Hora Cero
junio 16, 2025
Cuatro años han pasado desde la implementación del régimen de excepción en El Salvador, en marzo de 2022. Muchos se preguntan: si ya eliminaron a las pandillas y el país se ha convertido “en uno de los más seguros del mundo”, ¿por qué siguen suspendidas las garantías constitucionales? Una respuesta salta a la vista: porque este mecanismo no solo sirve para encarcelar pandilleros. También funciona para encarcelar opositores políticos, sembrar el terror en la población y, como se ha visto con el Plan Cero Ocio, posibilita un marco favorable para disponer de una importante fuente de mano de obra forzada. Sobre esto último se habla poco.
Según propaganda de casa presidencial, el Plan Cero Ocio “busca promover la disciplina laboral en la población reclusa y aportar a las diferentes comunidades con su trabajo, como una forma de resarcir los daños causados a la sociedad”. No obstante, investigaciones periodísticas han documentado que los reos también han sido utilizados para trabajos privados: una amiga de la madre del Director de Centros Penales, Osiris Luna —denunciado por violaciones sistemáticas de derechos humanos, corrupción familiar y vínculos con estructuras criminales—, construyó su rancho en la playa con esa mano de obra. Y es altamente probable que existan otros casos que no han salido a la luz.
Bajo la promesa de que sus sentencias serán reducidas, los presos trabajan en la construcción de hospitales, escuelas y carreteras. Algunos han muerto trabajando como se vio en la construcción del nuevo Hospital Rosales y en el viaducto de la carretera a Los Chorros. Lamentablemente, por la falta de transparencia y reserva de información pública, no hay manera de verificar que el gobierno haya indemnizado a sus familias, ni tampoco de comprobar que a los demás les hayan reducido sus sentencias.
Un porcentaje desconocido de las 100,000 personas encarceladas bajo el régimen de excepción hoy laboran sin salario y sin derechos en la actual “revitalización” del centro histórico de San Salvador. Esto es un negocio redondo, porque el régimen de excepción se financia con fondos públicos. Así se posibilita la criminalización y expulsión efectiva de la pobreza y la informalidad de los lugares donde Bukele, su familia y sus empresarios amigos desean invertir. El régimen opera también como herramienta de acumulación de capital. Sobre las bases del despojo, ellos montan nuevos negocios, compran inmuebles o revalorizan los que ya tenían. Y rematan con la mano de obra esclava que repara las calles y demás obras que acrecientan la plusvalía de sus bienes. A quienes se niegan a ser desplazados se les ofrece régimen de excepción: cárcel. Los mismos desplazados luego pueden acabar trabajando en esas mismas obras.
De acuerdo con abogados penalistas, el trabajo de los privados de libertad viola el artículo 9 y 27 de la constitución de El Salvador y podría constituir trabajo forzoso. Pero el gobierno de Bukele y su servil asamblea legislativa modificaron la constitución a su antojo. Ejemplo de ello es la reelección que lo convirtió en un presidente de facto y la reciente aprobación de la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas, la cual no tuvo ninguna discusión. El trabajo de los reos ha disparado también otras alarmas. Recientemente, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos inició una investigación a 60 de sus socios comerciales, en donde figura El Salvador, para determinar si esos países recurren a trabajo forzoso.
Ciertamente, las personas encarceladas se ven restringidas de ciertos derechos fundamentales, como el de la libertad ambulatoria. No obstante, siguen siendo titulares del resto de sus derechos, entre ellos el derecho al trabajo digno. Los presos que el gobierno explota sin remuneración tienen familias, hijos, esposas, madres, padres, abuelos que afuera tienen que comer y recaudar dinero para las canastas mensuales de sus familiares. Un jefe de familia encarcelado bajo el régimen de excepción deja de proveer. Lo justo sería que el gobierno les remunere, aunque sea mínimamente, por el trabajo que realizan. No son bestias de carga, son seres humanos. Muchos, víctimas de la detención arbitraria, sin acceso a defensa, ni derecho a la presunción de inocencia, ni el debido proceso.
Según la Dirección General de Centros Penales —dirigida por Osiris Luna, también denunciado por uso ilegal de reos trabajadores— las ganancias generadas por los productos que los presos elaboran en la cárcel se orientan a la autosostenibilidad de los penales. Pero salvo el CECOT, que sirve para la propaganda carcelaria en el exterior, el sistema penitenciario salvadoreño sigue en condiciones infrahumanas: hacinamiento, insalubridad, gente muriendo de enfermedades curables, presos desaparecidos, algunos sin ver a sus familias en años y a la espera de condena, presos políticos en aumento.
A esto se le suman los sobornos en especie a los familiares de las personas detenidas a cambio de información o de visitas que la Dirección de Centros Penales realiza, o el cobro por visitas no reguladas en la Ley Penitenciaria, documentadas por organizaciones como Cristosal. Además de la red corrupta entre abogados y autoridades penitenciarias que facilitan la movilización de recursos ilícitos provenientes de las familias de las personas detenidas (extorsión), a cambio de acceso a información o visitas, documentadas también por El Faro.
El valor que genera la explotación de esta fuerza de trabajo no la perciben los reos, sino otros que, instalados en los lugares privilegiados del aparato represor de la crueldad y el encarcelamiento masivo creados por Bukele, han encontrado posibilidades de negocios. Esto en un momento en el que el milagro económico prometido para un segundo mandato inconstitucional no se avizora por ningún lado de las políticas autoritarias del bukelato. El supuesto progreso y la imagen del “país más seguro del mundo” descansa sobre el encarcelamiento masivo y la suspensión de derechos básicos. También en la revitalización de la institución de la esclavitud.
