Hora Cero
junio 16, 2025
El Congreso Nacional de Honduras, controlado por el bipartidismo (Partido Nacional y Partido Liberal), abrió un nuevo frente de controversia política e institucional tras la admisión y ejecución de juicios políticos contra funcionarios electos durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro Sarmiento (2022-2026).
El primer proceso fue dirigido contra el abogado Johel Zelaya, quien se desempeñaba como fiscal general de la República. En su lugar fue nombrado Pablo Emilio Reyes Theodore, identificado como afín a sectores del oficialismo y cercano al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Sobre este caso, el abogado y doctor en derechos humanos Joaquín Mejía señaló que el Congreso Nacional habría vulnerado el artículo 15 de la Constitución, que establece el cumplimiento obligatorio de sentencias internacionales como el caso “Gutiérrez Navas”, lo que, según advirtió, podría abrir la puerta a una nueva demanda y eventual condena internacional.
Mejía agregó que el nombramiento de Reyes Theodore respondería a negociaciones entre grupos de poder que influyen en la institucionalidad del país. “Frente a estas acciones, es necesario desmontar los pactos de impunidad y romper el ciclo mediante el cual las élites políticas colocan a sus allegados en instituciones clave del Estado. Sin embargo, Honduras difícilmente podrá hacerlo sin el acompañamiento de un órgano internacional independiente”, expresó en entrevista con Radio Progreso en Honduras.
En un segundo episodio, el Congreso Nacional admitió, con 91 votos del bipartidismo, una nueva denuncia de juicio político contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), decisión que incluyó la suspensión inmediata de los señalados y profundizó la polarización política en el país.
Entre los funcionarios involucrados figuran el consejero Marlon Ochoa y el magistrado Mario Morazán. Mientras sectores oficialistas sostienen que el proceso responde a la necesidad de sancionar conductas que habrían afectado la institucionalidad democrática, desde la oposición se advierte que se trata de una estrategia orientada a consolidar el control político sobre los órganos electorales.
Durante el proceso electoral de 2025, el consejero Marlon Ochoa denunció presuntas irregularidades y fraude electoral, señalamientos que, según afirmó, fueron respaldados por grabaciones de audio. Sin embargo, estas denuncias hoy forman parte de las acusaciones en su contra.
Tras la admisión del proceso, el Congreso Nacional ordenó la suspensión inmediata de los funcionarios involucrados, prohibiéndoles el ingreso a las instalaciones del CNE y del TJE mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.
Las autoridades legislativas aseguraron que el proceso se llevará a cabo respetando las garantías constitucionales, el debido proceso y lo establecido en la ley especial de juicios políticos. Asimismo, indicaron que los implicados podrán presentar pruebas de descargo antes de que el pleno emita una resolución definitiva.
Por su parte, el consejero Marlon Ochoa se dirigió al pueblo hondureño a través de un video para rechazar el proceso en su contra, asegurando que no se trata de un juicio político, sino de una represalia por haber denunciado presuntas irregularidades.
“Hoy quiero hablarle al pueblo hondureño. Lo que están haciendo en mi contra no es un juicio político, es un castigo por haber dicho la verdad”, expresó.
Ochoa afirmó que cumplió con su deber al denunciar un supuesto fraude electoral, señalando irregularidades como la violación del código fuente del sistema Transmisión de Resultados Electores Preliminares TREP, la manipulación de dispositivos biométricos y la existencia de audios que, según él, evidencian una conspiración para alterar los resultados electorales.
Sostuvo que la persecución en su contra no responde a la comisión de un delito, sino a su decisión de señalar a los responsables. “Me persiguen porque decidí ponerme del lado de la verdad”, manifestó.
Asimismo, calificó el proceso como una operación política orientada a reinstalar un sistema de corrupción y lo que denominó un “narcoestado”, advirtiendo que se trata de una ofensiva contra la democracia hondureña y un mensaje para quienes denuncian a los grupos de poder.
Según Ochoa, las acciones en su contra forman parte de una secuencia de hechos que inició con la supuesta alteración de la voluntad popular, seguida de presiones sobre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, y que ahora se extiende al órgano electoral. Afirmó que buscan destituirlo para abrir paso a una eventual persecución penal.
“Podrán matarme, como lo han planificado, pero no podrán enterrar la verdad”, declaró, insistiendo en que existen pruebas que respaldan sus denuncias.
Finalmente, aseguró que continuará denunciando lo que considera actos de corrupción y defendiendo la voluntad popular. “No me vendo, no me quiebro y no voy a abandonar esta lucha”, concluyó.
Por su parte, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, compareció a la audiencia tras presentar un recurso de amparo preventivo ante la Corte Suprema de Justicia. Durante su intervención, arremetió contra la Comisión Especial del Congreso Nacional, calificando el proceso como una acción partidaria sin sustento legal.
Morazán aseguró que las acusaciones en su contra no se sostienen en los hechos y que han sido desvirtuadas mediante la documentación presentada durante la audiencia. En ese contexto, denunció una supuesta colusión entre representantes del diputado Jorge Cálix y la presidencia del tribunal, lo que, según afirmó, habría provocado un manejo atípico del caso en comparación con otros procesos similares.
Indicó que, conforme a los documentos presentados, la situación que originó la controversia en el Tribunal de Justicia Electoral se derivó de un caso de inscripción prohibida por ley. A su juicio, esto generó un tratamiento irregular del expediente, distinto al aplicado en otros casos. Asimismo, sostuvo que la narrativa en su contra ha quedado desvirtuada y que no existe fundamento jurídico para sustentar un juicio político.
“Esto es un juicio politizado, no un verdadero juicio político, porque no existen causales. Mis actuaciones fueron absolutamente conformes a derecho”, expresó.
En relación con los recursos de amparo preventivo presentados por las autoridades electorales, la presidenta de la Comisión Especial, Tania Pinto, defendió la legalidad del procedimiento. Explicó que, mientras no exista un auto de admisión con suspensión del acto reclamado, la comisión está obligada a continuar con el proceso.
Pinto detalló que los magistrados Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, junto con otros funcionarios, presentaron solicitudes de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, aclaró que, en ausencia de una resolución que suspenda el proceso, las audiencias deben continuar su curso.
Al cierre de las audiencias, a las que no asistieron los magistrados suplentes del Tribunal de Justicia Electoral ni el consejero Marlon Ochoa, la comisión anunció que continuará el proceso con la comparecencia de testigos y la evacuación de pruebas documentales.
El diputado Ronald Pachamé, jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), denunció que el juicio político está siendo utilizado como un instrumento para someter a su partido e imponer una forma de autoritarismo. A su juicio, la medida responde a una estrategia orientada a tomar control de las instituciones del Estado, incluidos los órganos electorales.
En esa misma línea, la diputada de Libre, Luz Angélica Smith, denunció que estas acciones forman parte de una alianza bipartidista orientada a concentrar el poder y desplazar a su partido de cargos estratégicos.
Según afirmó, procesos como la destitución del exfiscal general Johel Zelaya se habrían realizado de manera expedita, lo que —a su juicio— vulnera los principios constitucionales y el debido proceso.
Smith advirtió que lo ocurrido en el Congreso Nacional representa un golpe a la institucionalidad y a la independencia de los poderes del Estado, y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante ante lo que considera una deriva hacia prácticas autoritarias. Señaló además que la concentración del poder puede derivar en escenarios de impunidad y debilitamiento democrático.
En contraste, el diputado Jorge Cálix, jefe de bancada del Partido Liberal y promotor de la denuncia, defendió la medida al señalar que busca separar de sus cargos a funcionarios que, según afirmó, atentaron contra la democracia. Además, sostuvo que existe una mayoría calificada en el Congreso que respalda la decisión, al considerar que los señalados incurrieron en acciones que afectaron el desarrollo del proceso electoral.
El jurista y analista hondureño Joaquín Mejía cuestionó duramente la audiencia de juicio político realizada en el Congreso Nacional contra el ex fiscal general, Johel Zelaya, al considerar que el proceso responde a intereses políticos y no a garantías de debido proceso ni a un fortalecimiento institucional.
En entrevista a Radio Progreso en Honduras, Mejía afirmó que lo ocurrido durante la comparecencia del fiscal evidencia, a su criterio, que la decisión ya estaría previamente definida.
“Lo que siento es pena ajena, porque parece que la decisión ya está tomada. Esto no es un proceso con garantías del debido proceso, ni tiene que ver con fortalecer el Ministerio Público, sino con revanchas políticas”, expresó.
El analista sostuvo que el proceso estaría orientado a reconfigurar el control de instituciones clave del Estado, incluyendo el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, a través del reemplazo de funcionarios por figuras afines a lo que denominó un “co-gobierno liberal nacionalista”.
Asimismo, señaló que el Congreso Nacional tendría los votos suficientes para adecuar el juicio político a estándares internacionales, pero que no existiría voluntad política para hacerlo.
“¿Por qué no lo hacen? Porque su interés no es la legalidad ni el respeto a la institucionalidad”, afirmó, recordando reformas previas como la intervención legislativa en la Corte Suprema mediante el Decreto 282-2010 donde se le quitó facultades administrativas a la presidencia de la Corte.
Mejía también cuestionó la actuación de la comisión legislativa encargada del proceso, integrada por varios diputados, al considerar que la audiencia se desarrolló sin rigor técnico ni garantías mínimas.
“Muchos de los que estaban en esa comisión son abogados, pero parece que no se prepararon o son incompetentes, o actúan desde la impunidad del poder”, dijo.
Agregó que el procedimiento se habría convertido en una “inquisición política” sin preguntas adecuadas que permitieran a la ciudadanía comprender los hechos.
Sin embargo, aclaró que su posición no constituye una defensa personal del fiscal general. “No es una defensa del fiscal. Es una defensa de la legalidad, sea quien sea la persona señalada”, puntualizó.
Honduras atraviesa un “cambio de época” que va más allá de un simple cambio de gobierno, y que implicaría un deterioro profundo de la institucionalidad democrática. Podríamos decir que estamos ante un cambio de época que va para largo y que viene con mayor oscuridad, como ha ocurrido en otros momentos de la historia del país, por ejemplo, el Golpe de Estado de 2009.
Sobre las implicaciones del proceso, Mejía recordó antecedentes como la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y otros casos que derivaron en condenas internacionales contra el Estado hondureño. En ese sentido, advirtió que el actual proceso podría abrir la puerta a nuevas demandas internacionales.
“Al fiscal le están dando elementos para denunciar al Estado. Y hay muchas posibilidades de que el Estado vuelva a ser condenado, y que el pueblo hondureño termine pagando esas decisiones arbitrarias”, señaló.
A través de una reforma a los artículos 280 y 281 de la Constitución de la República, el diputado liberal Mario Segura propone que sea el Congreso Nacional quien elija al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El proyecto, que también contempla modificaciones en la duración del cargo y los mecanismos de remoción, ha generado posiciones encontradas entre distintos sectores de la sociedad hondureña.
La iniciativa plantea trasladar al Poder Legislativo la facultad de elección del alto mando militar, a partir de una terna enviada por la propia institución castrense. El cambio supone una modificación sustancial en la relación entre poderes del Estado y en la conducción de la institución militar.
En ese contexto, el abogado y analista Javier García sostiene que la propuesta, lejos de democratizar el proceso, podría derivar en una mayor concentración de poder. A su criterio, se trata de una iniciativa fuera de lugar, en tanto introduce la política en una institución que, afirma, debería mantenerse al margen de dicha influencia.
“El objetivo es el control absoluto, lo que podría conducir a escenarios de autoritarismo y eventualmente a una forma de tiranía”, expresó.
Por su parte, el general en condición de retiro Luis Maldonado Galeas considera que la reforma implicaría cambios sustanciales, no solo en el mecanismo de nombramiento, sino también en la politización del cargo. Actualmente, recordó, la decisión recae en una sola autoridad; sin embargo, trasladarla a un órgano de 128 diputados incrementaría la complejidad del proceso y su exposición a dinámicas partidarias.
Asimismo, cuestionó la madurez institucional del Congreso Nacional, al que calificó como un ente eminentemente político e inestable. En ese sentido, advirtió que la intervención del Legislativo no reduciría la politización, sino que la ampliaría al involucrar a múltiples actores partidarios.
En contraste, el exsecretario de Defensa Arístides Mejía consideró que la designación del jefe militar debe mantenerse en el Poder Ejecutivo, ósea la persona presidenta de la República, aunque con un mecanismo de ratificación por parte del Congreso Nacional. Según explicó, un esquema similar al de otros países permitiría una mayor verificación de idoneidad mediante comisiones multipartidarias.
El debate no se limita al mecanismo de elección, sino que incluye también la eventual remoción mediante juicio político, así como la duración del cargo, fijada en cuatro años. Hasta el momento, las Fuerzas Armadas no han emitido pronunciamiento oficial sobre la iniciativa presentada en el Poder Legislativo.
El desarrollo de este proceso, sumado a cuestionamientos de juristas y sectores políticos, refleja un clima de creciente tensión en torno al equilibrio de poderes y al respeto de las garantías constitucionales. Las críticas apuntan a que los juicios políticos podrían estar siendo utilizados como herramientas de reconfiguración institucional más que como mecanismos de control democrático.
En paralelo, iniciativas como la reforma para trasladar al Congreso la elección del jefe del Estado Mayor Conjunto refuerzan las preocupaciones sobre una posible concentración de poder. Organismos de derechos humanos advierten que estas acciones podrían encaminar al Legislativo hacia la consolidación de un “súper poder”, con amplias facultades sobre instituciones clave del Estado, en función de los intereses del partido gobernante.
