Memorias de la lucha contra el TLC: el nefasto rol del sandinismo  y los empresarios 

Maldito País

febrero 18, 2025

Aunque el FSLN expresaba públicamente ciertos desacuerdos con el TLC, en realidad fue colocando una serie de obstáculos para impedir que sindicatos, organizaciones estudiantiles y gremios vinculados a ellos se unieran a la campaña de lucha

Para entender la postura de la dictadura, es crucial cuestionar una narrativa promovida por ciertos medios de comunicación y políticos alineados con los intereses del gran capital. Esta narrativa sostiene que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se opuso a la firma del TLC en 2004 y estuvo detrás de la organización de las protestas. Sin embargo, este relato buscaba deslegitimar los argumentos presentados por los movimientos sociales.

En ese momento, los movimientos sociales se encontraban debilitados por las acciones del FSLN, en el contexto de su pacto con el presidente Arnoldo Alemán. Esto se debía tanto a su oposición al pacto como a su rechazo a los intentos de imponer a los colectivos el abandono de sus luchas sociales. En respuesta a este rechazo, el FSLN ordenó a sus organizaciones desmantelar plataformas como la Coordinadora Nacional en Contra de la Corrupción y otras iniciativas con el potencial de construir un movimiento social autónomo. Además, purgaron y cooptaron  a diversos colectivos de personas críticas.

Por ello, organizarse para luchar contra el TLC también implicó un esfuerzo por reconstruir un espacio común, en medio de una comprensible desconfianza. Fue necesario converger con otros colectivos que se percibían como subordinados al FSLN. Aunque algunos se unieron a la plataforma de buena fe, conscientes de que el partido no apoyaba esta campaña, otros tenían la misión de infiltrarse para obtener información, frenar posturas e implosionar el movimiento cuando resultara incómodo. En esos momentos, también descubrimos la infiltración de las fuerzas de seguridad del Estado. Así que construir la plataforma fue todo un desafío.

Aunque el FSLN expresaba públicamente ciertos desacuerdos con el TLC, en realidad fue colocando una serie de obstáculos para impedir que sindicatos, organizaciones estudiantiles y gremios vinculados a ellos se unieran a la campaña de lucha. Por ello, mantuvimos varias reuniones con cooperativas, sindicatos, gremios estudiantiles y productivos como la ATC y la UNAG. Solo el CIPRES y FENACOOP 1, junto con personas de base que actuaron por cuenta propia a través de sus colectivos barriales, se activaron en apoyo a la causa.

En una de esas reuniones, Edgardo García de la ATC, en un acto de sinceridad o quizás por descuido, dejó claro que no podían actuar porque no había «indicaciones del comandante«. Posteriormente, en otras reuniones bilaterales, algunos funcionarios del partido y de organizaciones nos informaron que el grupo de empresarios sandinistas había decidido alinearse con la secretaría para no oponerse al TLC. Algunos intentaban suavizar la situación diciendo: «Es que están informando mal al comandante«.

La posición predominante en el FSLN estuvo influenciada por el bloque conocido como «los empresarios», centrado en intereses financieros. Aunque hicieron algunas declaraciones públicas para mantener las apariencias, detrás de escena hubo numerosos intentos de desmantelar la plataforma.

La lucha fue sostenida principalmente por ONG, comités barriales, pueblos indígenas y otros colectivos sociales. Estos grupos se destacaron en la producción de conocimiento, intercambios internacionales, incidencia y movilización. Su trabajo constante, junto con el apoyo de otros movimientos sociales centroamericanos y mexicanos del Foro Mesoamericano, permitió posicionar una voz crítica que cuestionó la postura del gobierno nicaragüense, obligándolo a responder con una campaña de estigmatización.

Esta resistencia fue un esfuerzo minucioso de pequeños colectivos e individuos que trabajaron para denunciar los efectos del TLC sobre los impactos en la ecología, los derechos laborales y la agricultura campesina y sumar a más personas y grupos a la causa. El contexto general seguía marcado por los efectos del pacto Alemán-Ortega, que había debilitado al movimiento social y desmantelado los procesos de resistencia, utilizados como moneda de cambio. 

La única movilización a la que asistieron fue un mes antes de la aprobación del TLC. Recuerdo encontrarme con Edgardo García en la marcha, quien nos dijo: «Ahora sí, el hombre ya dio la orientación». Sin embargo, todo quedó en eso. Se tomaron fotos y aprovecharon la oportunidad para mejorar su imagen, presentándose como grandes defensores de la soberanía. Después de eso, no los volvimos a ver.

La motivación del FSLN y sus organizaciones para asistir a la movilización fue presionar al presidente Bolaños, quien mostraba señales de romper acuerdos con ellos bajo la presión de Estados Unidos. Estos acuerdos, en el contexto de la ruptura de Bolaños con Alemán y el PLC, le habían permitido al presidente superar su posición minoritaria en la Asamblea Nacional y contar con el apoyo de jueces orteguistas para procesar al corrupto Arnoldo Alemán.

El Frente solo se involucró cuando, según sus cálculos políticos, podía obtener una ventaja y evitar el desgaste que podría haber supuesto su posición «ambigua». Realizaron algunas actuaciones simbólicas en la Asamblea Nacional, pero en realidad acordaron no poner muchas trabas al TLC, que beneficiaba a sus sectores empresariales. Además, comenzaron a acercarse a las instituciones financieras internacionales y empresarios, dando sus primeros pasos hacia un modelo de consenso.

En el marco del modelo COSEP, el FSLN asumió con determinación la implementación del TLC. Ortega colocó a su hijo Laureano Ortega al frente de ProNicaragua 2 , la entidad institucional creada por los tecnócratas neoliberales del equipo de Bolaños, muchos de ellos negociadores del TLC, para facilitar la venta de territorios y recursos humanos de Nicaragua al mejor postor. ProNicaragua estuvo detrás de las iniciativas más agresivas en términos de extractivismo, economía verde, megaproyectos y maquilas que se implementaron en el país, siguiendo fielmente la línea de los anteriores gobiernos neoliberales 3. Incluso perpetuó el argumento clasista promovido por el equipo de Bolaños, que sostenía que Nicaragua es competitiva por tener los salarios más bajos de la región, lo que nos reduce a meros bienes que se venden a bajo costo. Este argumento, especialmente en el contexto de las maquilas, afecta principalmente a mujeres y jóvenes.

Por otro lado, la dictadura de Ortega se convirtió en un celoso guardián de los intereses de las transnacionales, reprimiendo cualquier resistencia en territorios y fábricas. Ordenó la represión de los sindicatos mineros y sus comunidades en la Mina Limón, de las trabajadoras de la maquila en Technotex, y de los campesinos de Rancho Grande que se oponían a la usurpación de su territorio por parte de las mineras. También reprimió la lucha contra el canal interoceánico, las manifestaciones de los afectados por el IRC contra el Ingenio San Antonio, vigiló las protestas ecologistas en el occidente del país por las tolvaneras y silenció las demandas por el derrame de combustible de PUMA.

Hoy, al igual que en el pasado, Ortega no considera la ruptura del TLC como una opción viable; nunca estuvo realmente en contra de él. Tanto el ALBA como el TLC y el ADA le han permitido, a él y a la oligarquía emergente del partido y del Ejército, acumular capital en diversos sectores de la economía, como la ganadería, la palma africana, la energía, las finanzas y la minería.

Una perspectiva crítica del TLC

Los tratados de libre comercio operan bajo una lógica colonial, diseñada para asegurar los intereses de las grandes potencias, ya sea con Estados Unidos, Europa o China. Estos acuerdos obligan a los países del sur a otorgar enormes privilegios fiscales, ofrecer mano de obra barata y ceder sus bienes comunes, a menudo en detrimento de las comunidades locales. Esta dinámica perpetúa un sistema de dependencia y explotación, donde las naciones más poderosas dictan las reglas del juego económico global. Como resultado, las comunidades locales enfrentan la pérdida de soberanía sobre sus recursos y la erosión de sus derechos, lo que subraya la necesidad urgente de replantear estos acuerdos para priorizar la justicia social, la equidad y el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente.

Aunque el TLC se firmó por separado con cada país centroamericano, geopolítica y económicamente constituye una sola área de comercio, que se extiende desde Canadá hasta Panamá. Este acuerdo articula el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC-RD) con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, como parte del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que abarcaba todo el continente americano. El cual no se pudo concretar en todo el continente, porque enfrentó resistencia, principalmente de los movimientos sociales, a través de levantamientos indígenas en Ecuador, el movimiento zapatista en México, la guerra del agua en Bolivia y la articulación social en el Foro Social Mundial. Posteriormente, la oposición de países como Argentina, Ecuador, Brasil y Venezuela, por diversas razones, algunos se enfocaron en fortalecer el Mercosur, mientras que otros impulsaron el ALBA.

Las élites económicas y políticas quieren ocultar, que el modelo implantado en Centroamérica es intrínsecamente violento, no es viable ambientalmente, ni justo socialmente, ni respetuoso de los derechos humanos, porque lo que está detrás es un proceso de acumulación por desposesión.

Los tratados de libre comercio, como el TLC y especialmente el ADA, se han presentado como herramientas para fortalecer los derechos humanos, la justicia social y el respeto al medio ambiente. Sin embargo, en la práctica, han promovido un modelo extractivista que incrementa las violaciones de derechos humanos y pone en peligro a los activistas que luchan por ellos, como lo documentan informes de diversos organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, la Iniciativa de Mesoamericana de Defensoras, Global Witness, entre otras.

El TLC consolidó una economía de rapiña en Nicaragua, donde el Estado ha servido principalmente al capital local y transnacional. Este acuerdo se negoció para proteger los intereses de las clases dominantes, dejando desprotegidos a los trabajadores, las comunidades campesinas e indígenas, las mujeres, la ecología y los servicios públicos. Las transnacionales se han apropiado de bienes comunes y territorios, perpetuando un proceso de acumulación por desposesión.

Hafortalecido actividades extractivistas y una economía de enclave, evidenciada en la expansión de la frontera agrícola y el crecimiento agresivo de sectores como la ganadería, el maní, la caña, la palma africana y la minería. Este modelo productivo, basado en el monocultivo y el agronegocio, ha devastado ecosistemas, deteriorado la diversidad cultural y modificado agresivamente los tejidos sociales e instituciones comunitarias.

En diferentes territorios campesinos e indígenas de Centroamérica, una explotación irracional y voraz ha destruido ecosistemas, deteriorado la diversidad cultural y modificado los tejidos sociales. La minería y la palma africana, en particular, han devastado territorios, acabando con la biodiversidad y la agricultura familiar. Este modelo colonialista y capitalista amenaza con empeorar la situación si no se cambia la perspectiva y se adoptan nuevas soluciones.

La implementación del TLC ha mantenido intacta la desigualdad, aumentando la injusta distribución de la riqueza. Mientras las grandes mayorías sufren los impactos de la deforestación, la falta de agua y la invasión de territorios indígenas, la riqueza se concentra en manos de unos pocos. Los trabajadores continúan en condiciones precarias, sin protección social ni derechos laborales adecuados, en un sistema que favorece a las grandes empresas y maquilas. Y buena parte de la población centroamericana sigue migrando, expulsada por la desigualdad y la violencia política.

El capitalismo imperante en Nicaragua se expresa con violencia en un proceso de recolonización del territorio. Las transnacionales, en alianza con las élites nacionales, avanzan en la expropiación de tierras, agua y recursos naturales, cosificando y mercantilizando todo a su paso. Los Estados nacionales han cedido soberanía a favor de las transnacionales, utilizando recursos represivos y marcos legales para facilitar este proceso.

Las amenazas de ruptura del TLC por parte de la administración de Trump no están motivadas por preocupaciones sobre la democracia, los derechos humanos o la justicia social del pueblo nicaragüense. Sus propias acciones, como la banalización del genocidio palestino, los ataques contra la Corte Penal Internacional y el irrespeto a los derechos de la comunidad LGTBIQ+, lo demuestran claramente.

Notas

  1. F ederación Nacional de Cooperativas. Esta fue disuelta a la fuerza por la dictadura de Ortega en el 2015. Sus oficinas fueron tomadas violentamente por la asesora legal del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), Gloria Mangas Mairena, acompañada de un grupo de choque.

  2. En octubre de 2022, mediante un decreto de urgencia, Ortega transformó la entidad en la “Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones” (SPIEX). Este cambio alteró su perfil, que anteriormente combinaba el sector privado y el estatal, hacia uno centrado en el Poder Ejecutivo, es decir, bajo el control directo de la familia Ortega Murillo. Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, continuó al frente de la institución. Sus objetivos tampoco cambiaron, como agencia especializada en facilita el proceso de acumulación por desposesión y sostener el modelo extractivista
  3.  Se recomienda leer los diversos informes realizados por la Fundación del Río, donde demuestra como las concesiones extractivas con la llegada de Ortega aumentaron exponencialmente. Así como correlacionado con esto, la masa boscosa descendió, a la par que la violencia en contra de los pueblos originarios y afrocaribeños aumentó.