Navas explica que hasta el 27 de marzo del 2023, han identificado 30 casos en los que la causa de muerte reportada es edema. 26 casos de edema pulmonar, 3 casos de edema cerebral, y 1 caso de edema generalizado, a pesar de que en varios casos hay evidencias de violencia sobre el cadáver. Asimismo, se reportan 4 casos en los que la causa de muerte corresponde a infarto, y en 2 de estos casos se conoció que no se proporcionó el medicamento requerido.

Además, identificaron 17 casos en los que el Estado incumplió su deber de proporcionar atención médica adecuada o no suministró el medicamento necesario a los privados de libertad. Sin embargo, Delgado aseguró que la causa de las muertes “se trató de enfermedades preexistentes, otras eran enfermedades en la cuales se prestó el debido auxilio en el momento oportuno por las autoridades penitenciarias y desgraciadamente existió el fallecimiento de esa persona por causas naturales”.

La familia Galeas asegura que William contaba con buena salud cuando fue detenido.  El día que murió llegó convulsionando al centro de salud que lo atendió. “Considero que hubo una cierta negligencia de parte de la unidad de salud, porque estuvo casi 12 horas y no se logró estabilizar de lo mal que él había llegado y posteriormente lo dan como fallecido”, dice Juan Carlos.

A William se lo llevaron detenido junto a su madre Flor Marina González Martínez, de 55 años; y su hermana Judith Esmeralda Galeas, de 33, alegando que solo les harían preguntas. Los tres trabajaban en los negocios de comida de la familia, entre ellos una pizzería y una tortillería. Una vez capturados, Juan Carlos se enteró que su familia aparecía en una publicación de Twitter de una llamada “Comandante Fantasma” que los señalaba como pandilleros. “Los catalogan de pandilleros a mi madre y a mis otros dos hermanos, aparecen en los medios en cuestión de minutos y de ahí ya no pude saber nada de ellos, ya no pude acceder a ninguna información, todas las puertas institucionales del gobierno se me bloquearon”.

La cuenta “Comandante Fantasma” desapareció días después de las denuncias de la captura injustificada de la familia Galeas. Este es  el patrón que su hermano comparte con el resto de víctimas, según Juan Carlos, pues Cristosal ha señalado que la mayoría son arbitrarias y no cumplen con las garantías del debido proceso judicial. Mencionan diversas irregularidades, como la ausencia de órdenes de captura, detenciones ilegales, allanamientos ilegales, detenciones basadas en denuncias anónimas y estigmatización por tatuajes. También se destacan la falta de información a las familias sobre el lugar de reclusión e incomunicación familiar.

Mientras tanto, a través de su cuenta de Twitter, el investigador senior para las Américas de Humans Rights Watch, Juan Pappier, exigió al Estado salvadoreño a investigar esta muerte de William y la liberación de su madre y su hermana. 

“El 12/5 falleció William Alexander Galeas González quien había sido detenido durante el régimen de excepción. Era repartidor de pizzas. Su madre y su hermana continúan detenidas. Pedimos que sean liberadas y que se investigue debidamente la muerte de Alexander”, escribió.  

Tras el escándalo por la muerte de William, ambas mujeres fueron liberadas bajo medidas sustitutivas. Deben ir a firmar a un juzgado una vez por mes. La última estadística conocida sobre detenidos asciende a 68 mil personas. El Gobierno señala que el 7% de los capturados han sido puestos en libertad tras no comprobarse ningún cargo en su contra.

Las condiciones a las que son sometidas las personas privadas de libertad por el régimen de excepción, según Cristosal, son consideradas tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sufren de hacinamiento extremo, falta de alimentación, asistencia médica, servicios de salud y medicamentos. Además, se informa sobre prácticas de tortura, golpizas, castigos, encierro permanente sin acceso a la luz solar y falta de acceso a agua potable, servicios sanitarios y limpieza de las celdas, entre otros abusos. Esto se trata de una política gubernamental de castigo y terror para las personas detenidas bajo el régimen de excepción, lo cual afecta a toda la población salvadoreña.

“El Estado salvadoreño será juzgado, también nosotros creemos que es importante que el fiscal de la Corte Penal Internacional revise el caso de El Salvador y promueva una acción porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Y esto, obviamente, va a traer consecuencias”, insiste Navas. 

Mientras tanto, el fiscal Delgado si bien reconoce las muertes diciendo que “son cosas que tampoco estamos pretendiendo ocultar”, no se ha pronunciado por casos de tortura o maltrato. 

En su informe, Cristosal señala que no obstante de los resultados es altamente probable que el número de muertes en cárceles sea mucho mayor, ya que se ha verificado la inhumación en fosas comunes, es decir, no se avisa a la familia de la muerte y se entierra como persona desconocida, pese a que estaba privada de libertad.

Navas asegura que del total de muertes ni el 3% de las personas ha presentado denuncias; son muy pocas. Incluso, muchas personas tienen temor a ir a recoger los cuerpos y dudan de este tema y en otros casos no tienen los recursos para hacerlo. Además, son amenazados cuando la gente pide que les den las autopsias, les dicen: ¨Mire, deje de andar preguntando porque usted puede ser el siguiente detenido”.

Este 13 de junio la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la prórroga 15 del régimen de excepción. No hubo discusión previa. Al ser consultado por la prensa respecto a ese proceso, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, respondió sonriendo entre flashes y micrófonos en un pasillo contiguo al salón azul: “Con dispensa de trámite, como siempre”, declaró.