Hora Cero
junio 16, 2025
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Centroamérica, en el contexto del mundo imperial estadounidense, ha sido laboratorio y escuela para el país del norte. Para entender su injerencia, hay que volver la mirada al territorio y comprender el impacto no solamente de intervenciones bélicas, construcción de bases militares o su presencia en golpes de Estado y el apoyo a dictaduras, sino por la forma en el que el poder estadounidense -político, económico y militar- ha organizado el espacio, los cultivos, los mares y hasta los bosques de la región.
Este no es un fenómeno nuevo, afirma Pascal Girot, director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Para el académico, la historia de la injerencia estadounidense en la región comienza, al menos, con la presencia de Cornelios Vanderbilt y William Walker a mediados del Siglo XIX, cuando “los americanos buscaban expandir sus plantaciones y de mantener la esclavitud en buena parte de la región”.
Una lógica que se profundizó con el ciclo bananero y un modelo de enclave. Desde Minor Keith, con la industria del ferrocarril y la fundación de United Fruit Company, pasando por su heredera Chiquita Brands que dominó la industria bananera en Centroamérica y el Caribe, fueron creando, en palabras de Girot, “Estados dentro del Estado”.
“Dentro de las bananeras había casi un gobierno donde el Estado Costarricense, Hondureño, Guatemalteco cedía buena parte de las actividades de control de policía, fiscalidad y otras funciones propias del Estado Nacional. Lo mismo con el enclave del Canal de Panamá, donde había un gobierno, una comisión del Canal”, explica.
Fue más de un siglo de enclaves que estuvieron acompañados de intervenciones armadas abiertas y apoyo a golpes de Estado. Algo que, en el plano ambiental, se traduce en ciclos extractivistas sucesivos: Banano, ganadería extensiva, palma africana, piña, minería, hidrocarburos, megaproyectos, infraestructura, energía y, en algunos casos, bitcoin y energía nuclear. En este artículo, abordaremos cinco elementos clave para entender el impacto ambiental, extractivista y colonialista de Estados Unidos en Centroamérica.
La huella de Estados Unidos en este país condensa el vínculo de la geopolítica y la ecología desde la posición colonialista del país del norte. Raisa Banfield, directora de la Fundación Panamá, la califica como una relación “amor-odio”: “Es decir, te quiero, somos hermanos, nos ayudamos, pero te avasallo, rompo relaciones contigo y de alguna manera sigue teniendo presencia fuerte”.
La construcción y posterior ampliación del Canal de Panamá, impulsadas y controladas durante décadas por Estados Unidos, transformaron de forma radical los ecosistemas de la franja ístmica. La apertura de cortes, esclusas y lagos artificiales, implicó la inundación de vastas áreas de bosque tropical, la fragmentación de hábitats y la alteración permanente de los flujos de agua, con impactos acumulativos sobre la biodiversidad, suelos y ciclos hidrológicos.
A esto se suma la deforestación de la cuenca canalera. Algunas investigaciones, como la realizada por la Universidad Tecnológica de Panamá, advierten que la pérdida de bosque aumenta los riesgos de erosión de la tierra y el arrastre de sedimentos hacia el Canal, comprometiendo la calidad por la cantidad de agua disponible tanto para operación de la vía como para las comunidades, y elevando la vulnerabilidad del área durante los eventos extremos relacionados con el Cambio Climático.
Para Raisa, la situación se agrava debido al modelo de desarrollo, manejo de recursos y la inexperiencia humana ante la naturaleza. Sobre el reclamo del presidente estadounidense, Donald Trump, de la propiedad del Canal de Panamá, la directora recordó que cualquier concesión no puede pasar por encima de la soberanía de los pueblos.
“No me gusta utilizar la palabra recuperar, porque ellos no perdieron nada aquí, simplemente la historia y toda la gesta panameña por la soberanía demostró lo que era obvio: la tierra es nuestra, el recurso natural es nuestro. Ellos pusieron la ingeniería, recuperaron una inversión, punto, como cualquier concesión en tiempos modernos. Eso no te hace dueño de lo que no tiene dueño, que es potestad de una nación”.
Raisa recordó que el pasado 9 de enero se conmemoró el Día de los Mártires, un levantamiento popular y estudiantil que defendió la soberanía nacional al intentar izar la bandera panameña en la zona del Canal, en 1964, lo que provocó disturbios masivos y más de 20 estudiantes asesinados. Este hecho intensificó las relaciones con Estados Unidos que llevaron posteriormente, en 1977, a la firma de los Tratados Torrijos-Carter, que devolvieron eventualmente el control del Canal a Panamá.
“Ese acontecimiento nos hace recordar que la soberanía no es algo que se consigue y se cuelga en una pared y queda para siempre, es algo que se reconoce como frágil y se defiende. Y esa fragilidad la estamos viendo hoy, cuando Trump reclama el petróleo de Venezuela, un bien natural que está geológicamente en un sitio que no le pertenece. Con el canal es lo mismo, fue una decisión geopolítica consensuada a través de las vías legales, diplomáticas y de derecho internacional que nos rige como naciones”.
En 1903, el Tratado Hay-Bunau-Varilla permitió la creación de la Zona de Canal de Panamá, otorgando derechos “a perpetuidad de uso, ocupación y control” a Estados Unidos, lo que permitió a este construir 14 bases militares, territorio que luego fue recuperado por Panamá eventualmente gracias a tratados posteriores. Investigaciones como la realizada por Foreign Policy in Focus, señalan que el pentágono transfirió campos de entrenamiento y polígonos sin un inventario completo, dejando combustibles derramados, baterías con ácido, metales pesados y otros tóxicos usados en suelos y cuerpos de agua que hoy son usados por comunidades y forman parte del entorno canalero.
El estudio también afirma que se han documentado más de 100 mil artefactos explosivos sin detonar en antiguos campos de tiro cercanos al Canal, a pesar de que los acuerdos con Estados Unidos prevén su remoción. Estos restos de guerra limitan el uso de áreas naturales, bloquean proyectos de acceso público y representan una amenaza permanente para la vida humana y la fauna. Además, condicionan la planificación ambiental y territorial del país, que no cuenta con toda la información técnica de los sitios contaminados.
“Sabemos que aquí se hicieron los ensayos y las prácticas de las guerras de Vietnam, de las guerras de Corea, de la Segunda Guerra Mundial. Aquí quedaron muchos elementos sin detonar que todavía los Estados Unidos sigue sin asumir la responsabilidad de dejar las áreas limpias. Muchos de estos elementos sin detonar están en áreas protegidas. No se toca el bosque, pero si se quisiera sacar provecho de ello para hacerlo más interactivo con la gente, con el turismo ecológico, no se puede”, expresó Raisa Banfield.
Actualmente, Estados Unidos tiene bases militares en El Salvador y Honduras.
El modelo agroindustrial orientado al mercado estadounidense -Banano, palma aceitera, caña y otros cultivos- ha reconfigurado grandes extensiones de tierra en países como Guatemala y Honduras, bajo la huella de compañías ligadas históricamente al capital norteamericano, como la antigua United Fruit Company y sus derivados y, actualmente, grandes conglomerados de la agroindustria como Grupo Cargill, con presencia en toda Centroamérica
En el caso de la palma aceitera y otros monocultivos, testimonios comunitarios y estudios como el realizado por el Dr. Steve Marquardt, director del Centro de Estudios Laborales de la Universidad de Washington, han señalado la contaminación directa de cursos de agua por afluentes industriales y agroquímicos, con mortandad de fauna acuática y pérdida de fuentes de agua limpia para poblaciones rurales.
Para lograr altos rendimientos, estos complejos agroindustriales requieren de grandes superficies continuas de tierra, lo que ha favorecido a la deforestación de bosques primarios y humedales en la región centroamericana.
La investigación de la Universidad de Washington muestra que la respuesta corporativa a plagas que afectaron a las plantaciones de banano fue drenar, inundar o transformar miles de hectáreas de bosque tropical en sistemas agrícolas altamente intervenidos, alterando los suelos, hidrología y paisajes en función de un sistema exportador dominado por la demanda y cadenas en Estados Unidos.
“Creo que estas tragedias humanas y ambientales tienen profundas raíces históricas. Algunas de esas raíces están enterradas en suelos infectados por la enfermedad de Panamá”, concluye Marquardt
En 2024, Nicaragua perdió 144 kha de bosque natural, equivalente a 81.0 Mt de emisiones de CO₂. Su tasa anual de deforestación promedio alta es de 5.8%. Entre 2023 y 2024 la situación se aceleró debido, entre otros factores, a la expansión de la ganadería y la entrega de tierras para megaproyectos. Según el portal exportgenius.in, Nicaragua exporta alrededor de $361 millones a Estados Unidos en carnes, uno de los principales socios exportadores del país centroamericano. Por su parte, hasta 2022, el 50% de la superficie nacional está dedicada a la siembra de pasto para ganadería. En 2024 fue el país con la mayor tasa de deforestación de toda la región. El World Resources Institute (WRI) lo ubica entre los 10 países con pérdida de bosques primarios.
En este contexto, la carne vacuna que diferentes distribuidores exportan desde Nicaragua a empresas como Burguer King, Applebee’s, Chili’s, Walmart, entre otras, están ligadas a la tala ilegal, el despojo violento de tierras indígenas, violaciones a derechos humanos y destrucción ambiental. Así lo reveló una nueva investigación por la campaña “Patrullaje”, realizadores del documental del mismo nombre que aborda la temática y apoyada por la organización Re:Wild.
El documental Patrullaje cuenta la historia de guardabosques indígenas que trabajan para abordar las amenazas al Territorio Indígena Rama Kriol. “Este no es sólo un problema de Nicaragua; es una falla en la cadena de suministro global. Para solucionarlo será necesario que tanto los gobiernos como las empresas y los consumidores adopten medidas urgentes” dijo Camilo de Castro, autor de la investigación.
El informe publicado en octubre de 2025, se centra específicamente en el ganado que se remonta a granjas ganaderas en dos territorios indígenas de Nicaragua: El Territorio Mayangna Sauni Bas en la Reserva de la Biosfera de Bosawas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta, y el Territorio Indígena Rama y Kriol, ubicado dentro de los límites de la Reserva Biológica Indio Maíz, uno de los Cinco Grandes Bosques de Mesoamérica y un Área Clave de Biodiversidad.
Estos acuerdos de comercio recíproco firmados entre Estados Unidos con El Salvador y Guatemala profundizan la apertura de la agroindustria, la industria tecnológica y la minería extractivista al mercado estadounidense.
Ambos países deben aceptar, sin objeciones, los criterios, productos y estándares estadounidenses y no pueden generar relaciones comerciales con otros países que Estados Unidos considere que “comprometen su seguridad nacional», además de no imponer impuestos que “discriminen a empresas” de este país.
Aunque los textos incluyen cláusulas de protección ambiental y referencias a combatir delitos contra la naturaleza como la tala ilegal, el tráfico ilegal de vida silvestre, la minería ilegal y gestionar una pesca sostenible, también consolidan un marco legal que permite el aumento de exportaciones de recursos agrícolas y naturales a Estados Unidos en contextos donde las instituciones de protección ambiental son débiles ante los delitos ambientales.
Por ejemplo, la legislación guatemalteca permite saldar delitos como el desecho de residuos a un lago a cambio de $13 mil dólares o contaminar suelos con metales tóxicos con $40 mil, algo que abre la puerta a que empresas eviten ser juzgadas por delitos ambientales. En El Salvador, se enfrentan retrocesos graves como la aprobación de la minería metálica y un alza en la criminalización de personas defensoras del territorio.
Tanto Raisa como Pascal enfatizan en la importancia de volver la mirada a la historia centroamericana para crear acciones frente al intervencionismo, el impacto ambiental, social y económico que dejan potencias como Estados Unidos. “Necesitamos aprender que para coexistir en este mundo, tenemos que aprender a coexistir con nuestro planeta”, expresó Raisa.
Pascal, por su parte, considera que, pese al contexto de crisis global, una estrategia de resistencia y sobrevivencia es la apuesta por el cooperativismo, la agricultura familiar y la solidaridad de las comunidades y los pueblos de la región frente a la entrega de los territorios a las grandes potencias.
“Estados Unidos es un ‘monstruo grande y pisa fuerte’. Viene con intereses muy fuertes y con medios sin precedentes para subyugar y avasallar a las economías y las poblaciones centroamericanas. Es importante la defensa del territorio y de la soberanía alimentaria”.
