Por su parte, Bernard -quien trabaja acompañando los distintos procesos de denuncia ante las instituciones internacionales con el programa Redprodepaz- explicó que las organizaciones defensoras de derechos nicaragüenses han enfrentado importantes desafíos en este proceso. 

“Uno de los principales retos es la sistematización de la información, dado el gran número de violaciones de derechos que se han cometido en el país. Además, los representantes de estas organizaciones están sometidos a una constante persecución y represalias transnacionales, lo que complica aún más su labor”, denunció desde Ginebra.

Según señalaron durante el evento, la denuncia contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo debe insistir en la presión hacia los otros países que forman parte de los mecanismos de las Naciones Unidas como el EPU, ya que las prácticas diplomáticas internacionales de Nicaragua alientan a que otros países sigan ese mal ejemplo.  

En la intervención de Putoy -quien se encuentra en exilio forzado en Costa Rica pero que también fue parte del evento paralelo-, se hizo hincapié en la intención del régimen autoritario para distanciarse de sus obligaciones internacionales.

“Sabemos que no es un ‘aislamiento’ de la dictadura, en realidad se trata de un ‘autoaislamiento’ como una forma de tratar de evadir sus responsabilidades que como Estado tiene que cumplir”, indicó Putoy, además dio a conocer la dura situación que viven las personas privadas de libertad por motivos políticos.

La delegación de la Coalición Nicaragua Lucha está compuesta por 16 personas defensoras, muchas de ellas víctimas directas de régimen, familiares de víctimas, excarcelados y exiliados que trabajan temáticas amplias, entre ellas la prisión por motivos políticos, desapariciones forzadas y torturas, falta de libertades fundamentales, derechos de las mujeres, las demandas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, derechos de población en movilidad humana, derechos económicos sociales y culturales (DESCA), entre otros.

El mecanismo del EPU hace una evaluación cada cuatro años sobre el nivel de cumplimiento de cada país acerca de las  recomendaciones que se les dieron en el ámbito general de DDHH.  Nicaragua no solo no habría cumplido su tarea, por el contrario, habría intensificado sus tácticas represivas como la desnacionalización arbitraria y la represión transnacional.

Sobre ello, Marenco, especialista de incidencia del Colectivo Nicaragua Nunca Más, indicó que lamentablemente el país se encuentra en una etapa de deterioro institucional hace mucho tiempo, por lo cual los exámenes se han presentado en ese marco lo que les resta completamente su credibilidad.

“Estas recomendaciones pueden sostenerse en el tiempo, los países que lo hacen pueden replicar las mismas recomendaciones del ciclo anterior si lo consideran necesario. Mucho más en un tema tan importante como la impunidad, falta de acceso a la justicia, y la solicitud para que las Organizaciones Internacionales puedan ingresar a Nicaragua”, finalizó Marenco. 

En el ciclo anterior del EPU, el Estado nicaragüense aceptó 135 de las 259 recomendaciones emitidas.