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Despidos, destrucción del patrimonio y reestructuración: La última estocada para el Ministerio de Cultura de El Salvador
Maldito País
julio 15, 2024
Despidos masivos, censura de obras por promover “valores no tradicionales”, destrucción de patrimonios culturales, un ministro de Cultura sin formación en cultura y el cierre total de espacios como las Casas de la Cultura, fueron algunas de las decisiones gubernamentales que, en los últimos días, han trastocado los cimientos del Ministerio de Cultura, una institución que, pese a las críticas desde su fundación, ha sido la administradora de instancias y espacios promotores de diferentes ramas del arte, la preservación de la cultura y de la identidad del país.
El pasado 27 de junio, en un mensaje contundente a través de la red social X, el presidente -inconstitucional- de El Salvador, Nayib Bukele, informó que despediría a más de 300 empleados del Ministerio de Cultura por “promover agendas que no son compatibles con la visión de este Gobierno”. Destacó además que estos despidos permitirán un ahorro significativo de fondos públicos. “Medicina amarga, pero necesaria. La gente eligió un camino y ese camino vamos a tomar”, declaró.
El mensaje del presidente fue respaldado por el recién nombrado ministro de Cultura: Raúl Neftalí Castillo Rosales. Cuenta con un Técnico en Ingeniería de Sistemas Informáticos. Su experiencia es en el área de la docencia de esta misma carrera y como asistente administrativo. No destaca en su hoja de vida ninguna experiencia en el área de cultura o en alguna rama artística. Hasta el 19 de junio, fue diputado por el oficialista, Nuevas Ideas.
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Castillo escribió en su cuenta de X: “Como lo prometí cuando usted me nombró en este cargo, mi compromiso es la protección y promoción de nuestros valores, nuestra cultura y las artes. Por ello, es impostergable la reestructuración en el Ministerio de Cultura”.
Un día antes, el 26 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial Transitoria de Compensación Económica para los Trabajadores del Ministerio de Cultura, que facilita indemnizaciones para las y los empleados cuyas plazas sean suprimidas debido a la reestructuración. Según el decreto, las personas trabajadoras recibirán una indemnización equivalente al 100 % de su salario por cada año laborado o fracción mayor a seis meses, con un límite máximo de $20,000 por indemnización.
La medida ha generado preocupación y críticas, especialmente entre los sectores afectados. Según reportes de La Prensa Gráfica, Danilo Vladimir Villalta, quien recientemente ocupaba el cargo de director del Museo Nacional de Antropología, figura entre los despedidos. También confirmaron despidos del Coro Nacional, Orquesta Sinfónica, entre otras áreas. El paleontólogo Daniel Laínez, denunció a través de redes sociales el despido de él y otros de sus colegas. “El Salvador se queda sin paleontología”, dijo a través de un video en Instagram.
“En El Salvador nadie trabaja directa y exclusivamente con la paleontología. Así que muchos años de trabajo, de hallazgos importantes como el del sitio Tomayate, un sitio con megafauna más grande de Centroamérica, va a quedar en el olvido; todas las colecciones que están albergadas en el Museo de Historia Natural, corren el riesgo de desaparecer. (…) Lo que más me duele es que todo se pierda y que restos con millones de años de antigüedad -los más antiguos con 100 millones de años- queden abandonados, con una suerte incierta”
Denuncias en redes sociales y a medios de comunicación de ex trabajadores del ministerio, relatan que van alrededor de 1 200 personas despedidas, sumando a las y los trabajadores de las Casas de la Cultura. Al cierre de este reportaje, la única cifra oficial son los 300 anunciados en el tuit de Bukele.
La reorganización ha sido defendida como necesaria por funcionarios, para alinear a la institución con las nuevas políticas gubernamentales. Como el caso de la diputada Alexia Rivas, quien aseguró en su cuenta de X que “los salvadoreños que queremos la protección de la vida y de la familia tradicional les apoyamos”, y añadió que El Salvador es pro vida, pro familia tradicional, y la agenda 2030 no tiene cabida”.
Las repercusiones y el impacto en el sector cultural de El Salvador están siendo ampliamente discutidos y lamentados por diversos actores dentro y fuera del país. Uno de ellos fue Daniel Rodriguez Moya, poeta español y doctor en Educación, recientemente seleccionado para ser parte del jurado de los Juegos Florales de El Salvador en la sección de poesía. A través de su cuenta en X, anunció su renuncia a dicho cargo.
“Es por todo ello que me es imposible colaborar con una iniciativa de un gobierno que toma estas decisiones, que muestran una visión del mundo oscura, retrógrada y restrictiva de derechos fundamentales de colectivos como el lgtbi, feministas… La poesía nos abre los ojos ante la pluralidad del mundo y no existe cárcel de alta seguridad capaz de contener las ideas de libertad e igualdad para todas las personas”.
Hoy 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, he comunicado a los responsables de los Juegos Florales de El Salvador, organizados por su Ministerio de Cultura, mi renuncia a formar parte del jurado en su sección de Poesía que había aceptado hace unos días.🧵
— Daniel Rodríguez Moya (@danirmoya) June 28, 2024
El decreto aprobado por el congreso también suprime el capítulo VII de la Ley de Cultura, que da vida a las Casas de la Cultura, una red de espacios abiertos al público en diferentes municipios, donde se generan y promueven expresiones y prácticas artísticas-culturales, mediante procesos participativos como talleres de formación, así como espacios con salas lúdicas y bibliotecas.
Las Casas de la Cultura fueron establecidas en 1972. Algunas de estas sedes, además, albergaban documentos históricos y obras de artistas locales, suscitando preocupaciones sobre el futuro de estos bienes culturales tras el cierre, el cual representa no solo la pérdida de espacios físicos, sino también de un legado cultural invaluable para El Salvador, que ha formado generaciones de artistas y ha enriquecido la vida cultural del país durante décadas.
El internacionalista y gestor Cultural Leonardo Fuentes considera que el cierre de las casas de cultura es una pérdida significativa, especialmente para las comunidades y, sobre todo, para las infancias y juventudes. Según Fuentes, estos espacios han sido fundamentales para el desarrollo cultural local y la identidad de cada región. «Las casas de cultura eran espacios que resguardaban la diversidad cultural y estaban íntimamente relacionadas con la comunidad», afirma.
“Esto es un impacto realmente para la gente pobre, para la gente más desposeída, porque es quitarle espacios de desarrollo cultural. Las clases más acomodadas en el país no consumen cultura nacional, se van a broadway, a otras partes del mundo a ver sus obras de teatro con sus enfoques teatrales que a ellos les apasionan, consumen otro tipo de arte, pero el arte comunitario lo consume la gente más vulnerada en el país”.
Fuentes argumenta que esta reestructuración es parte de una tendencia histórica en la que los gobiernos no han visto la cultura como una prioridad. «El Ministerio de Cultura ha tenido problemas internos y estructurales desde su creación. Siempre ha contado con un presupuesto limitado en comparación con otros ministerios como Educación y Salud», explica. Esta falta de apoyo se ha traducido en una débil institucionalidad cultural que no logra trascender a planes de largo plazo.
Por su parte, el historiador Carlos Cañas Dinarte, recordó que El Salvador es suscriptor de otros tratados internacionales que priman o están por encima de las leyes nacionales, esto respecto a las reformas a la Ley Especial de Patrimonio Cultural, que ponen en riesgo, considera, infraestructuras de gran valor cultural y que se ven desprotegidas por estas decisiones.
“Hay que tener muy claro que El Salvador no es, por más que lo digan, un Estado soberano per se, sino que está vinculado con una serie de elementos jurídicos internacionales, una serie de documentos, de tratados, de acuerdos que tienen que ver con el área centroamericana, el área Iberoamericana y además con principios mundiales amparados por el Sistema de las Naciones Unidas. Entonces, muchos de esos acuerdos son los que se han violentado al tomar decisiones agresivas en contra del patrimonio cultural”.
Ministerio de Censura
La narrativa que culpa a la población LGBTIQ+, organizaciones de derechos humanos y activistas de promover agendas que no comulgan con la visión del gobierno, es algo ya sistemático. Semanas antes, la obra de teatro “Inmoral”, del Proyecto Inari, un monólogo que muestra la violencia y abusos que vive la población LGBTIQ+, fue censurada por el Ministerio de Cultura por su “contenido no apto para las familias salvadoreñas”. En su comunicado, la institución acusó al grupo teatral de “omitir información deliberadamente en su solicitud de arrendamiento” y de no describir el contenido de la obra.
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Por su parte, el Proyecto Inari, a través de un comunicado, aclaró que la obra es el remontaje de un guión presentado en el Teatro Nacional en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2022, por lo tanto, es bien conocido por el personal del Ministerio de Cultura. Aclara también que el autor ha enfatizado que su trabajo artístico no es para las primeras infancias y que el logo del ministerio fue utilizado en su artes publicitarios ya que, hasta ese día, no tuvieron inconvenientes con la institución.
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Carlos Cañas Dinarte expresa que la misión del Ministerio de Cultura no es la censura de este tipo de actividades, ya que para eso existe la Dirección de Espectáculos Públicos del Ministerio de Gobernación, encargada oficial de revisar si determinadas actividades culturales o los espectáculos públicos reúnen condiciones para ser presentadas o proyectadas.
“El Ministerio de Cultura también ha tomado una bandera que no le corresponde, al decir que va a luchar por los valores de la familia tradicional. Tampoco el ministerio tiene que ver con moralidades y mucho menos con aspectos como la religión como práctica cotidiana de los ciudadanos. En este sentido, los aspectos religiosos le tienen que importar desde el ámbito cultural, desde un punto de vista histórico, antropológico, no para censurar, no para establecer valores. No estamos en 1824, donde el artículo constitucional decía que la única religión del Estado era la Católica Apostólica y Romana, eso se superó 17 años después con la segunda constitución. No está establecido que el Ministerio de Cultura sea un ente axiológico y, sobre todo, de control de las actividades de la ciudadanía”, dijo.
El ejercicio de censura a una obra o artista es algo que ya había repetido el Gobierno de El Salvador, en la gestión de Nayib Bukele. En 2023, la escritora Michelle Recinos vio cómo su libro “Sustancia de hígado”, fue censurado en la Feria Internacional del Libro de Guatemala (FILGUA). En la edición de ese año, El Salvador era el invitado de honor, por lo que la embajada del país en Guatemala hizo la petición de excluir de la agenda oficial la presentación de su libro, que contiene diferentes cuentos con una crítica social hacia diferentes sectores, incluyendo el cuento “Barberos en huelga”, que trata del régimen de excepción.
Patrimonio cultural, entre el arte y el ripio
En abril, el Ministerio de Cultura anunció a través de X, el inicio de obras de mejoras, mantenimiento y restauración en el Palacio Nacional, como preparación del lugar para el 1 de junio, fecha en que Nayib Bukele tomó posesión de su segundo mandato presidencial, esta vez, inconstitucional debido a su cuestionada reelección.
A pesar de que la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador protege al Palacio Nacional como Monumento Nacional, el retiro de baldosas artesanales elaboradas con cemento pigmentado, las cuales fueron traídas desde Italia a inicios de 1900 y cubrían los pasillos del primer nivel del edificio, generó descontento entre la población y expertos en el tema.
El hecho de retirar estas baldosas provocó una serie de denuncias en redes sociales, donde diversos usuarios y activistas culturales acusaron al gobierno de «destrucción del patrimonio cultural». En respuesta a las críticas, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, optó por evadir las denuncias y publicó imágenes donde comparaba el trabajo actual con intervenciones pasadas en las que se utilizaron materiales menos duraderos.
«Las antiguas administraciones querían engañar al pueblo, diciendo que restauraban el palacio y ponían tablas pintadas en lugar de mármol», expresó Rodríguez.
Días después, se conoció que las baldosas fueron desechadas en la quebrada del río Las Cañas, municipio de San Salvador Este. Al conocerse la noticia, el artista plástico y anestesiólogo Francisco Zúniga, conocido como Kosmonauta, se dio a la tarea de rescatar las piezas en el río. Las muestras se expusieron en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), junto a otros artistas con quienes reflexionaron sobre la importancia del patrimonio cultural.
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El 26 de junio pasado, Socorro Jurídico denunció que Kosmonauta vivió una serie de hostigamientos por parte de miembros de la Policía Nacional Civil, que incluyó la toma de fotografías a su vivienda, persecución, llamadas con amenazas de captura y acoso en el hospital donde laboraba. Debido a esta situación, Kosmonauta tuvo que partir del territorio salvadoreño por seguridad.
Ese mismo día, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, donde indica que “Los planes de desarrollo urbanos y rurales, los de obras públicas en general y los de construcciones, restauraciones o cualquier otra intervención en bienes públicos o privados que de un modo u otro se relacionen con un bien cultural inmueble, serán sometidos por la entidad responsable de la obra a la autorización previa de la Dirección de Trámites de Construcción o de la entidad que el Órgano Ejecutivo designe para tal efecto”.
Otro artículo reformado fue el 15, que señala que se podrá cancelar la inscripción de un bien cultural registrado cuando las circunstancias que determinaron su inscripción hayan cambiado sustancialmente, lo que deberá ser calificado y justificado por el ministerio en la resolución, por medio de la cual se cancele la correspondiente inscripción.
En pocas palabras, las nuevas reformas le quitan fuerza y decisión sobre el patrimonio cultural al Ministerio de Cultura y deja a la institución solamente para emitir opinión al respecto. Estos nuevos organismos, dice el historiador Carlos Cañas Dinarte, son mecanismos para la destrucción del patrimonio cultural. Además, cuestionó que el Ministerio ahora solo emita opiniones sobre el patrimonio cultural, cuando su deber es emitir dictamen técnico. “Tiene la obligación de proteger no solamente los edificios, la cultura tiene que ver con toda la producción que los seres humanos hacemos en un tiempo determinado”.
“Entonces, las pupusas son cultura, la danza del tigre y el venado es cultura, las tradiciones de los pueblos son culturas, todo eso tiene que estar bajo protección. Pero lo que hemos visto es que se está dando pasos contradictorios, incluso veíamos que el Ministerio de Cultura ha suscrito un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores porque va a presentar la escultura a las comunidades en el exterior. ¿Cómo va a presentar cultura a las comunidades en el exterior si está destruyendo el patrimonio cultural al interior de la frontera nacional? Eso, por ejemplo, es una contradicción”, cuestionó.
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