Guatemala se enfrenta a sí misma

Maldito País

enero 30, 2023

Los ojos de la región deben ver hacia Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral rechazó con sorpresiva velocidad la inscripción del binomio presidencial integrado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP).  El motivo es la supuesta invalidez del finiquito que presentó Rodas.  Según el TSE, no puede aceptar su inscripción al existir “cargos jurídicos y una denuncia” en contra del candidato. Sin embargo, hay dos anomalías en este argumento: Rodas no ha sido notificado de denuncias ni cargos en su contra y, al hacer la verificación en línea, el finiquito sigue vigente. ¿De dónde obtuvo la información el TSE si no fue por las vías oficiales? ¿Cómo sustentar legalmente el rechazo de la candidatura cuando la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público (MP) no respaldan en sus sistemas lo que el TSE argumenta y las fechas de presentación de la documentación son válidas?

Las amenazas a la participación de Rodas no son nuevas.  La más reciente vino de su sucesor en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Alejandro Córdova anunció, unas semanas después de la presentación del binomio presidencial del MLP, que había interpuesto una denuncia en contra de Rodas por supuestas anomalías al gestionar su indemnización en agosto. Se suma así, a la estrategia de criminalización que el gobierno de Alejandro Giammattei y el MP de Consuelo Porras ejecutan desde el 2019 en contra de fiscales, jueces, magistradas, periodistas, activistas y abogados que respaldaron la lucha anticorrupción de los últimos años.  También en el 2019, Porras, la nueva fiscal general en ese entonces, bloqueaba con velocidad inédita y sin sustento la participación electoral de Thelma Aldana como candidata presidencial del Movimiento Semilla –a quien las encuestas colocaban como favorita– a la vez que retrasaba deliberadamente la solicitud de orden de captura contra Sandra Torres –ex primera dama y figura controversial de la política guatemalteca– hasta que pudiera inscribirse como candidata por la UNE y así obtener inmunidad ante las investigaciones de la CICIG por el financiamiento electoral ilícito de su campaña por la presidencia.  

A pesar de esta manipulación directa de las elecciones generales, la población acudió a las urnas para elegir a Giammattei, candidato eterno, imputado en el 2010 por su involucramiento en ejecuciones extrajudiciales cuando dirigía el Sistema Penitenciario de Guatemala. Un presidente controversial y megalómano, que goza con su pareja Miguel Martínez –a golpe de represión, negociaciones bajo la mesa, dinero de la corrupción y el crimen organizado– de suficiente poder y control institucional para tutelar el resultado de las elecciones del 2023 y bloquear cualquier posibilidad de participación de quienes, como el MLP, representan un riesgo a la continuidad del régimen.

 El MLP surge del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), movimiento que nace en 1992 de agrupaciones campesinas e indígenas, y que se ha tenido que enfrentar –especialmente en los últimos años– a los gobiernos de turno, junto con sus aliados empresariales y militares que buscan dibujarles como el gran enemigo del país. No sorprende el pánico del consenso dominante a CODECA y al MLP, ya que el binomio integrado por Thelma Cabrera y Neftalí López se constituía en las elecciones del 2019 como la cuarta fuerza política más votada bajo la bandera de la urgencia de una Asamblea Constituyente Popular que de vida a un Estado Plurinacional.  Una propuesta concreta que se enmarca en la necesidad de refundar el Estado de Guatemala y que, como apunta Marco Fonseca, rompe con el consenso dominante para articular y construir poder constituyente desde las mayorías sociales.  Esto resonó con el hartazgo de poblaciones urbanas a la posible continuidad de las redes del gobierno de Jimmy Morales, por lo que la propuesta del MLP adquirió también sentido para algunos sectores en las ciudades del país.

El régimen que ahora encabeza Giammattei –pero que responde al pacto gestado durante el gobierno de Jimmy Morales entre las redes de militares, empresarios, políticos, imputados en los casos de la CICIG, magistrados, narcotraficantes y fiscales– ha dejado claro en estos tres años que no está dispuesto a que las cosas se hagan conforme a la ley y voluntad de las mayorías si eso implica perder control absoluto de las instituciones públicas y el sistema de justicia. No lo hicieron el año pasado en la designación orquestada a la fuerza de un segundo mandato de Consuelo Porras como fiscal general,  ni en la imposición fraudulenta del rector de la USAC. Tampoco lo hicieron en la elección del Procurador de Derechos Humanos ni en la designación de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad en el 2020.

La resolución del TSE respecto a la candidatura del MLP, así como otras decisiones recientes, y las denuncias contra algunos de sus magistrados como Blanca Alfaro y Ranulfo Rojas, han activado las alarmas de sociedad civil y la comunidad internacional y constituyen más evidencia de la manera en que el régimen hará lo que sea necesario por asegurar un resultado favorable en las elecciones.  Entre los partidos políticos de cartón y los nombres de siempre, los focos están sobre la coalición entre Zury Ríos y Álvaro Arzú, herederos de dos de las familias más polémicas de la política guatemalteca. Por un lado, se trata de la hija del dictador y genocida Efraín Ríos Montt, que a pesar de tener prohibición constitucional para participar como candidata, el TSE la inscribió hace unos días sin titubear.  Esto contrasta con las elecciones del 2019 y 2015 en las que el TSE y la CC de ese entonces reafirmaron la prohibición constitucional1 en contra de Ríos. Y, por otro lado, se trata del hijo del expresidente y alcalde de la Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen, señalado de estar involucrado en el asesinato de Monseñor Gerardi en 1998, y quien poco antes de morir en 2018 estaba siendo investigado por la CICIG por utilizar la municipalidad para financiar su partido y sus campañas electorales.

Ríos y Arzú representan, por tanto, la continuidad y consolidación del régimen, la epítome de la captura del Estado y del control del sistema de justicia en Guatemala, así como el retorno al poder de las redes más peligrosas y recalcitrantes de la política del país de los últimos cuarenta años.  La coalición VALOR-Unionista es también una cloaca de gente embarrada de corrupción, clientelismo y destrucción institucional, que viene de la tradición familiar de enriquecimiento ilícito, el discurso conservador de falsa soberanía y el absoluto irrespeto por la ley cuando no les conviene.  Por lo mismo, no sorprende el control descarado que están ejerciendo en el proceso electoral a través de un aparente pacto con Giammattei y sus operadores en las cinco instituciones clave: el TSE, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia.

A esto se enfrentan los pocos partidos de verdadera oposición al oficialismo como el MLP, Winaq, Semilla y URNG.  A esto nos enfrentamos como guatemaltecos y guatemaltecas,  porque si fuese por la voluntad de las mayorías, el oficialismo no tendría posibilidad alguna de mantenerse en el poder. Y es, justo por eso, que recurren a tácticas cada vez más públicas y agresivas para asegurar que partidos como el MLP no puedan participar libremente y en iguales condiciones.  La decisión de dejar fuera al binomio de Thelma Cabrera y Jordán Rodas muestra las costuras de las entrañas del monstruo. Monstruo del que la población también somos parte y seguimos alimentando con complacencia, desidia y silencio.  Guatemala se enfrenta a sí misma en este momento crítico de la historia y nos exige denunciar lo que está sucediendo, estemos donde estemos, ante una burda simulación de alternancia del poder y el hundimiento definitivo en las aguas del autoritarismo.

Notas

[1] El artículo 186 de la Constitución regula las prohibiciones para optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República: no pueden ser candidatos presidenciales a) el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno… c) los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia y los de las personas que se refiere al inciso primero de este artículo