Hora Cero
junio 16, 2025
La incertidumbre en torno al proceso electoral en Honduras se agrava a medida que se acerca la fecha de las elecciones generales, programadas para el próximo 30 de noviembre. La reciente crisis interna en el Consejo Nacional Electoral (CNE), marcada por divisiones políticas, falta de consenso y la renuncia “condicionada” de una de sus consejeras, ha despertado preocupación tanto en la ciudadanía como entre actores políticos.
Uno de los aspectos más preocupantes es que, a tan solo cuatro meses de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que debería ser garante de estabilidad institucional y de un calendario electoral claro que genere confianza en la ciudadanía hondureña, se presenta como todo lo contrario: una institución poco confiable. Esta desconfianza no es nueva; tiene antecedentes claros, como lo ocurrido el pasado 9 de marzo, cuando se registraron múltiples irregularidades, entre ellas la entrega tardía, de hasta más de 12 horas, del material electoral en algunos centros de votación de la capital hondureña.
A la crisis provocada por la falta de consensos, arrastrada desde las elecciones internas donde los partidos políticos eligen a sus candidatos, se sumó la renuncia “condicionada” de la consejera Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal. Este hecho dejó una serie de interrogantes aún sin respuesta: ¿Cuáles fueron las verdaderas razones detrás de su renuncia? ¿Fue objeto de presiones por parte de actores que operan en las sombras? ¿Estamos frente a una crisis inducida con fines poco transparentes?
Aunque la renuncia condicionada no está contemplada en la ley hondureña, en el pasado se han registrado casos similares como resultado de acuerdos políticos entre las cúpulas partidarias. Como dice el dicho popular, “en Honduras todo puede pasar”.
El 21 de julio, Salvador Nasralla, candidato presidencial por el Partido Liberal, confirmó la renuncia condicionada de Ana Paola Hall como representante de su partido en el CNE. La renuncia iba a ser efectiva una vez se designará a su reemplazo, que sería Jhosy Toscano, diputado actual y aspirante a la reelección por Francisco Morazán, aunque estaría inhabilitado.
Nasralla afirmó que el verdadero problema del CNE no es Hall, sino “la inactividad del consejero de Libre, Marlon Ochoa”, a quien responsabilizó de obstaculizar el funcionamiento del organismo.
El 25 de julio, Hall formalizó su renuncia ante el Congreso Nacional. «Hoy presento mi renuncia al cargo de consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral condicionada a que, en el mismo acto de aceptación de la misma, sea electo el sustituto o sustituta liberal que sea propuesto en mi lugar», subraya la carta de renuncia presentada por Hall, representante ante el CNE por el Partido Liberal de Honduras.
En su carta, denunció amenazas de muerte y reafirmó su defensa de la autonomía institucional, rechazando las presiones políticas. Entre otras cosas, señaló que ha sido víctima de «ataques sin precedentes», lo mismo que su familia, y que ante esa situación «no me dejan otro camino que facilitar su deseo, que es además exigencia de la autoridad partidaria y de la jefatura de bancada (del Partido Liberal), interponiendo formalmente mi renuncia, no sin antes agradecer las muestras de solidaridad que he recibido de centenares de amigos correligionarios».
Para que la renuncia fuera efectiva, tenía que ser aprobada con 89 votos en el Congreso Nacional. Sin embargo, sin consultar al pleno de diputados y diputadas, el presidente del Congreso, Luis Redondo, decidió no dar trámite a la renuncia condicionada de la consejera electoral, Ana Paola Hall. Argumentó que la renuncia “violenta la Constitución y la Ley Electoral”, al tiempo que consideró que la carta de la consejera Hall constituye una denuncia y ordenó enviar el documento al Ministerio Público para su investigación.
En comparecencia ante medios de comunicación, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, denunció una supuesta conspiración contra las elecciones generales del 30 de noviembre y anunció la intervención del CNE por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Zelaya denunció que el CNE responde a intereses de grupos y no del país, y hay nuevos actores involucrados en la presunta trama, vinculados también al polémico proceso electoral de 2017. La ATIC ingresó al CNE para investigar denuncias por conspiración, extorsión y otros delitos, y los tres consejeros fueron citados para rendir cuentas, lo que desató una ola de protestas a las afueras del edificio donde opera el ente electoral.
Por su parte, la consejera presidenta del CNE, Cossette López, denunció una “conspiración” para “debilitar y desmantelar” al organismo electoral, minutos después de que el fiscal general del país, Johel Zelaya, anunciara la intervención inmediata de esta institución. “Denuncio públicamente la conspiración y el accionar sistemático para debilitar y desmantelar al Consejo Nacional Electoral”, expresó López en un mensaje en sus redes sociales.
El TREP es una herramienta tecnológica que permite la transmisión y divulgación en tiempo real de los resultados preliminares desde las mesas electorales hasta el centro de cómputo del CNE. Aunque no tiene valor legal definitivo, pues el escrutinio oficial se basa en las actas físicas, su papel es fundamental para asegurar la credibilidad del proceso y evitar vacíos de información durante las primeras horas tras el cierre de urnas.
Sin embargo, el avance del sistema se vio bruscamente interrumpido. El pasado 7 de julio, simpatizantes del partido de gobierno Libertad y Refundación (Libre), bloquearon los accesos al CNE, impidiendo que las empresas participantes presentaran sus ofertas técnicas para el desarrollo del TREP. El incidente ocurrió el mismo día en que vencía el plazo legal para adjudicar el contrato, lo que dejó el proceso en suspenso y generó una fuerte parálisis institucional.
En ese entonces la consejera Ana Paola Hall, advirtió que esta interrupción no solo afecta al TREP, sino que también pone en riesgo la implementación de otros componentes fundamentales del proceso electoral, como la identificación biométrica, la conectividad y la auditoría de resultados. “El TREP no define legalmente al ganador, pero su ausencia debilita la confianza pública y la percepción de transparencia”, señaló Hall.
Por su parte, el consejero Ochoa ha justificado su desacuerdo con el modelo aprobado por mayoría en el pleno del CNE, al que califica de “vulnerable y manipulable”. Su ausencia de las sesiones decisivas ha sido duramente cuestionada por diversos sectores, que interpretan su postura como un intento deliberado de obstaculizar el proceso electoral desde adentro.
Organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), han lanzado una alerta: sin un acuerdo mínimo para poner en marcha el TREP, Honduras se arriesga a celebrar elecciones generales “sin legitimidad ni garantías de transparencia”.
La ley electoral hondureña establece que la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) debe realizarse al menos cuatro meses antes de las elecciones, es decir, antes del 29 de julio. Con ese plazo ya vencido y sin consensos a la vista, el panorama electoral se vuelve cada vez más incierto de cara a los comicios del 30 de noviembre.
De no contar con el TREP en estas elecciones generales, los resultados se conocerán a través de encuestas a boca de urna, usualmente divulgadas por medios de comunicación corporativos que, en procesos anteriores, han llegado incluso a imponer tendencias, afectando la percepción pública sobre los resultados reales.
La crisis del CNE ha traspasado los límites institucionales y ha desembocado en un preocupante aumento de la violencia política. En las últimas semanas, simpatizantes de diferentes partidos han protagonizado protestas frente al edificio del Consejo, reclamando transparencia en la toma de decisiones y exigiendo respeto a los acuerdos partidarios.
El pasado miércoles 30 de julio, en las afueras del Congreso Nacional, un grupo de simpatizantes del Partido Liberal fue reprimido por la fuerza de seguridad del Hemiciclo Legislativo. Según declaraciones a medios de comunicación, el diputado Jorge Cálix expresó que, la manifestación era pacífica y tenía como objetivo exigir que se respete el calendario electoral dentro del Congreso Nacional. Sin embargo, denunció que fueron enfrentados con bombas lacrimógenas y toletes, situación que calificó como una muestra clara del autoritarismo que, según él, se ha instalado en el país.
Por su parte, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla en su red social X denunció lo que calificó como una “agresión cobarde” del oficialismo contra simpatizantes liberales. “Hoy mancharon de sangre la bandera del Partido Liberal, y con ella, mancharon también la democracia”, posteó.
Este hecho dejó varias personas heridas, las cuales también fueron reconocidas en un comunicado oficial del Congreso Nacional horas más tarde del hecho. “Como resultado de estos actos vandálicos y premeditados, también se reportaron agresiones físicas contra otras personas, lo cual representa un ataque inaceptable contra el orden democrático y la convivencia pacífica”, indica el comunicado, además de condenar de manera categórica los actos violentos. Asimismo, el Congreso detalló que 28 diputados liberales participaron en la manifestación, que calificaron como “violenta, premeditada y deliberada”. “Condenamos que nuevamente varios miembros de la bancada del Partido Liberal recurran reiteradamente a la violencia, la provocación y la manipulación mediática como métodos de presión”, reza el comunicado.
Esta respuesta violenta ha encendido nuevas alarmas entre organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, que advierten sobre una peligrosa escalada de conflictividad electoral. En lugar de propiciar espacios de diálogo, el uso excesivo de la fuerza solo refuerza la percepción de un proceso controlado por intereses partidarios, incapaz de responder a las exigencias democráticas de la ciudadanía. La represión no solo pone en riesgo la integridad de las personas manifestantes, sino que debilita aún más la legitimidad del proceso electoral.
En ese sentido, la Misión de Observación Electoral de la OEA, presente en Honduras desde el 28 de julio de 2025, expresó en un comunicado oficial: “La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)… expresa su profunda preocupación por las presiones externas que amenazan la autonomía de las autoridades electorales en Honduras y llamó a garantizar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda ejercer sus funciones con plena independencia y libertad”. Estas palabras cobran relevancia en un contexto donde la combinación de protestas reprimidas, decisiones controvertidas del CNE, y la intervención política en sus órganos reaviva la percepción de que el proceso del 30 de noviembre podría no cumplir con estándares mínimos de transparencia.
El exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, expresa que, “Históricamente, los procesos electorales en Honduras han sido conflictivos, pero esta vez enfrentamos una situación más compleja por la inasistencia de consejeros a las sesiones del pleno, lo que obstaculiza el cumplimiento del cronograma electoral”, explicó Aguilar.
Además, señaló que el problema no se limita al CNE, sino que tiene raíces más profundas: la ley electoral y la dinámica interna de los partidos políticos. Según él, la legislación vigente otorga a los dueños de los partidos un poder excesivo, convirtiéndolos en “pequeños reyes” que definen arbitrariamente qué corrientes internas pueden participar en las elecciones primarias. Esta concentración de poder se replica en las elecciones generales y en otras instancias del sistema político.
A nivel legislativo, esos mismos líderes controlan las bancadas y negocian acuerdos en el Congreso Nacional. Incluso influyen en instituciones como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, vinculados a procesos de elección indirectos. Es decir, los dueños de los partidos no solo son actores visibles en la contienda, sino árbitros informales del sistema democrático.
Según Aguilar, la legitimidad del CNE comenzó a deteriorarse cuando algunos de sus miembros incumplieron sus funciones y cedieron a presiones externas. “Las negociaciones opacas y la presión política han debilitado al organismo”. Sin embargo, considera que aún es posible recuperar la confianza, siempre que se apliquen rigurosamente la ley y se reforme el sistema de elección de funcionarios electorales, eliminando la influencia directa de los partidos políticos.
“En otros países latinoamericanos, los miembros de los órganos electorales no son nombrados por partidos. Se integran mediante concursos, voluntariados o mecanismos independientes. En Honduras, seguimos atados a un modelo que favorece el control político sobre lo técnico”, señaló.
Pese a este panorama complejo, Aguilar hace un llamado a la ciudadanía a participar masivamente en las elecciones, ya que una alta participación reduce el margen para fraudes y manipulaciones. “Cuando hay abstencionismo, se facilita la alteración de resultados. La participación fortalece el proceso y le da legitimidad. La gente no debe dejarse vencer por el desánimo”, concluyó.
Las elecciones generales de Honduras se celebrarán el 30 de noviembre de 2025. En juego están la Presidencia, el Congreso Nacional, corporaciones municipales y el Parlamento Centroamericano. La actual crisis del CNE, sumada a la baja credibilidad en las instituciones gubernamentales, genera preocupación nacional e internacional sobre la transparencia y legitimidad del proceso.
