Conflictos sociambientales, militarización y manifestaciones de violencia en Honduras
Maldito País
enero 24, 2024
La conflictividad socioambiental, la militarización y las manifestaciones de violencia en zonas de proyectos extractivos, han ubicado al país como el más peligroso para las personas que defienden los territorios y los bienes comunes. El informe de Global Witness de 2022, registró 14 personas defensoras del territorio asesinadas en Honduras. De enero a mayo del 2023, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH), documentó el asesinato de 7 personas defensoras. En Tocoa, Colón; Jairo Bonilla y Aly Domínguez (7 de enero); José Omar Cruz Tomé (18 de enero); Santos Hipólito Rivas y otro defensor menor de edad, en Trujillo, Colón (12 de febrero). En Tela, Atlántida; Benigno Maldonado(18 de febrero). Y José Gilberto Martínez Cardona en Olanchito, Yoro (18 de abril).
El informe de Global Witness expresa que “Honduras tiene el mayor número de personas defensoras asesinadas per cápita del mundo. Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se ha comprometido a proteger a las personas defensoras. Sin embargo, las primeras tendencias de 2023 apuntan a la persistencia de una violencia generalizada, ya que se han denunciado asesinatos y agresiones no mortales en todo el país”.
Lucía Vijil Saybe es asesora de justicia ambiental y ecológica del Centro de Estudios Para la Democracia (CESPAD). Ella afirma que la conflictividad socioambiental en Honduras estuvo motivada este año por la instalación de siete represas hidroeléctricas, siete empresas mineras, seis proyectos amplios de monocultivo, un proyecto de mega hotelería, un proyecto de energía fotovoltaica y uno producido por la instalación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), que están actualmente vigentes. Explica, además, que la conflictividad se ha manifestado de tres formas: La tensión de los bienes comunes, la criminalización de defensores y el desplazamiento forzado.
"Todo conflicto está motivado por una disputa de bienes comunes de la naturaleza, pero cuando hablamos de tensión nos referimos a que para que alguien haga uso extensivo de un bien natural tiene que despojar claramente a otro. ¿Qué implica esa acción de despojo?, lo vamos a ver en dos vías: el despojo comunitario y el despojo ecológico. El despojo comunitario se manifiesta en la violencia, violencia estructural y violencia física. La violencia estructural es hacer uso de las figuras estatales, de las figuras del Código Procesal Penal para la judicialización de defensores y defensores, la mayoría de ellos por delitos de usurpación, daños agravados y los casos más complicados de judicialización en Honduras han estado incluso por asociación ilícita, en donde los defensores y defensoras son acusados en los tribunales asignados únicamente a las grandes estructuras criminales de del país"
Lucía Vijil Saybe
Por otro lado, Vijil afirma que la devastación ecológica se manifiesta en la acción extractiva y en otras actividades como construcción de carreteras, deforestación, acaparamiento de aguas y desvío de fuentes naturales de agua, donde se ven afectadas las comunidades tanto humanas como ecológicas. Explica también que para este año, el Gobierno instaló una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, la cual ha hecho uso de figuras penales para habilitar desalojos. “Del 7 de junio del 2023 al 16 de diciembre del 2023 se han ejecutado un total de 18 desalojos a comunidades, donde hay mujeres y niños, y en la mayoría de ellos se ha denunciado, por distintas organizaciones en territorio, que no cumplen con los requisitos de un desalojo formal, y que no están siguiendo órdenes judiciales, además del tema del abuso de autoridad en relación al desalojo”, dijo.
Según el balance ambiental de 6 meses de 2023 de CESPAD, la conflictividad socioambiental tiene un impacto directo en la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), de las comunidades campesinas, indígenas y garífunas. Estas comunidades dependen, en gran medida, de la tierra y otros bienes comunes para su subsistencia y desarrollo económico; cuando se involucran en conflictos relacionados con la explotación de sus bienes comunes o la degradación ambiental, sus derechos económicos y sociales se afectan seriamente.
Lucía considera que las tendencias para el próximo año son bastante complejas, por las características de los gobiernos de la región, sobre todo en su país y con lo que respecta a la seguridad de las personas defensoras del territorio. “Yo no creo que haya un giro de 360 grados en esas políticas gubernamentales. Tampoco es una apuesta estatal, sino ya se hubiera resuelto esto hace muchos años. Al final solamente implica más judicialización y continuar solamente nombrando a defensores y defensoras asesinadas sin tampoco acceder a justicia. Es más lamentable aún no contar con respuestas estatales en relación a estos asesinatos”.
Su mensaje hacia la región es apostarle a la resistencia del movimiento territorial y a la construcción de nuevos modelos de vida.