La migración y el refugio como un derecho: la historia de Gryssmel Baldizón
Maldito País
enero 13, 2023
Son casi cinco años de crisis sociopolítica en Nicaragua, y no hay día que en este país no se escuche en los barrios y ciudades que alguien migró -un vecino, un amigo, un familiar- y duele mucho, porque esto retrata la realidad de un país que desde abril del 2018 está sumido en una grave crisis de democracia y derechos humanos insostenible.
Entre estas personas hay quienes no lograron despedirse de sus seres queridos, y hay otras que tuvieron que despedirse sin querer soltarles, teniendo clara una sola cosa y es la convicción de querer mejorar sus condiciones de vida. Hay quienes migran en búsqueda de protección internacional en países como Costa Rica o Estados Unidos y hay otras personas que lo hacen por razones económicas. Cualquiera que sea el caso este no es un debate para defender una razón más que otra, todo lo contrario, es un acto de justicia nombrar la migración y el refugio como un derecho, y no como delito -porque quien migra lo hace para salvarse-.
Gryssmel Baldizón es una de ellas. En 2019 la conocí en Costa Rica, la recuerdo sonriente y radiante, siendo originaria de León se involucró activamente en el movimiento estudiantil autoconvocado de su ciudad, en el marco de las protestas por las reformas al Seguro Social en abril del 2018. Con 19 años tuvo que salir forzosamente hacia el vecino país, antes de esto, era estudiante de Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, sede León. Su involucramiento con el movimiento de protesta la llevó a ser parte del grupo de estudiantes expulsados del sistema de universidades públicas del país, perdiendo completamente su expediente académico.
En una reciente entrevista, conversamos un poco de sus vivencias y de las dificultades que atraviesa. Sigue siendo sonriente, su entusiasmo no lo ha perdido, y a diferencia de 2019 cuando nos conocimos, ya es acreedora de la condición de refugiada -es parte de un grupo reducido de nicaragüenses que ha logrado este reconocimiento- y ha reanudado sus estudios en la Universidad de Costa Rica en la carrera de Antropología.
Una de las primeras cosas que me reitera, es que siempre ha tenido claro cuáles son sus derechos y que salió de Nicaragua para salvaguardar su vida y la de su familia -que hoy también vive con ella-. De la misma forma ha ido poco a poco creciendo en Costa Rica, y lograr el refugio ha sido posible gracias a su constancia y el acceso a información, para comprender que hay un sistema de protección internacional y que Costa Rica es ratificante de acuerdos como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, donde se define a una persona refugiada como “quien huye de conflicto o persecución y su condición y protección están definidas en un marco normativo internacional y no deben ser expulsadas o retornadas al país de origen donde su vida y libertades corren riesgo”.
Costa Rica hoy alberga a más de 200 000 personas solicitantes de refugio con procesos formalizados y pendientes de resolver, de estas solicitudes 9 de cada 10 son de nicaragüenses. Las autoridades han revelado que otras 50 000 personas esperan su cita para presentar una solicitud formal de refugio, con distancias que son muy demoradas.
En la experiencia de Gryssmel, su proceso de refugio ha sido uno de los primeros en resolverse, ya que su ingreso al país se da en las primeras olas de migración nicaragüense. Ella comenta que una de sus mayores dificultades ha sido el acceso a la educación superior, en sus palabras “acceder al sistema de educación pública ha sido muy cansado, yo soy de las pocas nicaragüenses que ha iniciado su carrera desde cero, y parte de eso lo logré por mi constancia e insistencia. En este país la burocracia es de todos los días, y en nuestra condición de refugiados, no comprenden que huimos de un país que nos violentó y nos arrebató nuestros derechos”.
En esta vivencia hay varios elementos cuestionables, el primero tiene que ver con que las personas refugiadas tienen condiciones distintas, su migración es forzada; algunas personas no planean sus viajes, solo salen. Lo segundo es que los sistemas de refugio o asilo deben ser accesibles con la garantía de derechos fundamentales, como salud, trabajo y educación, y esto debe ser un camino preparado por los Estados que son quienes tienen las competencias de resguardo.
Gryssmel me comenta que “en la Universidad de Costa Rica cómo se les ocurre pedirme documentos apostillados para inscribirme a la carrera, cuando huí de Nicaragua sin nada, por ser víctima de persecución y además, poner en cuestión mi condición de refugiada, tuve que contar mi experiencia traumática de las razones que me llevaron a salir de Nicaragua, y eso es revictimizante”.
La Comisión de Visas Restringidas y Refugio es la instancia encargada de analizar los procesos de esta población en Costa Rica y en 2020 resolvió que Gryssmel tenía fundamentos para conceder este reconocimiento. Tres meses después de este proceso en el que ella recibió su identificación oficial, en este periodo de transición a reconocida como refugiada, pasó sin un documento de identidad, solo cargaba con sus hojas de testimonios que brindó ante esta Comisión y donde aparecía resuelto su caso. Pero eso era un papel, para ella fue denigrante e inseguro, porque sentía que no era algo formal, que no tenía identidad y que no podía realizar trámites donde no se le cuestionará y solicitará un documento válido.
La experiencia anterior va en contra del resguardo y confidencialidad de la información que se concibe en el marco de protección internacional, ya que para hacer su trámite tuvo que mostrar sus hojas de testimonios, exponiendo información personal y sensible.
De su vivencia rescata, “si bien es cierto Costa Rica me ha resguardado, pero hace falta camino por garantizar el acceso a derechos para las personas refugiadas” es transversal actuar frente a un país que es racista y xenófobo contra la población nicaragüense, “algunas veces el maltrato es solo por ser nicas” y cuesta mucho, ella se atribuye el logro del ingreso a estudios superiores por sus propios méritos, y demanda que el cumplimiento de derechos sea para todas y todos, sin importar de donde vengan.
El pasado 16 de noviembre el presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves, emitió declaraciones que posteriormente se operativizarón en dos decretos, modificando el sistema de refugio en este país. Las declaraciones del presidente fueron de rechazo y de una externalización de la frontera que ya está en marcha, utilizando un discurso basado en desinformación, señalando “no podemos seguir aceptando gente que no son refugiados políticos”, estas declaraciones no están basadas en evidencias ya que la mayoría de los casos están sin la resolución final, según las mismas autoridades de 222 mil 56 solicitudes, 172 689 mil están pendientes de resolverse y además, hay una comisión especial que se encarga de analizar cada caso.
En los decretos que modifican este régimen de refugio, se empeora la situación mayoritariamente de la población nicaragüense, ya que limita la salida de solicitantes de refugio a actividades en el exterior, el acceso a identificaciones para trabajo, impone contribución tributaria a la Caja Costarricense de Seguridad Social -para quienes ya estaban dentro del país y quieren renovar su carné de trabajo- limita el derecho a solicitar refugio con medidas como presencialidad para formalizar su proceso en un plazo determinado y para quienes hayan estado en otro país deberán explicar por qué no se quedaron en este y será la autoridad que determine si se le abrirá un proceso o es expulsado, entre otros cambios que son un retroceso a los derechos y garantías de protección de quienes migran en búsqueda de refugio.
Es necesario cuestionar las ambivalencias de Estados como Costa Rica, que en la región se proclama como un sistema democrático, solidario y abierto a brindar protección, pero contradictoriamente con las personas nicaragüenses ha sido históricamente xenófobo y violento, incapaz de cambiar y de reconocer que hay un problema estructural de rechazo hacia esta población, al cual le hace falta mucho camino por garantizar mejores condiciones para la población migrante y refugiada.