Que la región Centroamericana reciba fenómenos meteorológicos como temporales, huracanes o tormentas tropicales no es nuevo. Sucede cada año y, constantemente, ponen de manifiesto la situación de vulnerabilidad y deterioro en el que se encuentran los bienes naturales, y la desigualdad en la que vive la población. 

Año con año, la más impactadas por los fenómenos naturales -cada vez más intensos debido al cambio climático- son las comunidades más precarizadas, es la población que habita donde puede, porque no tiene acceso a una vivienda digna, que se dedica al campo y que ve perdidas sus cosechas debido a la crecida de ríos o los oleajes fuertes. Siendo las mujeres las que están en primera línea de los impactos debido a desastres. 

Este año la intensidad de las lluvias y de los impactos en la región es consecuencia de la crisis climática que se vive a nivel mundial, a la que ambientalistas y personas defensoras exigen políticas  desde los Estados tanto para enfrentar los riesgos como para evitar que la crisis se siga profundizando: reducir los plásticos de un solo uso, reducción de gases de efecto invernadero, disminución uso de combustibles fósiles, una mayor regulación a las grandes empresas que contaminan, depredan y destruyen la naturaleza. 

Mientras países como El Salvador sigan entregando al mejor postor permisos ambientales, como los más de 5 mil que ha entregado la gestión de Nayib Bukele, o se continúen autorizando la extracción de metales y explotación de mantos acuíferos, como el caso de Nicaragua que ha entregado más de un tercio del territorio a empresas mineras, o Guatemala y Honduras, que mantienen varios proyectos mineros e hidroeléctricos activos. Mientras se criminalice la labor de las personas defensoras del territorio, que construyen alternativas para prevenir desastres y, como la naturaleza, se defienden ante las amenazas, no podremos continuar el camino hacia la prevención de desastres y la construcción de un ambiente digno para todos y todas. 

La prevención del riesgo, afirman las organizaciones, debe realizarse en conjunto con colectivos, ONG, cooperación y población en general, con quienes se pueden evaluar los daños y dar soluciones a las necesidades de la población, desde un enfoque de derechos humanos y de género.