gobierno de México se colocan en una posición injerencista y entrometida, cumpliéndoles sumisa y fielmente a los yanquis (EU), sirviéndoles en el rol que tristemente han venido ustedes asumiendo, de interventores permanentes en nuestros asuntos propios, por encargo del imperio (sic)”. Después que el embajador de México retuiteo un posteo del escritor Sergio Ramírez. 

La comitiva del régimen que ha andado en México está conformada por una lista de personas leales al partido oficial, quienes en su mayoría son tachados de cometer graves violaciones a los derechos humanos. Entre ellos sobresale Sadrach Zeledón, alcalde del departamento de Matagalpa (centro del país) y secretario político del Frente Sandinista. De acuerdo a una investigación de la organización Urnas Abiertas, el 11 de mayo de 2018 Zeledón dio instrucciones a paramilitares para atacar a manifestantes que pedían la renuncia de Ortega y Murillo. Zeledón es señalado por la CIDH y recientemente por el GREHN de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población nicaragüense. También es conocido por ser uno de los alcaldes vitalicios de Matagalpa, un departamento que ha sido bastión del sandinismo desde 1979. De acuerdo a las Memorias de Lucha Sandinista, de la excomandante Mónica Baltodano, Matagalpa “en 1979 participa en Managua, y en las tomas de Jinotepe y Granada. Después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, quedó en las estructuras partidarias y de masas, y a la fecha es dirigente del Comité Nacional Feminista”. 

Otro de los nombres que conforman la comitiva es el de Brenda Isabel Rocha Chacón, presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua y una de los 21 funcionarios sancionados por la Unión Europea debido a su papel en la represión y la manipulación del proceso electoral bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La Unión Europea y Estados Unidos señalaron que los magistrados del CSE, entre quienes figura Brenda Rocha, “conspiraron con el régimen Ortega-Murillo para socavar las instituciones políticas de Nicaragua y subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021 al descalificar a los partidos y candidatos legítimos de la oposición por motivos espurios”. Otros dos funcionarios que acompañan a Rocha en el viaje son José Manuel Fuerte y Ramón Antonio Benavides, coordinadores del Consejo Supremo Electoral en Estelí.

También figuran Juan Carlos Hernández, Reynerio José Mendieta Mendieta,  Zuly Zulma Reyes Cerda, Armando Rocha Chacón y Juan Carlos Gutiérrez, embajador de Nicaragua en México. El 28 de julio La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, anunció la designación del coronel de Infantería DEM Juan Carlos Martínez Canales como nuevo agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo en la embajada de Nicaragua en México. Martínez Canales es un alto oficial de inteligencia y contrainteligencia militar, segundo al mando de la dirección que se encarga de las labores de vigilancia del Ejército. 

Para exiliados y desterrados políticos este hecho es de mayor preocupación tras el asesinato del opositor y exmilitar Roberto Samcam. A mediados de septiembre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) descartó la línea de investigación que promovió la dictadura, la cual aseguraba nexos de Samcam con el narcotráfico. “Una de las líneas de investigación apunta a que esto fue una orden aparentemente del Ejército nicaragüense”, aseguró la institución.

“Nuestra pregunta es: ¿Pueden los parlamentarios mexicanos cerrar sus ojos a esa realidad? La amistad con un gobierno que practicó repetidos fraudes electorales, que ha suprimido todas las libertades, es una ofensa para la gran mayoría del pueblo nicaragüense que está viviendo desde hace siete años con todas sus garantías suspendidas de facto. Todas las garantías. El pueblo vive bajo el terror. Los parlamentarios no pueden obviar los informes de los organismos de derechos humanos. Estamos demandando que la comunidad internacional no puede cerrar los ojos a esa realidad”, dijo a Hora Cero la excomandante Mónica Baltodano, exiliada política de la dictadura. 

Que el Congreso de México busque amigarse con funcionarios afines a la dictadura nicaragüense es algo muy preocupante. Especialmente porque no hace mucho, el 25 de octubre del 2023, desde esta misma institución recibieron a un grupo de opositores nicaragüenses, en su mayoría disidentes sandinistas y personas de izquierdas.  

La ex senadora Citlali Hernández Mora, del partido MORENA, recibió a esta delegación liderada por Mónica Baltodano y Victor Hugo Tinoco. Desde ahí los nicaragüenses denunciaron “la supresión de todos los derechos democráticos, la liquidación de los partidos y organizaciones de la sociedad civil y de la prensa independiente, el cierre de universidades, la persecución a la iglesia católica y a los pueblos indígenas y  la situación de los presos y presas políticos”. 

En tan solo dos años parece ser que los diputados mexicanos se han olvidado de las denuncias que hicieron los exiliados nicaragüenses, y ahora impulsan esta “comitiva de amistad” con funcionarios señalados por crímenes de lesa humanidad, corrupción y colaboracionismo con el régimen.