
Centroamérica instala políticas de seguridad para el control migratorio de Trump
Maldito País
marzo 31, 2025
Primero los presidentes centroamericanos acordaron ser el puente y ruta política a la política de deportación del presidente de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump. A medida que esto avanza, después vemos cómo se convierten en cómplices de la instalación de políticas de seguridad en las fronteras y criminalizan a las personas migrantes, replicando el modelo de seguridad instalado en las políticas de migración de EE.UU. y México. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo cubre las distintas fronteras con militares, y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele pone a disposición sus centros carcelarios y políticas de excepción de derechos para la criminalización de migrantes venezolanos.
Expertos de la Universidad Iberoaméricana de la Ciudad de México que han investigado la militarización del Instituto Nacional de Migración de (INM) a través de la Guardia Nacional y el Ejército de ese país, en la contención de la migración y el enfoque punitivo a las personas migrantes en México, señalan que con este tipo de acciones y medidas, el modelo de seguridad camina más rápido hacia Centroamérica durante la nueva administración de Trump.

Estaba en Bélgica, editando las primeras imágenes. Y recordando lo que habían dicho los campesinos: «Solo nosotros protestamos, pero toda la gente tendría que salir de sus casas para decir ¡No!». Y entonces veía cientos de miles de ciudadanos en las calles, los diferentes movimientos sociales uniéndose, los campesinos, el movimiento estudiantil, los ecologistas, las feministas, la comunidad LGBTQ+. Y la represión estaba siendo super violenta. Después de la Marcha de las Madres, donde tantos jóvenes cayeron muertos, matados por las fuerzas del gobierno, decidí regresar a Nicaragua para seguir acompañando la evolución de esta lucha pacífica, como podía, sin saber lo que iba a pasar.
El país estaba completamente bloqueado por barricadas. Volví a encontrarme con Doña Chica, encontré a los estudiantes que estaban ocupando la UNAN y pude pasar tiempo con ellos, para entender qué les había empujado a entrar en oposición de forma tan valiente contra un gobierno armado, y cómo estaban viviendo esta situación. Conocí a las madres que dormían en el suelo frente a las puertas de la cárcel de El Chipote, intentando tener noticias de sus maridos, de sus hijos, que estaban encarcelados allí, y siendo torturados, por haber protestado, por haber hecho una barricada, por haber atendido a un herido.
Cuando el gobierno por la fuerza aplastó a los opositores en julio de 2018, ante la violencia de la represión, muchos se vieron obligados a exiliarse. Los encontré en el exilio en Costa Rica, donde se estaban curando las heridas y estaban reorganizando la lucha.
Los militares en la contención migratoria
A inicios de marzo, el gobierno de Guatemala cubrió sus fronteras con militares. Esta medida es parte de los acuerdos que el presidente Bernardo Arévalo hizo en materia de seguridad con el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio. El gobierno guatemalteco llamó a este despliegue militar “operación cinturón de fuego”, en la cual también participan kaibiles, el grupo élite del Ejército que se creó en los años setenta y fue entrenado en la Escuela de las Américas por Estados Unidos para la lucha contra el comunismo en Latinoamérica.
La vocera del Ejército de Guatemala, la mayor Ann Marie Argueta, indicó que el control migratorio no es el objetivo del “cinturón de fuego”, sino que lo es el combate al crimen organizado transnacional, en las zonas fronterizas con México, Honduras y El Salvador. Sin embargo, hay puntos geográficos, que son parte del tránsito migratorio hacia Estados Unidos, y que ahora sólo cuentan con presencia de militares que no tienen ninguna capacitación en derechos humanos en un contexto de migración. Los kaibiles que fueron descritos como “una máquina de destrucción” por el escritor guatemalteco, Mario Roberto Morales, ahora son parte del ejército que cubre fronteras y el tránsito migratorio.
El coronel Juan Ernesto Celis, quien tiene formación como kaibil y es encargado de las operaciones en la zona fronteriza del sur entre México y Guatemala, dijo a el diario El País que habían recibido un curso en Derechos Humanos impartido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), pero esto no sucedió, según afirmó a Hora Cero la Misión de la OIM en Guatemala. La agencia de Naciones Unidas aclaró que sí impartieron un curso sobre Derecho Internacional de la Migración, pero que fue dirigido solo a aspirantes del Comando Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. “La OIM no ha brindado ninguna capacitación a miembros de las fuerzas especiales Kaibiles del Ejército de Guatemala”, aclaró la Misión.
Paola García Alanis, investigadora de la Universidad Iberoamericana y coautora de la investigación sobre la militarización del Instituto Nacional de Migración de México, explicó que la participación de las fuerzas militares en la contención de la migración es un nuevo paradigma que han adoptado los Estados. En ese sentido, García Alanis considera que lo que sucede actualmente en Guatemala es un discurso similar al que ha usado en México, porque se utiliza el eufemismo en la narrativa del control migratorio.
“Nunca van a hacer un reconocimiento explícito del uso de las fuerzas militares para la contención migratoria… son prácticas sistemáticas que se están aplicando en el mundo, pero como defensoras de derechos humanos, nosotras nos damos cuenta del uso de estas narrativas que ocultan estas acciones que hemos investigado profundamente en México y que solo pretenden crear un narrativa de amenaza relacionada a las personas migrantes”.
La criminalización de las personas venezolanas
Otra característica de aplicar políticas de seguridad para abordar la migración es la criminalización de las personas migrantes. Este es el caso de El Salvador, que recibió 261 personas venezolanas deportadas de Estados Unidos, quienes fueron vinculados a la organización criminal Tren de Aragua, sin embargo, muchos de ellos no son parte de esa estructura y no han cometido nunca ningún crimen.
La deportación de estas personas venezolanas tiene una serie de violaciones a los derechos humanos y a los sistemas judiciales y constitucionales de Estados Unidos y El Salvador. James Boasberg, juez del Distrito de Columbia de EE.UU. prohibió su deportación, pero esa orden no fue acatada y los venezolanos fueron enviados al Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot) ubicado en El Salvador y hasta ahora el gobierno de Nayib Bukele los ha privado de su derecho de acceso a la justicia.
García Alanis explica que este es un claro ejemplo de la criminalización de las personas migrantes, porque estas no pueden tener acceso a un debido proceso y que de una se le aplican sanciones de un sistema penal, punitivo y prácticas de mano dura.
La investigadora concluye que es lamentable lo que sucede en ese corredor migratorio, porque la mayoría de las personas que transitan por Guatemala o es deportada a Centroamérica vienen de contextos de violencia y hay un derecho internacional que les protege, sin embargo los Estados no cumplen su deber de salvaguardar a las personas refugiadas, agregó.
Mientras los Gobiernos de El Salvador y Guatemala se cierran en narrativas que el despliegue militar y penal son acciones contra el crimen organizado, la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Noem, grabó un video en el Cecot, frente a las personas venezolanas deportadas y privadas de su derecho al acceso a justicia, para advertir a personas migrantes que ese podría ser su destino si violan las leyes estadounidenses.
De esa manera, el modelo de militarización de fronteras y criminalización de personas migrantes desciende rápido sobre Centroamérica, y asegura y extiende la frontera estadounidense más allá del desierto y el río Grande.
