Nueva política de deportación entre EE.UU. y Centroamérica: migrantes se convierten en “monedas de cambio” 

Maldito País

febrero 11, 2025

La visita de Marco Rubio a Centroamérica configuró y amplió para Estados Unidos una ruta de deportaciones de personas de distintas nacionalidades. Esta política de deportación no es nueva para el gobierno estadounidense, pero sí para la región centroamericana.

Los gobiernos de Panamá, Guatemala y El Salvador han aceptado recibir a personas deportadas desde Estados Unidos (EE.UU.) y que no son originarias de esos tres países. El compromiso de los presidentes centroamericanos es el resultado de la primera visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio a Centroamérica, quien recorrió la región con  el objetivo de garantizar la alianza para ejecutar el proyecto anti inmigrantes del presidente Donald Trump. 

El destino del camino de las deportaciones desde Estados Unidos se fue trazando conforme Marco Rubio visitaba y se reunía con los mandatarios de Centroamérica. Las propuestas no solo salieron del funcionario estadounidense, sino de los propios presidentes de donde son originarias muchas personas que se encuentran amenazadas por las políticas de deportaciones advertidas por Trump. 

La ruta de las deportaciones en Centroamérica

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino dijo que “bajo total costo de Estados Unidos”, su país sería un puente para las deportaciones. Sugirió hacer una ampliación al acuerdo migratorio con EE.UU. para generar las instalaciones en la pista aérea en la pista de Nicanor, ubicada en Metetí, una provincia del Darién. Mulino explicó que el plan sería que desde esa zona sean repatriadas personas de distintas partes de Sudamérica, como Colombia, Ecuador y Venezuela. 

Desde su vivienda ubicada en una zona exclusiva lago de Coatepeque, en el centro de El Salvador, el presidente Nayib Bukele propuso a Marco Rubio que su país podría no solo recibir personas deportadas de otros países, sino también reos, quienes serían recluidos el Centro de Confinamiento del Terrorimo (CECOT). Bukele ha convertido esta prisión en una insignia de su Gobierno, ya que es ahí donde se encuentran recluidos integrantes de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. 

La última visita del Secretario de Estados Unidos fue en Guatemala. Bernardo Arévalo fue más concreto en su propuesta a Marco Rubio: aumentar el 40 por ciento de los vuelos que transportan a personas deportadas desde Estados Unidos y que pertenecen a otros países. Arévalo también se comprometió al despliegue de distintas fuerzas de seguridad en los puntos fronterizos que comparte al este con Honduras y El Salvador y al occidente con México. 

Los detalles logísticos sobre cómo se ejecutarán estas deportaciones aún no se han discutido, ya que no se sabe cómo hará Guatemala, El Salvador y Panamá para enviar a las personas deportadas a sus países de origen. Cuando esta política ha sido aplicada en México, el gobierno de este país ha trasladado desde la frontera con Estados Unidos hasta las distintas fronteras con Guatemala a personas deportadas, tanto de ese país, como de Honduras y El Salvador. 

Los mandatarios centroamericanos dijeron que estos aspectos serían discutidos con sus respectivos equipos en Washington D.C. en las próximas semanas. 

El fantasma del Acuerdo de Tercer País Seguro

Durante el primer Gobierno de Donald Trump, los gobiernos centroamericanos, como el de Guatemala y El Salvador, firmaron el denominado Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), o como se conocía comúnmente, Acuerdo de Tercer País Seguro. Este tratado se utilizó para trasladar a Guatemala y a El Salvador a personas de otras nacionalidades que requerían de protección internacional.

En la práctica este Acuerdo convirtió esos traslados en deportaciones. En el caso de Guatemala, las personas eran llevadas  al Instituto Guatemalteco de Migración para identificar sus necesidades y ahí les preguntaban cuál de las dos opciones que este acuerdo ofrecía, querían elegir: refugio o retorno asistido a su país de origen. La mayoría de personas hondureñas y salvadoreñas siempre decidían volver a su país y no continuar ningún proceso de protección. 

Para Junek Vargas, internacionalista y migrantóloga, esta no es una política migratoria, es una política de deportación y de externalización de fronteras. Son acuerdos bilaterales de cooperación, donde las personas migrantes son “una moneda de cambio”, añade Vargas. 

A cambio de ser la ruta de la política de deportación de Estados Unidos, Marco Rubió se comprometió con Guatemala al restablecimiento de programas de desarrollo y seguridad como el combate al narcotráfico. En cuanto a El Salvador el Secretario de Estado de Estados Unidos firmó con Bukele el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica (NCMOU) para el desarrollo de infraestructura e investigación nuclear en El Salvador.  

Mientras los mandatarios Bernardo Arévalo y Nayib Bukele se abren a las políticas de deportación de personas inmigrantes en Estados Unidos, el Anuario de Migración y Remesas 2023 del BBVA dibuja un panorama distinto con relación a la dependencia económica que ambos países tienen de la población inmigrante en EE.UU. Guatemala se ubica en el segundo puesto como el país de Latinoamérica con mayor recepción de remesas desde Estados Unidos, mientras El Salvador se ubica en el sexto lugar, sin embargo, este pequeño país centroamericano es uno de los países con mayor dependencia a las remesas de acuerdo a su Producto Interno Bruto. 

El cierre al refugio en Estados Unidos

Mientras Estados Unidos asegura una ruta de  deportaciones con Centroamérica, en México la Comisión de Ayuda  a Refugiados (COMAR) ha reactivado sus operaciones de manera regular, después de haber cerrado brevemente en las oficinas del sur de México. Esta institución se ha convertido en una alternativa para las personas que quedaron varadas en territorio mexicano después que el presidente Donald Trump eliminara la aplicación CBP ONE, que era el mecanismo de solicitud de refugio en Estados Unidos. 

Según las autoridades mexicanas, no se contempla de nuevo la aplicación del programa Quédate en México, el cual obligaba a las personas a esperar en México su solicitud de refugio en Estados Unidos. Sin embargo, en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos se han reportado deportaciones expeditas y un cierre a los mecanismos para requerir protección. 

La solicitud de refugio es un derecho universal establecido en la Declaración Universal de Derechos Humano, en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, en donde se amplía el alcance de las personas bajo esta garantía y es cuando Estados Unidos se adhiere a este instrumento jurídico internacional.