Justicia y reparación para las víctimas del régimen de excepción: Entrevista con Natalia Ponce
Maldito País
septiembre 12, 2023
Miles de personas han sido liberadas luego de ser detenidas bajo el supuesto de tener vínculos con las pandillas en El Salvador, las autoridades no pudieron demostrar ningún tipo de delito y por la tanto son inocentes; ahora buscan justicia y reparación económica por parte del Estado. Hablamos sobre esto con Natalia Ponce Rubio, investigadora del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (IDHUCA)
HoraCero: Se estaba hablando en algunos medios sobre las familias afectadas por el estado de excepción y su lucha por la posibilidad de pedir una reparación, queríamos saber cómo andan los datos generales de cuántas víctimas son y ¿Qué tipo de personas fueron injustamente encarceladas?
Natalia Ponce: Por el momento la última actualización de cifras sobre personas capturadas en el contexto del régimen de excepción que fue proporcionada por el Ministerio de Seguridad, es de más de 72 mil personas. El ministro indicó que han sido liberadas un poco más de 7 000 mil personas de ese total. Hay una cuestión sobre la que quisiera hacer énfasis y es que, aunque efectivamente al ser una cifra brindada por el Ministerio, partimos de que esa es la fuente oficial, sin embargo yo tendría un cierto reparo, un cierto cuidado, con las cifras brindadas por cualquier institución pública y principalmente instituciones mandatadas o encargadas del cumplimiento de la justicia y la seguridad en El Salvador.
Como Observatorio hemos estado notando , desde hace 2 años a través de nuestros informes sobre libertad de prensa y acceso a la información pública que hay ocultamiento de información. Esta cifra, por ejemplo, más de 72 000 personas capturadas y, de entre estas, 7000 personas liberadas muy posiblemente no sea la cifra total o real, porque, como te decía anteriormente, hemos notado una constante negación de acceso a información pública, cuya evidencia principal es el aumento en la información en calidad de reserva en la Policía Nacional Civil y la Fiscalía de la República, , es decir, las instituciones encargadas de generar las estadísticas sobre personas capturas y liberadas y a las que el Observatorio solicita información. Por el momento, desconocemos cómo se elaboran estas estadísticas, ninguna institución de académica u organización de sociedad civil participa de este proceso.
HoraCero: ¿Por qué se dice que estas personas capturadas injustamente durante el régimen de excepción son víctimas y buscan apelar a una reparación?
Natalia Ponce: Este tema se ha discutido mucho en la agenda nacional últimamente y también en medios de comunicación, ha sido también un cuestionamiento que se le ha hecho al recientemente nombrado Comisionado presidencial para los Derechos Humanos en el país. Aquí hay que ver varios puntos . ¨Primero, cuando hablamos de víctimas del régimen de excepción, estamos hablando de personas que, en primer lugar, se les ha capturado de forma arbitraria y, en segundo lugar, se les ha enviado a la bartolinas o a la cárcel sin prueba de que que estén vinculadas con estructuras criminales, es decir, sin que haya alguna investigación previa de la Policía Nacional Civil o de la Fiscalía General de la República que justifique la captura.
Ahora, cuando a una persona se le captura sin justificación alguna, es decir, nuevamente, que no se le ha investigado de manera previa o la Policía Nacional Civil no la encuentra en flagrancia de un delito , +– con esa captura arbitraria se está cometiendo el primer paso para lo que, posteriormente en el proceso de penal, será a,un error judicial. ¿A qué me refiero con error judicial y por qué se nombra este tipo de actos? Cuando una persona es procesada por error judicial, me refiero a que durante el proceso penal se evidencia que se está inculpado a una personas sin prueba alguna y, en ese sentido, se hace notorio que no tiene nada que ver con lo que se está juzgando o, en el caso particular del régimen de excepción, que no tiene nada que ver con las estructuras criminales que se están persiguiendo e investigando. Ahora para todas personas víctimas de un error judicial lo que procede inmediatamente una indemnización, de acuerdo a la Constitución de la República, artículo 17. Precisamente porque se le capturó arbitrariamente y sin pruebas – que es es el primer paso como decía antes-, se le encarceló y se le procesó judicialmente en encarcelamiento además
HoraCero: ¿El Gobierno ha dicho algo sobre este tema de la reparación?
Natalia Ponce: Ha habido un énfasis, desde la narrativa gubernamental,en el tema de la reparación a las víctimas de la violencia de pandillas y esto no es algo negativo, es decir, por supuesto que las víctimas de la violencia de las pandillas necesitan reparación, les urge. Tanto a ellas como al país. Sin embargo, no ha habido -que yo sepa- declaraciones al respecto de las víctimas del régimen de excepción o que incluso se reconozca que hay víctimas del régimen de excepción y aquí está precisamente el asunto porque no se trata poner, por decirlo de alguna forma, a unas víctimas por encima de otras aunque esa sí parece ser, a mi juicio, la intención de la narrativa gubernamental
Cuando hablamos de víctimas del régimen de excepción, es decir, de personas capturas arbitrariamente y judicializadas erróneamente, en ningún momento se está olvidando o negando que hay víctimas de la violencia de pandillas en El Salvador o que íctimas de la violencia de otras organizaciones de crimen organizado en el país, lo que sí se está diciendo es que además de las víctimas de violencia por pandillas es que ahora tenemos también otras víctimas como consecuencia de la aplicación del régimen de excepción
Ahora, las víctimas de la violencia de pandillas o grupo criminales necesitan acceso efectivo a la justicia y esto quiere decir que no es suficiente que se capture a aquellos miembros de pandillas o personas que le infligieron un daño, sino que se determinen responsabilidades individuales, es decir, que cada familia sepa quién fue el responsable individual de desaparecer a un hijo o hija, de asesinar a un hermano o hermana o de extorsionarle. Es decir, la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República tienen que realizan de forma correcta su investigación para que la Corte Suprema de Justicia puede, a su vez, hacer un proceso judicial que lleve a la verdad sobre estos crímenes y permita la reparación ¿Pero, ¿cómo se relaciona esto con las víctimas del régimen excepción?Cada vez que el Estado salvadoreño captura a personas que no están relacionadas con estos hechos, es decir, cada vez que el Estado salvadoreño captura indiscriminada y arbitrariamente, se aleja de la justicia e impide la reparación para las víctimas de las pandillas porque no está investigando a los verdaderos responsables sino, en muchos casos, a gente inocente y que no está involucrada. ¿Cuál es el problema con esto? Que el Estado, la Corte Suprema, la Dirección de Centros Penales, etcétera, al percatarse de esto se ven obligados a soltarles, lo que implica que tengan que volver a buscar a quienes sí fueron los responsables, pero además de eso crearon nuevas víctimas, porque juzgaron a gente que no tenía nada que ver, como decía antes y esas personas habrá que que, cuando menos brindarles una indemnización monetaria ¿Y de dónde va a salir esa indemnización? Por supuesto, de los recursos del Estado lo que quiere decir, en otras palabras, que la sociedad salvadoreña va a asumir ese costo, es decir, el costo que no se brinda justicia a las víctimas de las pandillas y el costo de indemnización a las víctimas de capturas arbitrarias y error judicial.
HoraCero: ¿Han hablado con personas víctimas que han estado encarceladas injustamente o han recopilado cuáles son las denuncias de violencia de lo que han sufrido dentro del sistema penitenciario?
Natalia Ponce: El Observatorio forma parte de un Instituto un Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA), el Instituto tiene un equipo de procesos de procuración de justicia. Esos compañeros y compañeras son quienes atienden directamente a las víctimas de violaciones a derechos humanos en el contexto del régimen de excepción quienes, en su mayoría, piden ayuda al Instituto precisamente porque tienen un familiar, un conocido, alguien en su círculo que ha sido capturado arbitrariamente y posteriormente encarcelado.
Yo quisiera mencionar un caso que justamente nosotros en nuestras redes sociales mencionamos, fue el caso Rosario. Ella era una persona no vidente, cuyo esposo, fue capturado en el contexto del régimen de excepción, a pesar de que durante el proceso penal se ordenaron medidas sustitutivas a su detención e, incluso, luego de que una Cámara de los Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó que él puede continuar el proceso judicial en libertad, esta orden judicial no se cumplió y su esposo no pudo salir a tiempo. El problema con esto fue que el esposo de Rosario, quien sufría de insuficiencia renal desde hace cinco años, era también donante. Rosario, lastimosamente, falleció el viernes 1 de septiembre en la noche. No se pudo atender de manera eficiente su salud y salvársele la vida porque su donante de riñón sigue todavía encarcelado. Como decía, la Corte ya dictaminó que se le diera libertad pero, en este caso, el mismo sistema de justicia no cumplió la orden una Cámara de lo Penal Y así como el caso de Rosario los compañeros del equipo de proceso de justicia han atendido otro tipo de situaciones que,claro, son situaciones e historias duras, con afectaciones de todo tipo, son errores en varias instituciones, son violaciones de derechos humanos.