A menos de cuatro meses de las elecciones generales en Honduras, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad una ley que otorga al Consejo Nacional Electoral (CNE) mayor flexibilidad para cumplir tareas clave, como la adjudicación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), con plazo hasta el 30 de agosto.
La ley también incluye la actualización del censo electoral y la división político-geográfica para garantizar un proceso técnicamente viable. En ese sentido, a través de una comparecencia de prensa, las consejeras Cossette López-Osorio y Ana Paola Hall, junto al consejero Marlon Ochoa, pidieron a los partidos políticos y medios de comunicación no deslegitimar las decisiones, las cuales consideran producto de un diálogo institucional luego de superar semanas de crisis política interna.
En un contexto de alta presión política y social, estas medidas buscan asegurar elecciones limpias, libres y confiables, con un llamado a la vigilancia activa de la ciudadanía para evitar dudas y conflictos posteriores.
Pero, ¿qué es el TREP y cuál su importancia en un proceso electoral que está siendo muy cuestionado?
El Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) es una herramienta tecnológica utilizada por el CNE para agilizar la divulgación de los resultados preliminares durante las elecciones. “Es importante destacar que el TREP no constituye la totalidad del sistema electoral, sino que se trata de un componente técnico enfocado en la transmisión de datos”, como señala Eduardo Fuentes, codirector del CNE.
Según Fuentes, desde hace más de dos décadas, el país ha utilizado mecanismos para transmitir datos preliminares. Con el tiempo, estos han evolucionado, pasando del uso manual a procesos digitales, donde las Juntas Receptoras de Votos (JRV) transmiten información directamente al centro de cómputo del CNE. “Aunque los datos que ofrece el TREP no son definitivos, su función es clave para generar confianza y transparencia en el proceso electoral”, explica el funcionario.
Para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, el TREP operará bajo un nuevo esquema, aprobado por unanimidad por los tres consejeros del CNE. Una vez cerrada la jornada electoral, las JRV escanearán las actas con los resultados y las enviarán digitalmente. El sistema procesará todas las actas, incluidas aquellas con errores, aunque solo se contabilizarán las que no presenten inconsistencias.
Además, se verificará el 100 % de las actas al día siguiente de las elecciones, con la presencia de observadores políticos e internacionales, aseguró Eduardo Fuentes.
El cambio más relevante es la eliminación de la intervención humana en las etapas preliminares del proceso. Esta modificación tiene como objetivo proteger el sistema contra posibles manipulaciones y asegurar la trazabilidad de cada corrección. Las modificaciones en las actas solo podrán realizarse mediante resolución unánime del pleno del CNE, y cada cambio quedará documentado, incluyendo datos como el usuario, la hora, el centro de votación y los valores modificados.
Estas reformas surgen como respuesta a la crisis institucional que mantuvo paralizado al CNE durante varias semanas. Aunque algunos ven en su aprobación un acuerdo político que podría conllevar a más reparto de poder entre los tres principales partidos políticos, Libre, Nacional y liberal, los consejeros han afirmado que se trata de un esfuerzo por recuperar la confianza ciudadana en el proceso electoral.
Con la implementación del nuevo sistema, el CNE también ajustó el calendario para el proceso de licitación. Las ofertas técnicas para operar el TREP deberán presentarse el próximo 14 de agosto de 2025 a las 10:00 a.m. en las instalaciones del CNE en Tegucigalpa.
Asimismo, el Congreso Nacional aprobó una prórroga que extiende el plazo de adjudicación hasta el 30 de agosto de 2025, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y permitir que las empresas se adapten a los nuevos requisitos técnicos.
Este ajuste en las fechas se debió a incidentes ocurridos el pasado 7 de julio, cuando colectivos del partido Libre impidieron la entrega de las ofertas para la licitación. El proceso, que debía culminar el 29 de julio, se vio interrumpido. Actualmente, se estima que al menos cinco empresas están interesadas en participar, según Fuentes.
Si bien el TREP es fundamental para informar a la ciudadanía de forma rápida, no tiene validez legal para declarar resultados oficiales. En elecciones anteriores, el sistema ha logrado transmitir más del 60 % de las actas, aunque este porcentaje depende en gran medida de factores como la conectividad y la cobertura en todo el territorio nacional.
Según datos proporcionados por las autoridades electorales, existen al menos 1,728 centros de votación a nivel nacional con problemas tanto de energía como de conectividad, lo que podría dificultar la rapidez y confiabilidad del conteo. En otras palabras, en el 43% de los centros de votación el TREP no podría ser tan efectivo.
Smartmatic International Holding es una empresa de tecnología electoral fundada en Estados Unidos en el año 2000 por empresarios venezolanos. Según su página web, ha prestado servicios en áreas de tecnología y ciberseguridad electoral a diversos países, entre ellos México, Brasil, Honduras, Argentina, El Salvador, Chile, Ecuador, Bolivia, Haití, Estados Unidos y Filipinas.
Actualmente, la compañía enfrenta acusaciones por corrupción ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, directivos de Smartmatic están implicados en presuntos delitos de soborno y lavado de dinero, relacionados con contratos para las elecciones presidenciales de Filipinas en 2016.
Entre los señalados se encuentran Roger Alejandro Piñate Martínez, cofundador de la empresa, ciudadano venezolano y residente en Boca Ratón, Florida, y Jorge Miguel Vásquez, ciudadano estadounidense de 62 años, residente en Davie, Florida.
La acusación sostiene que entre 2015 y 2018 ambos habrían pagado al menos un millón de dólares en sobornos a Juan Andrés Donato Bautista, entonces presidente de la Comisión de Elecciones de Filipinas (COMELEC), con el fin de asegurar contratos para Smartmatic.
Además, la Fiscalía estadounidense también acusa a Smartmatic de haber sobornado a Tibisay Lucena, expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, mediante la entrega de una casa en Caracas en 2019. Esta supuesta acción tenía como objetivo recuperar contratos con el gobierno venezolano, luego de que la empresa denunciara irregularidades en los comicios de 2017 y cesara sus operaciones en el país en marzo de 2018.
Según el Departamento de Justicia, fue el propio Roger Piñate quien habría entregado la vivienda, una casa de clase media alta con piscina, como parte del soborno.
Ante estas acusaciones, Francisco Campos, representante de Smartmatic en Honduras, negó categóricamente los señalamientos. En declaraciones a medios de comunicación, afirmó que las imputaciones están “llenas de tergiversaciones” y forman parte de una campaña de descrédito. Aseguró que la empresa ha actuado siempre con ética, apego a la ley y transparencia, y reiteró que Smartmatic dejó de operar en Venezuela en 2017 tras denunciar manipulación en los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente.
En Honduras, Smartmatic ha participado activamente en procesos electorales. En 2021, fue la empresa encargada de implementar el sistema biométrico en las elecciones generales. El contrato, por un valor de 220,946,590 lempiras (aproximadamente 9 millones de dólares), incluyó instalación, soporte técnico y capacitación, y representó cerca del 11 % del presupuesto electoral asignado a las elecciones primarias e internas, que superó los 2,061 millones de lempiras.
Posteriormente, en noviembre de 2024, Smartmatic fue la única empresa adjudicada para la implementación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en las elecciones internas programadas para el 9 de marzo de 2025.
Durante la reciente crisis del Consejo Nacional Electoral (CNE), las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López informaron que Smartmatic fue la única empresa que logró presentar una oferta para la licitación del sistema biométrico que se utilizaría en las elecciones generales de noviembre. En ese momento, otras empresas no pudieron participar porque colectivos del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) impidieron el ingreso de interesados que deseaban presentar sus propuestas para la licitación del sistema TREP.
Con el nuevo consenso en el CNE y la ampliación del cronograma electoral para la adjudicación del TREP, se espera que ahora otras empresas estén interesadas en ofrecer este servicio, considerado esencial para garantizar la transparencia electoral.
Aunque la ciudadanía sigue teniendo desconfianza en las elecciones, tal como lo muestra el reciente sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-SJ, donde el 62.5% de la población considera que las recientes elecciones primarias del 09 de marzo, debilitaron la democracia, mientras que el 80% desconfía de los partidos políticos y el 79.9% del Congreso Nacional, la intención de votar se mantiene alta, aunque no representa un respaldo irrestricto.
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