No son desconocidas las violaciones a derechos humanos que atraviesan quienes son retenidos por agentes del INM en México, pese a que la norma indica que migrar sin documentos no es un delito, es una falta administrativa y las autoridades están en la obligación de resolver su caso en un periodo hábil de 15 días,  si se extiende la respuesta deben informar la razón sin sobrepasar los 60 días.

Más de 200 organizaciones defensoras de derechos humanos para personas migrantes en México y en la región, se han pronunciado en un posicionamiento urgente, reiterando al presidente mexicano que no estaban en un albergue -como afirmó en sus declaraciones-, las estaciones son cárceles para migrantes donde se les priva de su libertad, de lo contrario estarían a salvo de esta tragedia, asimismo demandan esclarecimiento de los hechos y solicitudes expresas para cada actor involucrado. 

Dichas instancias migratorias deben tener las mejores condiciones -así lo expresa la norma-, con derechos básicos como llamadas a sus familiares, comida y un sitio digno para dormir, además de brindarles información y ofrecer otro tipo de protección como la condición de refugiado y que la persona migrante esté enterada de otras opciones de protección, si su vida corre peligro en su país de origen y presenta fundados temores ante una posible deportación. 

Pero esto en la realidad no pasa, ayer lo vimos con esta noticia donde estos migrantes murieron en manos del Estado mexicano, que los contiene para que no lleguen a Estados Unidos, rechazando y violentando doblemente a quienes huyen de condiciones miserables porque en sus países de origen no tienen otra opción.