Empresa minera pone el ojo en El Salvador, el único país que ha prohibido la minería metálica

Maldito País

agosto 5, 2024

Distintas organizaciones exigieron un acuerdo entre Guatemala, Honduras y El Salvador para evitar daños por proyectos mineros. Recientemente, Guatemala revocó la actualización de la licencia a la empresa Elevar Resources, administradora del proyecto minero Cerro Blanco, en dicho país.

Una investigación periodística reveló la presencia de la empresa minera Titán Resources, de origen estadounidense, en territorio salvadoreño. De la misma forma en la que otras empresas mineras han buscado operar en El Salvador, llegaron al distrito de San Isidro, en el departamento de Cabañas, con proyectos de “responsabilidad social”. Esta información elevó las alarmas de las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y comunidades que por más de 20 años han luchado contra el extractivismo en Centroamérica.

Titán Resources tiene sucursales en Perú y Honduras. Sus personeros, de origen peruano, han llegado a San Isidro desde 2021, identificándose como “inversionistas” de otras entidades, con ofertas y promesas de desarrollo para el territorio: construcción de escuelas, apoyo para agricultores, compra de uniformes para equipos de fútbol, entre otros. También han comprado una gran cantidad de terrenos con potencial minero, justo donde se ubicaba la antigua mina El Dorado, que fue propiedad de Pacific Rim / Oceana Gold, la minera canadiense que buscó operar en El Salvador sin éxito. 

Estas acciones, recuerdan las y los pobladores, son similares a las que ejecutó Pacific Rim para ganar la simpatía y el apoyo de la población local, mientras continuaban los procesos de conseguir los permisos ambientales y de operación para la explotación de oro y plata en la zona. Esta minera demandó al Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), al negarle el permiso de explotación. Pacific Rim perdió la demanda y tuvo que retirarse del país.

El paso de Pacific Rim por El Salvador, dejó como saldo el asesinato de 4 ambientalistas destacados que lideraban la lucha contra la minería metálica: Marcelo Rivera, Dora Alicia Sorto, Ramiro Rivera Gómez y Juan Francisco Durán. 

En el caso de Titán Resources, la investigación relata que su filial en Honduras fue fundada por Blane William Wilson, el 29 de junio de 2015, año en que también fue inscrita como concesionaria de minas en los municipios de Concepción de María y El Corpus, departamento de Choluteca. En ellos, promovieron los beneficios de la minería para la población y otros proyectos, de nuevo, de “responsabilidad social”, como la construcción de centros de salud, escuelas y parques. Sin embargo, la empresa incumplió uno de los contratos que había firmado con los propietarios de los terrenos y dio un paso atrás en su pretensión de extraer oro y plata. 

Recientemente, la Mesa Frente a la Minería presentó una investigación donde revela que la empresa estadounidense Thorium Energy Alliance, busca instalar plantas nucleares en El Salvador para producir energía a base de Torio, un metal radiactivo presente en la naturaleza que se encuentra en el suelo, las rocas y el agua, que se forma por la desintegración radiactiva del uranio. La investigación afirma que la producción de este tipo de energía presenta graves amenazas de contaminación radioactiva; sin embargo, no pudo verificar si el Torio a utilizar será explotado del subsuelo salvadoreño o importado de otros países.

En este contexto, las organizaciones recordaron que el 11 de enero del año 2023, cinco líderes comunitarios y defensores ambientales de la comunidad de Santa Marta y de la Asociación para el Desarrollo Económico Social (ADES) fueron detenidos por un supuesto crimen que ocurrió hace 33 años, en el contexto de la guerra civil, y que actualmente se encuentran en detención preventiva, esperando una nueva audiencia de vista pública para el mes de octubre. Ellos y ellas consideran que la acusación contra los cinco líderes ambientalistas tiene intenciones de “sembrar miedo en la población afectada por la posible introducción de la minería, y, para desmovilizar a líderes que fueron clave en la lucha por la prohibición minera”.

“Nosotros siempre hemos dicho que la captura de nuestros compañeros ambientalistas, tiene esta intención del gobierno que quiere revertir la prohibición de la minería metálica en El Salvador, y forma parte también de un plan más amplio que este gobierno tiene a la base el extractivismo. Como todos saben el gobierno tiene planes de desarrollo por el megaturismo, planes de desarrollo de energía nuclear, y hasta ha presentado planes de extracción de petróleo y no está alejado entonces, que la minería sea parte de este plan de inversión”, dijo Pedro Cabezas, representante de ACAFREMIN.

En 2021, El Salvador se incorporó como miembro número 77 del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, un organismo de origen canadiense que promueve la minería en sus países miembros. Además, aprobó la Ley de Creación de la Dirección de Energía, Minas e Hidrocarburos, que tiene como objetivo autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en actividades de minería, sin distinguir entre la minería metálica y la no metálica.

La investigación periodística también reveló que oenegés, instituciones y universidades recibieron invitaciones para reunirse en privado con expertos de este foro Intergubernamental, con la intención de crear un documento base “para la redacción de una nueva ley de minería no metálica”, según decía la invitación enviada por el Ministerio de Economía. Sin embargo, dichas reuniones fueron canceladas. 

“Queremos alertar al pueblo salvadoreño. Estamos ante una amenaza real de revertir la Ley de Prohibición de la Minería Metálica”, señaló Vidalina Morales, directiva y lideresa comunitaria de ADES-Santa Marta en Cabañas, refiriéndose a las acciones del Estado salvadoreño que pone de manifiesto sus intenciones de revertir o modificar dicha ley. 

Vidalina Morales recordó el costo de la lucha social que por más de 12 años desarrollaron contra Pacific Rim/Oceana Gold, y que, por esta razón, la Asamblea Legislativa terminó aprobando la prohibición total de la minería, a finales de marzo de 2017. 

De hecho, la lideresa enfatizó que la llegada de este tipo de empresas, sólo termina con “división social y amenazas”, entre los habitantes en la zona, generando aumento en los problemas estructurales del país, como la pobreza extrema y la falta de acceso a derechos como la educación, salud y cultura. Esto, reiteró, sólo aumenta las violaciones a los derechos humanos, luego procede la criminalización, los encarcelamientos y hasta asesinatos.

“Ante esa realidad que enfrentamos actualmente, creo que lo más importante es que nos organicemos, nos articulemos  y sigamos resistiendo ante esa amenaza. Sabemos que podemos vivir sin oro, pero no sin agua”, reafirmó Morales.

Exigen acuerdo regional para impedir minería transfronteriza

Las organizaciones también exigieron un acuerdo entre Guatemala, Honduras y El Salvador para evitar daños por proyectos mineros. Recientemente, Guatemala revocó la actualización de la licencia a la empresa Elevar Resources, administradora del proyecto minero Cerro Blanco, en dicho país. 

En ese momento, la ministra de Medio Ambiente de Guatemala, Patricia Orantes, indicó que, tras revisar los dictámenes ambientales y jurídicos, se determinó que la empresa debe solicitar una nueva licencia para la explotación. Esto se debe a que Elevar Resources modificó el método de explotación, pasando de minería subterránea a cielo abierto. Esta decisión se dio 6 meses después de que el gobierno saliente de Alejandro Giammattei había aprobado dicha licencia. 

Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), expresó que los mecanismos para impedir el desarrollo de la minería metálica en el país y sus impactos en los ecosistemas y en la salud de la población tienen que tomar en cuenta los proyectos transfronterizos. El Salvador está rodeado por más de 50 proyectos que se encuentran en Guatemala y Honduras. 

“Hoy por hoy, el Gobierno de Guatemala ha tenido una postura adecuada de cara al proyecto Cerro Blanco, que lo ha detenido momentáneamente, le ha mandatado que vuelva a hacer el estudio de impacto ambiental. Es una actitud que saludamos en el Gobierno de Guatemala y esperamos que el Gobierno de El Salvador se reúna con el gobierno de Guatemala para evitar daños por proyectos mineros transfronterizos, y de igual manera con Honduras”.

A través de un comunicado, la empresa Elevar Resources informó que el jueves 20 de junio, presentó una solicitud de revocatoria a la suspensión de la Actualización del Plan de Gestión Ambiental (APGA 2024). “La decisión de dejar sin efecto la resolución de que aprobó el APGA 2024, viola los principios del debido proceso, poniendo en riesgo la certeza jurídica de una inversión que supera los $350 millones, y sienta un mal precedente a nivel internacional en un momento en el que se busca atraer más inversión extranjera directa por parte del gobierno actual”, expresaron.

En respuesta, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala, reafirmó que la empresa debe realizar una nueva solicitud, ya que su licencia no se encuentra vigente. 

“La incursión de esta industria significa la destrucción ambiental, la contaminación de los bienes también del suelo y la situación de criminalización a los defensores ambientales. Estamos seguros de que la intervención de todos estos otros actores transnacionales e internacionales, agravaría esta situación”, señaló Jessica González, del Movimiento Ecofeminista de El Salvador.

Por ello, piden que los tres países acuerden acciones para evitar los impactos en los ecosistemas y, sobre todo, en el agua, ya que la mina Cerro Blanco pone en peligro al río Lempa, el principal afluente en El Salvador que abastece a más de 3 millones de personas. 

“En relación a la minería transfronteriza, por el grave impacto que supone la mina Cerro Blanco, el Estado salvadoreño debería estar encaminando sus esfuerzos para establecer relaciones diplomáticas con Guatemala y Honduras, hacia un acuerdo regional que proteja las cuencas compartidas. Guatemala debe cerrar esta mina por la amenaza de contaminación a nuestra fuente principal de agua, en lugar de estar encaminada a la búsqueda de más amenazas ambientales”, concluyó.