Asunción Martínez, jóven activista ecofeminista, agrega a estas preocupaciones la gestión de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), institución que nació con la Ley de Recursos Hídricos, aprobada en 2022. Para Martínez, dicha ley no responde a garantizar el derecho humano al agua, sino a intereses económicos. Prueba de ello son los Lineamientos de Transparencia en el Canon por Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico, emitidos en julio por la ASA y cuyo artículo 8 indica que el distribuidor de agua “no podrá realizar cobros por el valor del metro cúbico de agua a mayores costos de lo que él pague en dicho concepto a la ASA”. Organizaciones han alertado sobre la desigualdad que genera esta medida para las juntas de agua comunitarias.

“Sabemos que muchas juntas de agua sólo logran recaudar para el mantenimiento y dar una relativa calidad de agua,   -relativa- porque en El Salvador no hay calidad de agua. Esto es preocupante porque las comunidades ya no pueden seguir gestionando, ya no pueden seguir disponiendo de este bien, sino que se ven obligadas a adherirse a lo que la ASA diga o si la ASA considera que no cumplen los requisitos dejan de existir”, afirmó.

Además, lamenta que muchos permisos medioambientales se dan a empresas privadas sin mayor consulta con la población, como se dio con la planta de tratamiento de aguas negras en El Mozote, departamento de Morazán, lugar donde ocurrió una de las peores masacres de la guerra civil y donde, según denunciaron organizaciones, podría haber osamentas de niños y niñas masacrados. Una decisión que se ha realizado al margen de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exige al Estado medidas de reparación en el sitio. 

La población, dice Martínez, está atemorizada de expresar lo que piensa en procesos participativos, debido a medidas como el régimen de excepción. “La gente se ve amenazada y prefiere no participar y dejar que sus derechos se queden. Estos mecanismos, en este momento específicamente, están quedando sin efectos y aunque como sociedad civil, como sociedad organizada estés exigiendo, el Estado está haciendo caso omiso y es preocupante y alarmante porque entonces estamos ante estas nuevas ‘dictaduras vestidas de democracia’ y que pueden hacer cualquier cosa de la noche a la mañana. Entonces, no nos sorprendamos el día de mañana si amanecemos con una ley que privatiza totalmente el agua o con una derogación de la Ley antiminera en El Salvador”.

El primer trimestre del 2024 El Salvador elegirá a sus representantes ante la Asamblea Legislativa, municipalidades y presidencia de la República, donde el presidente Nayib Bukele optará por la reelección, quien ha ejercido una política de beneficios y facilidades hacia el sector privado respecto a permisos ambientales y explotación de recursos. Asunción afirma que ya no es viable seguir apostando al desarrollo a través del extractivismo en un país vulnerable. Además, hace un llamado a la solidaridad en la región Centroamericana donde, a pesar de su diversidad, existen problemáticas comunes.