Hora Cero
junio 16, 2025
A pocos meses de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre, crecen las preocupaciones sobre el impacto que el Estado de Excepción puede tener en la transparencia del proceso electoral. Mientras tanto, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro defiende la medida como una herramienta eficaz en la lucha contra el crimen organizado.
Desde la entrada en vigor del Estado de Excepción en Honduras, en diciembre de 2022, se han registrado más de 1,000 denuncias por violaciones a derechos humanos, según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH). Aunque reconocen que la cifra podría ser mayor, porque hay casos y situaciones que las familias no han querido denunciar, especialmente en la zona norte del país. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha emitido una advertencia sobre los riesgos que esta situación representa para los derechos fundamentales principalmente en un año electoral.
Uno de los puntos más criticados es la prolongación del Estado de Excepción sin aprobación del Congreso Nacional, como lo establece el decreto original. Según Karen Valladares, directora del Instituto Nacional de Migración (HN), la medida ha sido prorrogada 23 veces, lo que genera serias dudas sobre su legalidad y efectividad. Aunque fue presentada como una respuesta urgente a la violencia y la extorsión, su extensión ha provocado más restricciones de derechos que resultados concretos en materia de seguridad.
Valladares considera que, a pesar de las medidas, la violencia persiste, y la confianza de la ciudadanía en las instituciones sigue deteriorándose. “Honduras ha perdido más derechos de los que ha ganado en seguridad. La falta de transparencia y la utilización política del Estado de Excepción podrían comprometer la legitimidad del proceso electoral”, advirtió.
En la misma línea, el abogado Luis Maldonado Galeas cree que, si bien las fuerzas de seguridad tienen la responsabilidad constitucional de garantizar el orden, también existe el riesgo de que se utilice el Estado de Excepción para restringir la movilidad de votantes, bajo justificaciones que no corresponden. «La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben concentrarse en su misión constitucional de proteger el libre ejercicio del sufragio», enfatizó.
Diversos sectores han manifestado su preocupación por la restricción de libertades esenciales como la libre circulación, el derecho a reunión y la participación ciudadana, especialmente durante el ciclo electoral. Karen Valladares recordó a Hora Cero que estas restricciones impactan directamente en el derecho al voto y la libertad de asociación, pilares fundamentales de la democracia.
Desde diciembre de 2022, cuando comenzó a aplicarse el Estado de Excepción, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ha recibido más de 1,000 denuncias, incluyendo allanamientos sin orden judicial y uso excesivo de la fuerza. Luis Martínez, asesor jurídico del CONADEH, explicó que han documentado al menos seis quejas formales relacionadas con la suspensión de garantías, entre ellas, violaciones a la libertad personal, tratos crueles, tortura y detenciones arbitrarias.
Un informe sobre la situación de Derechos Humanos, presentado en marzo de 2024 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), reporta que durante el año 2023 se registraron al menos siete casos de desapariciones forzadas, cinco ejecuciones extrajudiciales, cuatro actos de tortura y un caso de violencia sexual. Asimismo, se documentaron denuncias por detenciones ilegales, abusos durante allanamientos sin orden judicial y la implantación de pruebas, particularmente en los departamentos de Cortés, Yoro y Francisco Morazán.
Actualmente, casi el 70% del país se encuentra bajo Estado de Excepción, con 226 de los 298 municipios afectados. Esta situación ha dejado de ser una medida extraordinaria para convertirse en una condición habitual, lo cual genera serias interrogantes en un país con instituciones debilitadas. La normalización del Estado de Excepción agrava aún más la situación de inseguridad y amenaza el desarrollo de un proceso electoral libre y justo.
Por su parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aún no ha resuelto los recursos presentados en contra del Estado de Excepción. El magistrado coordinador de la Sala, Fernando Padilla, explicó que el proceso lleva tiempo y que actualmente están tratando de reducir la mora judicial con casos pendientes desde 2023. Sin embargo, aseguró que también se ocuparán de los recursos relacionados con aspectos políticos.
Fernando Padilla reconoce que existe una deuda pendiente en cuanto a la resolución de los recursos legales relacionados con el Estado de Excepción. Sin embargo, sostuvo que corresponde a las entidades de seguridad definir las estrategias para combatir la violencia en el país.
Ante esta situación, Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, destaca la necesidad de que la Sala Constitucional actúe con celeridad. «Debe garantizarse el acceso a una justicia pronta y efectiva. Es fundamental que las resoluciones sobre amparos e inconstitucionalidades se ajusten a derecho y no a intereses políticos», concluyó.
Desde el Golpe de Estado en 2009, la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para transportistas y comerciantes en Honduras. A lo largo de los años, este delito ha evolucionado y se ha arraigado en gran parte del territorio nacional, afectando de manera directa la economía y la seguridad del sector transporte.
Con la implementación del Estado de Excepción a partir de diciembre de 2022, inspirado en el modelo del presidente Nayib Bukele en El Salvador, el cual también ha sido duramente criticado por organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Socorro Jurídico Humanitario, se esperaba una reducción significativa de los crímenes. En una primera etapa, se observó una disminución notable en los cobros extorsivos en municipios como Tegucigalpa y San Pedro Sula, como resultado del aumento de operativos y detenciones.
Algunas asociaciones de transportistas reportaron que las pandillas se replegaron momentáneamente debido a la presión ejercida por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, esa mejora fue temporal. A medida que los operativos se redujeron, la extorsión volvió a intensificarse.
Actualmente, transportistas denuncian que siguen siendo obligados a pagar “impuestos de guerra” a hasta tres estructuras criminales distintas, las cuales han cambiado sus métodos, volviéndose más discretas o recurriendo a intermediarios para cobrar.
La percepción de seguridad entre conductores y dueños de unidades es baja. Afirman que no hay presencia policial constante en las rutas, no existe un sistema de denuncia anónima eficaz, y aunque se capturan a autores materiales, las estructuras criminales siguen operando impunemente. En algunos casos, incluso reportan que el monto exigido por extorsión es más alto que antes, debido al temor de represalias.
Recientemente, el dirigente del rubro transporte, Wilmer Cálix, expresó públicamente su descontento por la ineficacia del Estado de Excepción, señalando que la violencia contra el gremio no ha disminuido y que las autoridades no han dado una respuesta efectiva.
“En lo que va del año se han registrado 28 asesinatos de transportistas a nivel nacional, y se estima que el sector ha pagado alrededor de 250 millones de lempiras en concepto de extorsión”, afirmó Cálix durante una entrevista con medios capitalinos. Según Cálix, los ataques continúan afectando la integridad y el sustento de miles de trabajadores del transporte en el país, generando una sensación de abandono por parte del Estado.
A más de dos años y medio de la implementación del Estado de Excepción en Honduras, los resultados siguen siendo limitados, según el Conadeh. Lo que fue concebido como una medida temporal y extraordinaria, se ha convertido en una política de seguridad permanente, que restringe garantías constitucionales y canaliza recursos considerables al sector seguridad, sin ofrecer soluciones sostenibles. Además, se estaría convirtiendo en una amenaza al proceso electoral que se aproxima en el país centroamericano.
La legalidad de su continuidad también sigue siendo fuertemente cuestionada, ya que no se ha respetado el procedimiento establecido por la ley para su prórroga, lo cual genera preocupación sobre el debilitamiento del Estado de derecho.
