Natalia Ponce: Ha habido un énfasis, desde la narrativa gubernamental,en el tema de la reparación a las víctimas de la violencia de pandillas y esto no es algo negativo, es decir, por supuesto que las víctimas de la violencia de las pandillas necesitan reparación, les urge. Tanto a ellas como al país. Sin embargo, no ha habido -que yo sepa- declaraciones al respecto de las víctimas del régimen de excepción o que incluso se reconozca que hay víctimas del régimen de excepción y aquí está precisamente el asunto porque no se trata poner, por decirlo de alguna forma, a unas víctimas por encima de otras aunque esa sí parece ser, a mi juicio, la intención de la narrativa gubernamental 

Cuando hablamos de víctimas del régimen de excepción, es decir, de personas capturas arbitrariamente y judicializadas erróneamente, en ningún momento se está olvidando o negando que hay víctimas de la violencia de pandillas en El Salvador o que íctimas de la violencia de otras organizaciones de crimen organizado en el país, lo que sí se está diciendo es que además de las víctimas de violencia por pandillas es que ahora tenemos también otras víctimas como consecuencia de la aplicación del régimen de excepción 

Ahora, las víctimas de la violencia de pandillas o grupo criminales necesitan acceso efectivo a la justicia y esto quiere decir que no es suficiente que se capture a aquellos miembros de pandillas o personas que le infligieron un daño, sino que se determinen responsabilidades individuales, es decir, que cada familia sepa quién fue el responsable individual de desaparecer a un hijo o hija, de asesinar a un hermano o hermana o de extorsionarle. Es decir, la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República tienen que realizan de forma correcta su investigación para que la Corte Suprema de Justicia puede, a su vez, hacer un proceso judicial que lleve a la verdad sobre estos crímenes y permita la reparación ¿Pero, ¿cómo se relaciona esto con las víctimas del régimen excepción?Cada vez que el Estado salvadoreño captura a personas que no están relacionadas con estos hechos, es decir, cada vez que el Estado salvadoreño captura indiscriminada y arbitrariamente, se aleja de la justicia e impide la reparación para las víctimas de las pandillas porque no está investigando a los verdaderos responsables sino, en muchos casos, a gente inocente y que no está involucrada. ¿Cuál es el problema con esto?   Que el Estado, la Corte Suprema, la Dirección de Centros Penales, etcétera, al percatarse de esto se ven obligados a soltarles, lo que  implica que tengan que volver a buscar a quienes sí fueron los responsables, pero además de eso crearon nuevas víctimas, porque juzgaron a gente que no tenía nada que ver, como decía antes y  esas personas habrá que que, cuando menos brindarles una indemnización monetaria ¿Y de dónde va a salir esa indemnización? Por supuesto, de los recursos del Estado lo que quiere decir, en otras palabras, que la sociedad salvadoreña va a asumir ese costo, es decir, el costo que no se brinda justicia a las víctimas de las pandillas y el costo de indemnización a las víctimas de capturas arbitrarias y error judicial.