Hora Cero
junio 16, 2025
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
2 de marzo de 2016, de noche llegaron cuatro sicarios a la casa de Berta Cáceres, en La Esperanza, Honduras. Fue ametrallada en la oscuridad junto a Gustavo Castro, testigo clave, quien fingió su muerte tras ser herido. Este hecho, que durante las investigaciones fue catalogado como un hecho aislado, fue en realidad parte de una planificación detallada y meticulosa que contaba con logística, presupuesto, complicidades entre las autoridades de seguridad y empresa privada, y cientos de acciones ilegales de seguimiento e inteligencia contra la víctima y su círculo cercano.
A 10 años del crimen, una investigación presentada por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI Honduras) reveló que esta fue una confabulación por parte de una estructura criminal a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), con el objetivo de eliminar la resistencia de Berta y el COPINH contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Esta operación criminal y cuidadosamente detallada contó con redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado.
Según el portal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), e GIEI Honduras fue creado para de fortalecer la investigación de los hechos relacionados con el asesinato de la defensora y otros delitos conexos, así como de contribuir a propuestas orientadas a la reparación integral y a las garantías de no repetición, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. El acuerdo que permitió su creación fue suscrito por el Estado de Honduras, la CIDH y la representación de la Medida Cautelar 112/16 a inicios de 2025.
Las personas expertas trabajaron de forma independiente durante once meses. En este tiempo, revisaron expedientes judiciales y administrativos, información financiera, bancaria y contable de DESA y de empresas vinculadas al proyecto, cientos de horas de interceptaciones telefónicas y datos de geolocalización entre otras acciones que llevaron a retratar la estructura que ejecutó el hecho.
Uno de los hallazgos más graves de la investigación señala al Estado hondureño como “cómplice activo”, ya que se constató que existía información concreta en manos de las autoridades “en tiempo real” que alertaba sobre la planificación del crimen. A través de llamadas y mensajes telefónicos que fueron revisados por el GIEI, se reveló que los involucrados discutían explícitamente el asesinato, se negociaban pagos, armas y logística, y se hacía referencia a decisiones adoptadas por niveles superiores.
En esas conversaciones previas se da cuenta de una vigilancia sistemática de los movimientos de Berta, miembros del COPINH y otros opositores al proyecto, la cual operaba como una red de inteligencia militar. Este seguimiento no solo buscaba información, sino también desarticular la resistencia indígena. Entre los nombres de quienes daban las órdenes de seguimiento se encuentran el presidente de DESA y ex oficial de inteligencia militar, Roberto David Castillo Mejía, quien ordenaba el seguimiento y recibía reportes directos en tiempo real de la ubicación de Berta Cáceres.
También se menciona a David Atala Midence, quien desde la gerencia financiera autorizaba los pagos para los informantes y la logística de los grupos que vigilaban la zona de Río Blanco. Sergio Rodríguez Orellana, como gerente socioambiental, era el encargado de coordinar en el terreno quiénes debían ser vigilados y de alimentar la red de informantes locales. El brazo ejecutor de la vigilancia estaba a cargo de exmilitares y personal de seguridad con entrenamiento táctico, conformado por Douglas Geovanny Bustillo, ex jefe de seguridad de DESA y quien coordinó directamente con los sicarios y grupos de vigilancia; y Mariano Díaz Chávez, mayor del Ejército activo para ese entonces quien coordinaba el reconocimiento de terreno antes del asesinato.
“A partir del análisis de cientos de horas de intervenciones telefónicas obtenidas en el marco de una investigación penal iniciada en 2015, el GIEI constató que Mariano Díaz Chávez, militar en activo y posteriormente condenado como autor material del asesinato, contaba con acceso a armas, logística y personal armado, y utilizaba redes vinculadas a estructuras de seguridad para coordinar operaciones ilícitas. Estas interceptaciones revelaron que, desde el 4 de enero de 2016, se mantenían conversaciones explícitas sobre cinco incursiones previas al asesinato de Berta Cáceres. Estas incursiones involucraron planificación, logística, seguimientos, portación de armamentos y dieron cuenta de la elaboración de un plan concebido con anticipación, a decisiones atribuidas a “los de arriba” y a negociaciones sobre pagos y logística”, revela el informe.
Esta información tuvo que bastar para que las autoridades activaran respuestas inmediatas ya establecidas en el sistema de justicia hondureño. Por ejemplo, si la Unidad de Intervención de las Comunicaciones (UIC) tiene conocimiento de una intención de cometer un crimen inminente, se conoce como “hallazgo inevitable”, y obliga a las autoridades a desplegar acciones institucionales urgentes con la finalidad de prevenir la comisión de conductas delictivas. En el caso de Berta Cáceres, esto no ocurrió.
Para el GIEI, la decisión del Estado de no adoptar “acciones tendientes a la prevención del ilícito” no fue un descuido, sino una determinación que permitió la ejecución del crimen.
Luego, durante el proceso de investigación, lo que encontraron fue una trama de sabotaje y una obstaculización deliberada desde sus primeras horas: promoción de narrativas falsas para desviar la atención, criminalización del entorno de la víctima y del testigo sobreviviente, la interceptación masiva de comunicaciones de miembros del COPINH mientras se omitía investigar a actores empresariales clave, la incorporación de pruebas falsas, conflictos de interés dentro de la investigación fiscal y la ausencia de mecanismos adecuados de protección frente a amenazas contra investigadores y fiscales.
El informe revela la responsabilidad de agentes que, a pesar de tener acceso a los teléfonos incautados desde el inicio, ocultaron por meses las pruebas que vinculaban a los directivos de DESA con la planificación del crimen. Por el contrario, el GEI documentó que se interceptaron masivamente los teléfonos de miembros del COPINH, se manipularon pruebas y se coaccionaron a testigos.
Esto se evidenció a través de relaciones de “puerta giratoria” (funcionarios que pasaron del sector público al privado) y el tráfico de influencias para garantizar la inmunidad y rentabilidad del proyecto Agua Zarca y eliminar cualquier obstáculo en este proceso.
Por ejemplo, DESA contrató personas con conocimientos estratégicos del aparato estatal para facilitar sus operaciones y neutralizar a quienes se oponen al proyecto. El agente J.C.A.N., de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) es uno de los casos más graves documentados, ya que antes de ser jefe de ATIC trabajó en 2013 como investigador privado para DESA, recolectando información de Berta Cáceres y el COPINH. Este mismo funcionario participó en la escena del crimen el 3 de marzo de 2016 y coordinó investigaciones sensibles del Ministerio Público, sin revelar sus vínculos con la empresa.
También se menciona al Subcomisionado J.R.C.T., quien fungió como enlace operativo de DESA mientras era jefe policial en Santa Bárbara. Tras dejar ese cargo, pasó a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y participó en el levantamiento de la escena del crimen de Berta Cáceres.
“Aunque el Estado logró condenar a los ejecutores directos del asesinato, y a algunos eslabones intermedios ligados a la empresa DESA, no investigó de manera exhaustiva el rol que en el crimen tuvieron los directivos de mayor nivel y los accionistas de la empresa, en especial en relación con el soporte financiero del crimen. Además, tampoco se investigó de manera exhaustiva la responsabilidad que, por acción u omisión, corresponde al Estado por la actuación de sus funcionarios públicos”.
En ese entonces, el gobierno de Honduras estaba representado por el presidente Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 en Estados Unidos por los delitos de conspirar para importar cocaína a dicho país; usar y portar armas automáticas y dispositivos destructivos para promover esa conspiración de narcotráfico; y conspirar para utilizar dichas armas. Recientemente, Hernández fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y liberado inmediatamente. El gobierno de JOH estuvo marcado por sus nexos con el narcotráfico, la corrupción y graves violaciones a Derechos Humanos, particularmente contra personas defensoras del territorio y periodistas.
La investigación del GIEI concluye que el asesinato de Berta Cáceres es un crimen con motivación económica vinculado directamente a resguardar la rentabilidad de las inversiones ligadas a la empresa DESSA. Berta Cáceres significaba un obstáculo decisivo a la eventual generación de retornos sobre las inversiones realizadas por los accionistas.
El proyecto Agua Zarca se sostuvo gracias a un préstamo de tres grandes instituciones internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BCIE), que aportó 24.4 millones de dólares); el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO), aportando 15 millones de dólares; y el Fondo de Finlandia para la Cooperación Industrial (Finnfund), que dio 5 millones de dólares para el proyecto entregados a través del FMO.
“Si bien el capital accionario de la empresa DESA se distribuyó en un 40% en manos de una sociedad offshore localizada en Panamá y atribuida a David Castillo, sociedad denominada PEMSA (Potencia y Energía Mesoamericana S.A.), el 60 restante quedó en manos de una sociedad holding de la familia Atala Zablah, la sociedad inversiones Las Jacarandas. El GIEI pudo establecer que más del 80% del dinero empleado para conformar el capital social provino de la familia Atala Zablah”, dijo Pedro Biscay, uno de los expertos del GIEI durante la presentación del informe.
El informe revela que parte de estos fondos fueron desviados para fines ilegales, en lugar de ser invertidos en el proyecto. Alrededor de 12.4 millones fueron manejados de forma irregular o desviados de su fin original: pagar informantes, mantener a militares y policías que custodiaban a la empresa, pago de abogados que defendían a personas que atacaban al COPINH y a otros opositores del proyecto.
Para pagar a la red de sicariato y vigilancia, DESA utilizaba a empleados de bajo rango (como Denis Francisco Ramón Castillo, motorista del director financiero) para cobrar cheques por montos fraccionados, convirtiendo fondos bancarizados en efectivo para evitar controles de lavado de activos. Se identificó que, justo después del crimen, se cobraron cheques en efectivo que coinciden con el pago ofrecido a los sicarios.
“Al ejecutar los pagos vinculados con estas operaciones, los bancos incurrieron en fallas graves en materia de prevención de fraudes que permitieron la circulación de capital financiero que a la postre se usó para operaciones ilícitas. Todas estas operaciones quebraron también las reglas de debida diligencia en materia de prevención de lavado de dinero. Se incumplieron reglas elementales como el conocimiento del cliente, como la identificación de los beneficiarios finales y como el requerimiento del respaldo documental previo como condición para liquidar los pagos”, enfatizó Biscay.
El experto agregó que la investigación oficial del Ministerio Público no profundizó sobre el rol de la junta de accionistas ni tampoco sobre el origen de los fondos vinculados con los aportes de capital. Además, el GIEI reconstruye una multiplicidad de pagos sospechosos o irregulares. Estos pagos fueron gestionados desde un centro único de control ubicado en la gerencia financiera del proyecto a cargo de Daniel Atal Midence, prófugo de la justicia actualmente.
Entre los gastos también se encontraron pagos a periodistas para moldear la opinión pública, criminalizar a Berta y estigmatizar al COPINH. Mientras se planificaba el ataque, ciertos medios se encargaron de criminalizar la protesta social, presentando a los defensores de la tierra como enemigos del progreso, facilitando así el entorno de tolerancia social necesario para el crimen.
“DESA pagó a periodistas y medios para distorsionar la narrativa pública, incluyendo A.A., de Hondudiario, pagos documentados superiores a 33,000.00 lempiras, además de entregas en efectivo, A.D.M (HCH) transferencias y pagos reiterados por montos que oscilan entre 1,000.00 y 5,000,00 lempiras coordinados en momentos críticos, incluidos asesinatos de miembros del COPINH y protestas”, dice el informe.
Finalmente, el GIEI recomienda la revocación definitiva del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca; la demarcación, delimitación, titulación y saneamiento del territorio ancestral Lenca de Río Blanco; la disolución y liquidación de DESA; la depuración y apertura de los archivos de inteligencia que a la fecha han sido negados; y la implementación de un plan de reparación integral, con medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.
Además, recomendaron continuar y profundizar las investigaciones penales para que alcancen a todas las formas de coparticipación, incluidas aquellas ejercidas desde espacios de toma de decisiones empresariales, financieras y estatales, que incluya las responsabilidades de funcionarios que por acción u omisión facilitaron o toleraron el crimen.
“Mientras que esas condiciones no cambien, las violaciones no han terminado. Y sin una reparación real, no hay garantía de que esto no vuelva a pasar. Nosotros entregamos un informe de más de 530 páginas. Nuestro anhelo es que celebremos la vida que fue tan extraordinaria y el legado de una mujer excepcional”, concluyó la experta Roxanna Althoz.
