Entre estas personas hay quienes no lograron despedirse de sus seres queridos, y hay otras que tuvieron que despedirse sin querer soltarles, teniendo clara una sola cosa y es la convicción de querer mejorar sus condiciones de vida. Hay quienes migran en búsqueda de protección internacional en países como Costa Rica o Estados Unidos y hay otras personas que lo hacen por razones económicas. Cualquiera que sea el caso este no es un debate para defender una razón más que otra, todo lo contrario, es un acto de justicia nombrar la migración y el refugio como un derecho, y no como delito -porque quien migra lo hace para salvarse-.

Gryssmel Baldizón es una de ellas. En 2019 la conocí en Costa Rica, la recuerdo sonriente y radiante, siendo originaria de León se involucró activamente en el movimiento estudiantil autoconvocado de su ciudad, en el marco de las protestas por las reformas al Seguro Social en abril del 2018. Con 19 años tuvo que salir forzosamente hacia el vecino país, antes de esto, era estudiante de Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, sede León. Su involucramiento con el movimiento de protesta la llevó a ser parte del grupo de estudiantes expulsados del sistema de universidades públicas del país, perdiendo completamente su expediente académico.

En una reciente entrevista, conversamos un poco de sus vivencias y de las dificultades que atraviesa. Sigue siendo sonriente, su entusiasmo no lo ha perdido, y a diferencia de 2019 cuando nos conocimos, ya es acreedora de la condición de refugiada -es parte de un grupo reducido de nicaragüenses que ha logrado este reconocimiento- y ha reanudado sus estudios en la Universidad de Costa Rica en la carrera de Antropología.

Una de las primeras cosas que me reitera, es que siempre ha tenido claro cuáles son sus derechos y que salió de Nicaragua para salvaguardar su vida y la de su familia -que hoy también vive con ella-. De la misma forma ha ido poco a poco creciendo en Costa Rica, y lograr el refugio ha sido posible gracias a su constancia y el acceso a información, para comprender que hay un sistema de protección internacional y que Costa Rica es ratificante de acuerdos como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, donde se define a una persona refugiada como “quien huye de conflicto o persecución y su condición y protección están definidas en un marco normativo internacional y no deben ser expulsadas o retornadas al país de origen donde su vida y libertades corren riesgo”.   

Costa Rica hoy alberga a más de 200 000 personas solicitantes de refugio con procesos formalizados y pendientes de resolver, de estas solicitudes 9 de cada 10 son de nicaragüenses. Las autoridades han revelado que otras 50 000 personas esperan su cita para presentar una solicitud formal de refugio, con distancias que son muy demoradas.

En la experiencia de Gryssmel, su proceso de refugio ha sido uno de los primeros en resolverse, ya que su ingreso al país se da en las primeras olas de migración nicaragüense. Ella comenta que una de sus mayores dificultades ha sido el acceso a la educación superior, en sus palabras “acceder al sistema de educación pública ha sido muy cansado, yo soy de las pocas nicaragüenses que ha iniciado su carrera desde cero, y parte de eso lo logré por mi constancia e insistencia. En este país la burocracia es de todos los días, y en nuestra condición de refugiados, no comprenden que huimos de un país que nos  violentó y nos arrebató nuestros derechos”.

En esta vivencia hay varios elementos cuestionables, el primero tiene que ver con que las personas refugiadas tienen condiciones distintas, su migración es forzada; algunas personas no planean sus viajes, solo salen. Lo segundo es que los sistemas de refugio o asilo deben ser accesibles con la garantía de derechos fundamentales, como salud, trabajo y educación, y esto debe ser un camino preparado por los Estados que son quienes tienen las competencias de resguardo.