Buena Vista y Santa Rosita: dos comunidades de Guatemala que viven bajo la sombra del desalojo

Maldito País

junio 30, 2024

Krissia Girón

Organizaciones campesinas y autoridades indígenas de Guatemala han condenado los desalojos y exigen al Gobierno de Bernardo Arévalo garantizar los derechos humanos de las familias maya Q’eqchi’. En este reportaje te lo contamos

Un derrumbe ocurrido en agosto de 2015, en la Sierra de Santa Cruz, ubicado en el Estor, Izabal, hizo que alrededor de 60 familias mayas Q’eqchi’ fueran desplazadas de su tierra, con la promesa del gobierno de ese entonces de buscar una finca para la construcción de viviendas, algo que nunca llegó. Desde hace 9 años habitan las comunidades de Buena Vista y Santa Rosita, viendo desfilar una serie de amenazas de desalojo, prisión por usurpación y allanamientos, debido a denuncias del dueño de la finca que habitan. Este 2024, parte de los desalojos se han hecho efectivos en Buena Vista, pese a las condiciones de precariedad en las que viven las comunidades, ante el desamparo del Estado. 

“Éramos cuatro comunidades de la sierra Santa Cruz las que sufrimos pérdidas de cultivos de maíz, frijol e incluso nuestras propias viviendas por el desastre natural en 2015. Fuimos albergados tres meses en una comunidad que se llama El Bongo y tres semanas en el gimnasio municipal en donde no recibimos atención y por eso decidimos dividirnos y buscar las fincas como lo indicó el Estado, pero ahora giran órdenes de captura, persecución y desalojos”, señaló uno de los afectados.

Buena vista y Santa Rosita son dos comunidades en El Estor, Izabal, donde habitan aproximadamente 30 familias en cada una. En estos 9 años, Buena Vista ha tenido alrededor de 17 intentos de desalojo, mientras que Santa Rosita ha contabilizado 6 amenazas. El pasado 22 de mayo, 48 familias de Buena Vista fueron expulsadas de forma definitiva. Más de 500 efectivos policiales llegaron al lugar junto al dueño de la finca Tz’inté, Luis Fernando Arriaza, para ejecutar la orden. 

Según reportes de Prensa Comunitaria, cuadrilleros del dueño de la finca y agentes de seguridad privada destruyeron sembradíos, casas, granjas, entre otros bienes de las familias desalojadas. Los mismos reportes afirman que Luis Arriaza, propietario del terreno donde está ubicada la comunidad, está involucrado en irregularidades con tierras en Izabal.

El peritaje histórico denominado “Relaciones sociales de poder y apropiación de recursos naturales y de la tierra en El Estor, Izabal“, escrito por el historiador Harald Waxenecker, indica que la familia Arriaza Miyoga pertenece a un círculo de terratenientes involucrados en la apropiación y registro irregular de tierras a partir de relaciones de poder desiguales para las familias mayas Q’eqchi’.

Momentos del desalojo a la comunidad Buena Vista el 22 de mayo de 2024. Foto: Prensa Comunitaria
Momentos del desalojo a la comunidad Buena Vista el 22 de mayo de 2024. Foto: Prensa Comunitaria

Abogados de organizaciones sociales como el Comité de Unidad Campesina (CUC), consideran que el desalojo fue ilegal, ya que no se presentaron documentos legales al momento del desalojo. Además, afirman que la jueza del Juzgado de Paz de Puerto Barrios, Sandra Ayala, ignoró las peticiones de suspender el desalojo y ordenó realizarlo pese a la falta de notificación. La jueza dio media hora a las familias para abandonar el lugar. Las personas de la comunidad pidieron el respeto de sus derechos, en especial de las niñas y niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y con discapacidad. 

Organizaciones campesinas y autoridades indígenas de Guatemala han condenado los desalojos y exigen al Gobierno de Bernardo Arévalo garantizar los derechos humanos de las familias maya Q’eqchi’ y cumplir con los principios básicos sobre desalojos y desplazamientos. A través de un comunicado, el CUC exigió a las autoridades y a la comunidad internacional, intervenir en este caso y respetar el debido proceso. “Este desalojo pone en riesgo no solo sus viviendas, sino también su seguridad y bienestar”, afirmaron.

Por su parte, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), junto al Bufete para Pueblos Indígenas, presentaron un amparo contra la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (Copadeh), para que esta garantice los derechos de las personas desalojadas. “Nos parece que han dejado de lado los principios por los que Copadeh fue creado. Los desalojos no han sido la solución de los grandes problemas estructurales del país”, dijo Lecadio Juracán, del CCDA.

Santa Rosita y otros

Las familias desalojadas de Buena Vista decidieron refugiarse en Santa Rosita. Ahí se encuentran desde el 22 de mayo, bajó los árboles, plásticos negros y el desamparo del Estado. La comunidad atención médica inmediata y verificación de las condiciones en las que viven.

Hace unos días, se conformó una mesa de diálogo entre el Conapdeh, la municipalidad del El Estor y organizaciones sociales. En dicha reunión,  el alcalde de El Estor, aseguró que no tiene las condiciones necesarias para albergar a tantas personas. Por su parte, el Conapedh, afirmó que solo llegaban a confirmar las condiciones en las que viven las familias. El representante del Conapedh también aclaró que no es del Ejecutivo la tarea de detener los desalojos de estas comunidades. 

A Santa Rosita le llegó una nueva amenaza de desalojo programada para el 26 de junio. Sin embargo, fue pospuesta para el 28 de agosto. Tanto las organizaciones de derechos humanos, campesinas y en general, como las familias refugiadas en el lugar, se encuentran a la expectativa de lo que sucederá en este proceso.

Recientemente, también otras dos comunidades, Playa Grande y Esfuerzo Túnico, siempre de El Estor, Izabal, recibieron amenazas de desalojo por parte del dueño de la finca Murciélago, Miguel Ángel Arriaza. “Hay más de 200 trabajadores de la finca Murciélago que quieren desalojarnos. Esto es lo que queremos aclarar, que nos dejen en paz, estamos trabajando, no estamos aquí porque queremos”, dijo uno de los comunitarios.

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Krissia Girón

Productora radiofónica y audiovisual, periodista y comunicadora feminista de El Salvador. Editora a cargo de la sección Tierra Rebelde en HoraCero.