Hora Cero
junio 16, 2025
En Guatemala la democracia no solo se sostiene por medio de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino también por otras instituciones que son claves para el resguardo democrático e institucional, las cuales actualmente se encuentran cooptadas por personas que sirven a actores corruptos y del crimen organizado en ese país. En 2023 estos grupos intentaron dar un golpe de Estado al tratar de invalidar las elecciones generales que le dieron la presidencia a Bernardo Arévalo con el partido Semilla. El actor principal en ese golpe antidemocrático fue el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, quien se encuentra sancionada por el Departamento de Estados Unidos y por la Unión Europea.
Sin embargo, en 2026 se abre una ventana para renovar la dirigencia tanto del MP como del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Rector de la Universidad de San Carlos (USAC) y el Contralor General de la Nación. Instituciones que se encuentran debilitadas debido a que sus autoridades han sido cómplices o no han tenido la voluntad política para defender la democracia en Guatemala y han emprendido una persecución política a través de la criminalización y la instrumentalización ilegal del sistema judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha contabilizado 117 personas que son perseguidas políticas por parte del Ministerio Público en Guatemala.
Debido a esta serie de elecciones, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo emitió un mensaje en cadena nacional en el cual invita a las y los guatemaltecos a estar atenta para garantizar la transparencia. “Empieza un momento decisivo para Guatemala… Este momento histórico nos ofrece una oportunidad única para frenar la amenaza (de la cooptación del Estado)”. El mandatario guatemalteco reiteró que la elección de las nuevas autoridades de estas instituciones afecta a toda la población y que demanda una participación activa de esta.
En ese sentido y para entender mejor este parteaguas es necesario comprender el rol del particular sistema de elección de las autoridades de estas instituciones que tiene Guatemala, el cual surgió para garantizar la independencia en el proceso de elección y abrió la puerta a una participación más activa de la academia. Pero con el paso del tiempo las organizaciones corruptas político-partidarias y empresariales encontraron una forma de colarse. Este sistema se denomina: Comisiones de Postulación.
El 19 de noviembre el Congreso de la República de Guatemala convocó a la conformación de la Comisión de Postulación del TSE, un órgano que elegirá a los candidatos a ser la máxima autoridad electoral en el país centroamericano. Este ente se encuentra integrado por los decanos de derecho de las universidades (públicas y privadas), los rectores e integrantes del Colegio de Abogados y Notarios de la USAC. Este mismo sistema se repite con la Comisión que elegirá a los o las candidatos a jefe del Ministerio Público, sólo que aquí se agrega un representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En cuanto al Contralor General de la Nación, es parecido, solo que los decanos representantes de las universidades y el cuerpo colegiado pertenecen a las áreas de Economía, Contaduría o Auditoría.
Las Comisiones no tienen la palabra final en estas elecciones, ya que su trabajo se limita a seleccionar a los que deberían ser los mejores perfiles para esos cargos y a enviar una lista de candidatos, los cuales serán electos por el Congreso o el Presidente de la República, dependiendo de la institución.
Las otras instituciones como las o los magistrados de la CC, cada una de ellas y ellos son electos por los tres poderes del Estado, el Colegio de Abogados y la USAC. En cuanto al rector de la única universidad pública en Guatemala, es electo por un proceso electoral interno de esa casa de estudios superiores. Esta descripción solo es la parte técnica, en la práctica todo se torna más político.
Juan Pablo Muñoz de la Alianza por las Reformas, una organización de sociedad civil enfocada en el sistema de justicia, explica este proceso como “elecciones de segundo grado” y que la importancia no sólo radica en las nuevas autoridades, sino que también sucede en un año preelectoral, ya que solo seis meses después de cambios en estas instituciones, los y las guatemaltecas se enfrentarán a decidir sobre su nuevo presidente, alcaldes y diputados.
“Para Guatemala estas elecciones implican un impacto político enorme, porque como queden conformados podrá avanzar, retroceder o estancarse el tema democrático”, explica Carmen Aída Ibarra Morán, directora de Movimiento Pro Justicia, una organización que ha seguido de cerca estos procesos desde su creación en 2009, cuando se creó la Ley de Comisiones de Postulación en Guatemala.
Es debido a esto que la parte técnica se diluye en el estira y encoge de las negociaciones paralelas que surgen a raíz de este proceso. El principal impedimento actualmente se encuentra en el Ministerio Público, ya que Consuelo Porras y sus fiscales pueden incrementar la criminalización en contra de personas que se oponen a que ella siga al frente del MP.
“El hecho de que sean procesos políticos complejiza a todos y hay numerosas fuerzas políticas negociando: desde las legítimas y las legales. Por ejemplo: el Congreso de Guatemala se encuentra muy fragmentado y para elegir a los 10 magistrados del TSE se necesitan 108 votos de 160, o sea, una mayoría absoluta que en estos momentos es muy complicado obtenerla, entonces los diputados deben negociar”, dice Carmen Aída Ibarra sobre cómo se desenvolverá los procesos a lo largo de los primeros meses de 2026 en Guatemala.
Las organizaciones observadoras de este proceso señalan que, si bien aún no ha ocurrido ninguna persecución judicial ilegal emprendida por las actuales personas que controlan el Ministerio Público, no descartan que esto pueda ocurrir, precisamente en contra de los comisionados y candidatos que se opongan a sus intereses.
Juan Pablo Muñoz explica que las organizaciones de la sociedad civil de Guatemala se encuentran muy activas para registrar, documentar y hacer lo más transparente posible, a pesar de la persecución que Consuelo Porras ha emprendido en contra de los pueblos indígenas organizados. Asimismo comentó que el proceso también estará observado por misiones especiales de organizaciones internacionales, tales como la Organización de Estados Americanos, el Buró Americano de Abogados, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras.
Mientras estos procesos de selección se realizan en Guatemala, otros países centroamericanos lucharán por conservar la democracia, como es el caso de Honduras que iniciará el 2026 con un nuevo gobierno y Costa Rica que elegirá un nuevo presidente y otras autoridades de elección popular.
