Las organizaciones ambientalistas y comunitarias fueron las encargadas de llevar el mensaje de los cinco líderes de Santa Marta a quienes el sistema de justicia busca juzgar dos veces por el mismo delito. A través de una carta, informaron que no se presentarán a la audiencia, porque eso significaría “validar una farsa de sistema de Justicia cooptado por el régimen de turno”, al tiempo que afirmaron que su único delito ha sido “oponerse a la contaminación y la destrucción ambiental”.
La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París podría llevar a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Esto puede resultar en un agravamiento del cambio climático, lo que repercute directamente en Centroamérica, una región ya vulnerable a fenómenos extremos como huracanes, sequías e inundaciones.
El presidente inconstitucional de El Salvador envió un mensaje contundente sobre el regreso de la minería metálica al país, bajo el argumento de aprovechar los recursos que “Dios colocó” bajo tierra para un mayor desarrollo económico, al tiempo que ha catalogado como “absurdo” y “una tontería” la ley que prohíbe esta industria. Su insistencia ha elevado las alarmas de organizaciones sociales, ambientalistas, iglesia católica y academia a nivel nacional e internacional.
Tras meses de detención, 5 líderes comunitarios de Santa Marta recuperaron su libertad. La Fiscalía los acusó de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas por un caso ocurrido durante el conflicto armado. Sin embargo, la comunidad, organizaciones sociales y sus abogados defensores aseguran que las acusaciones fueron infundadas sin pruebas, buscando arremeter contra los defensores del agua y el territorio. Actualmente, una Cámara Judicial admitió la petición de la Fiscalía de revocar la libertad de los 5 y repetir el juicio en un nuevo tribunal.
Un acuerdo de reconversión de deuda entre Estados Unidos y El Salvador financiará la restauración de la cuenca del río Lempa, que abastece a más de 3 millones de salvadoreños y comunidades de Guatemala y Honduras. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y las comunidades con las que trabajan aseguran que no han sido consultadas. Estas organizaciones han propuesto una ley de protección de la cuenca de este río, pero aún no se ha discutido en el parlamento salvadoreño.
En un contexto marcado por la crisis climática y la emergencia ambiental, el XV Encuentro Regional del Foro “Centroamérica Vulnerable, Unida por la Vida” se erige como un baluarte de esperanza y resistencia. Este evento reunió a más de 100 representantes de organizaciones civiles de la región, quienes abordaron los retos inminentes que enfrentan las comunidades vulnerables frente a un clima en constante deterioro
Entre los posibles móviles del crimen de Juan López está su pronunciamiento y constante lucha contra los proyectos extractivos en el Bajo Aguán, entre ellos los de la empresa EMCO/ Los Pinares S.A. de C.V. y Ecotek, que amenazan el área protegida del Parque Nacional “Montaña Botaderos Carlos Escaleras”.
Distintas organizaciones exigieron un acuerdo entre Guatemala, Honduras y El Salvador para evitar daños por proyectos mineros. Recientemente, Guatemala revocó la actualización de la licencia a la empresa Elevar Resources, administradora del proyecto minero Cerro Blanco, en dicho país.
Existen diversos intereses económicos detrás de este posible etnocidio hacia los pueblos, como las concesiones mineras, ganadería extensiva, militarización y explotación de los bienes naturales.
Organizaciones campesinas y autoridades indígenas de Guatemala han condenado los desalojos y exigen al Gobierno de Bernardo Arévalo garantizar los derechos humanos de las familias maya Q’eqchi’. En este reportaje te lo contamos
