Tras los pasos del asesinato de Juan López, el ambientalista doblemente criminalizado

Maldito País

octubre 1, 2024

Krissia Girón

Entre los posibles móviles del crimen de Juan López está su pronunciamiento y constante lucha contra los proyectos extractivos en el Bajo Aguán, entre ellos los de la empresa EMCO/ Los Pinares S.A. de C.V. y Ecotek, que amenazan el área protegida del Parque Nacional “Montaña Botaderos Carlos Escaleras”.

Juan López fue asesinado en el país más letal para la defensa del territorio: Honduras.  El 14 de septiembre de 2024, varios disparos ensordecieron el Bajo Aguán, los que le quitaron la vida al salir de misa. Su lucha le trajo un proceso de criminalización en 2019, junto a otras 31 personas, por oponerse a un proyecto minero dentro de un área protegida en la zona norte del país. Pese a que recibieron un sobreseimiento de los delitos que les imputaban en 2022, la Corte de Apelaciones reabrió el caso para 5 personas, entre ellos el ambientalista recientemente asesinado. 

A los 32 defensores del territorio les acusaron de privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita en perjuicio de Santos Hernández Corea, Inversiones Los Pinares y la Seguridad Interior del Estado de Honduras. La Corte de Apelaciones de La Ceiba emitió dicha resolución el 5 de septiembre, pero notificó hasta el jueves 19 de septiembre, 5 días después del asesinato del defensor Juan López. 

La apelación al sobreseimiento definitivo de los líderes ambientalistas fue presentada por la Fiscalía de Tocoa, la misma que actualmente es una de las responsables de la investigación del asesinato de Juan López. Organizaciones populares y de derechos humanos han advertido que este hecho confirma el conflicto de interés de la Fiscalía de Tocoa para participar en dicha investigación, debido a supuestos vínculos con las empresas que criminalizaron a los ambientalistas. 

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, entre otras organizaciones, han condenado la decisión de la Corte de Apelaciones, definiéndolo como una confabulación entre los agentes jurídicos y estructuras criminales que defienden los proyectos extractivos en la zona. 

“Exigimos se detenga la persecución, la criminalización y la violencia contra defensores del territorio en el Aguán. Hacemos un llamado a Rebeca Raquel, magistrada de la Corte Suprema de Justicia para que investigue intereses de la Jueza miembra de la Corte de Apelaciones que dictó esta resolución contra defensores”, expresó el COPINH en un comunicado.

Por su parte, la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) de Honduras, Isabel Albaladejo, hizo un llamado al poder judicial para que desestime el proceso de criminalización contra el defensor Juan López y otros 5 defensores del territorio. 

“Que haga lo correcto en este caso, no solamente desvirtuar este nuevo intento de criminalización del defensor asesinado, sino a que aseguren la protección y un entorno seguro para quienes ejercen la defensa del país frente a poderes criminales, fácticos y económicos”, expresó a medios de comunicación. 

Tras el fallo, el fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya, expresó en su cuenta de X que ha ordenado una investigación “imparcial y objetiva” a la Corte de Apelaciones de La Ceiba, así como al fiscal a cargo del caso. 

Organizaciones exigen investigación internacional del crimen contra Juan López

Juan López fue defensor del territorio, regidor de la alcaldía de Tocoa, municipio del departamento de Colón. Formó parte del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y otros esfuerzos organizativos. El relato que se desprende de una investigación de Reportar Sin Miedo, explica que el defensor se encontraba en su automóvil con dos personas más, luego de ir al servicio religioso en la iglesia católica de su comunidad. Ahí, un sicario le disparó por la ventana. Testigos aseguran que habrían participado dos personas más en el crimen.

 

Juan también era un líder en dicha institución. Formaba parte de la Red Eclesial Mesoamericana y dirigió comunidades eclesiales de base. Por ello, la Conferencia Episcopal de Honduras también repudió “energicamente” el asesinato del defensor. También se pronunció el Consejo Nacional Apostólico, quienes expresaron sus dudas ante la “efectividad e independencia” del Ministerio Público, por lo que exigieron que la investigación sea auxiliada por instancias internacionales. 

Este crimen ha sido condenado a nivel nacional e internacional. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó que se utilizará “toda la toda la capacidad de las fuerzas del orden para esclarecer esta tragedia e identificar a los responsables”.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, ha solicitado una investigación exhaustiva y transparente. Al llamado de Nichols se sumó la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, quien exigió una investigación justa para que los responsables sean llevados a la justicia. 

Juan López contaba con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al proceso de criminalización que inició en 2019 y por haber sido objeto de amenazas y numerosas campañas de difamación. El incumplimiento de estas medidas, expresó el Observatorio de Justicia para los Defensores del Río Guapinol, es un reflejo de la falta de interés y respuesta interinstitucional coordinada para abordar la situación de riesgo inminente que enfrentan las personas defensoras en el país.

En ese sentido, la CIDH, junto a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), condenaron el hecho e instaron al Estado a “investigar los hechos de manera pronta y diligente, considerando su labor en la defensa de los derechos humanos como posible móvil del crimen, conforme a los estándares interamericanos”. 

“La Comisión y REDESCA también toman nota del rechazo público expresado por la Presidenta de la República de Honduras contra el asesinato y reiteran la necesidad de una investigación diligente que lleve al enjuiciamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, es fundamental que se considere la actividad de la víctima como líder y defensor del ambiente, la tierra y el territorio dentro de las líneas de investigación”, expresaron en su comunicado.

Entre los posibles móviles del crimen de Juan López está su pronunciamiento y constante lucha contra los proyectos extractivos en el Bajo Aguán, entre ellos los de la empresa EMCO/ Los Pinares S.A. de C.V. y Ecotek, que amenazan el área protegida del Parque Nacional “Montaña Botaderos Carlos Escaleras”. En 2017, un decreto disminuyó 217 hectáreas del área protegida para beneficiar a estos proyectos mineros. 

Otro de los móviles, según la investigación de Reportar Sin Miedo, fueron las tensiones entre López y el alcalde de Tocoa, Adan Funez, uno de los protagonistas del video recientemente revelado, en el que él y Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, aparecen negociando aportaciones para la campaña de esta última con narcotraficantes. 

El video provocó que defensores ambientalistas, entre ellos Juan López, exigieran la renuncia del alcalde de Tocoa por sus vínculos con el narcotráfico.

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Krissia Girón

Productora radiofónica y audiovisual, periodista y comunicadora feminista de El Salvador. Editora a cargo de la sección Tierra Rebelde en HoraCero.