Hora Cero
junio 16, 2025
Desde inicios del siglo XXI, datos de diferentes organismos perfilaban a Centroamérica como una de las regiones altamente vulnerable a los impactos del Cambio Climático. Este pronóstico se consolidó en los últimos 10 años y 2025 ha dejado en claro que, de no revertir esta tendencia, la región podría agravar su situación ambiental ya deteriorada, amenazando todas las formas de vida.
Este año, Centroamérica presentó una intensificación de su vulnerabilidad climática, considerada la segunda más alta del planeta. Los primeros meses del año dejaron un saldo de más de 28 mil hectáreas de bosque impactadas en Honduras debido a incendios forestales y más de 16 mil hectáreas en Guatemala por la misma causa. En este mismo país se registraron más de 24 mil personas damnificadas durante la temporada de lluvias y 45 fallecidas; mientras que en Honduras se contabilizaron 35 mil personas afectadas y centenas de evacuados en El Salvador y Nicaragua.
El informe del Estado de la Región, realizado por el Programa Estado de la Nación, en Costa Rica, señala que la situación de la región es compleja, ya que es ambientalmente insostenible y socialmente excluyente. Cinco países se encuentran en situación de déficit ambiental, cuatro de ellos en un nivel superior al 43%. Alberto Mora, coordinador de la investigación, explica que este déficit revela el alto consumo de recursos naturales y contaminación generados a un ritmo superior en la región, lo que impide a los ecosistemas poder recuperarse.
Para Mora, los factores de este déficit ambiental están en el consumo de combustibles fósiles, sistemas de movilidad obsoletos, urbanización acelerada de los países y otros patrones ambientales de producción y consumo. Sumado a ello, la crisis climática se entrelaza con las crisis institucionales y retrocesos democráticos de cada país, lo que coloca como blanco de los impactos más graves a las comunidades más empobrecidas.
“Los escenarios de cambio climático para la región son realmente muy alarmantes. Puesto que es un fenómeno global y nuestra incidencia para modificar su comportamiento es prácticamente nulo, tenemos que buscar la forma de que nos afecte menos y esto se hace a través de la adaptación de nuestros sistemas de producción y la forma en que desarrollamos nuestras actividades sociales, económicas y humanas para reducir, hasta donde sea posible, el impacto de este fenómeno”, explicó.
Las demandas de acciones concretas para la adaptación al cambio climático y de compromisos más ambiciosos de parte de los estados fueron presentadas en la COP30, celebrada en Brasil. Ambientalistas y organizaciones de Centroamérica se unieron al grito mundial que exigió mayor inversión en acciones para la adaptación, eliminar el uso de combustibles fósiles, una transición energética justa y una participación justa de todos los sectores.
Esta edición de la Convención se dio en el marco de los 10 años del Acuerdo de París, un convenio que compromete a los países a mantener la temperatura del planeta a menos de 2°C, con acciones como la reducción de emisión de gases y la reducción del uso de combustibles fósiles. Sin embargo, durante las negociaciones, hubo una mayor presencia de representantes de la industria de combustibles fósiles que en otras Conferencias de las Partes, llegando a contabilizarse más de 1,600 personas, es decir, 1 de cada 25 participantes de la COP30 era un lobista de los combustibles fósiles.
La COP30 finalizó el 22 de noviembre con diversos acuerdos y una de las grandes decepciones para los ambientalistas: en ninguno de los textos finales se incluyó la tan esperada hoja de ruta para dejar atrás los combustibles fósiles. La presidencia de la Convención dijo que se creará una como iniciativa propia, pero por fuera del proceso de implementación de la COP, lo cual genera dudas sobre lo que esto significa en la práctica.
Entre otros acuerdos, se triplicó el financiamiento para la adaptación a los efectos del cambio climático -de 40,000 a 120,000 millones de dólares hasta el 2035- y se creó un mecanismo para la transición energética justa. Al respecto, Alberto Mora considera que los países centroamericanos deben priorizar la agenda ambiental y de desarrollo en diferentes ámbitos, y generar acciones articuladas en foros internacionales para realmente recibir el apoyo financiero que requieren para realizar las acciones de adaptación.
“La magnitud de las inversiones que países como los nuestros necesitan hacer, no solo en infraestructura, sino en tecnología, en modificación de los sistemas productivos y el acompañamiento de toda la población que está involucrada en ese proceso de transformación, rebasa absolutamente las capacidades financieras de estados pequeños y débiles como los nuestros además por la magnitud de la afectación y de las inversiones que se requieren”.
2025 marcó el paso de procesos judiciales importantes para personas defensoras del territorio criminalizadas por su labor, al igual que pueblos indígenas de la región que buscan justicia y verdad para sus comunidades y sentencias que busquen el reconocimiento de hechos marcados en la memoria de cada país.
De enero a mayo se realizó el juicio contra cinco ex patrulleros de autodefensa civil (PAC), por ejercer violencia sexual, detención ilegal y tortura contra mujeres del pueblo Achí, en Guatemala. Estos fueron condenados finalmente a 40 años de prisión luego de la presentación de diversos testimonios de mujeres víctimas de estos delitos.
Este proceso histórico dejó en claro que el Ejército de Guatemala utilizó la violencia sexual como arma de guerra en contra de mujeres indígenas. La estrategia se basaba en acusar a las mujeres de ser parte de la guerrilla, para capturarlas y mantenerlas en cautiverio, bajo una gran cantidad de violaciones a sus derechos, torturas y malos tratos.
Entre los diversos casos de líderes indígenas criminalizados en Guatemala se encuentra el de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, líderes de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán acusados de asociaciones ilícitas y ser los rostros visibles de las protestas a nivel nacional de 2023, en las que se pedía respetar los resultados electorales generales. Situación que se repitió en enero de 2024, donde las protestas fueron una medida de presión para garantizar el traspaso de mando del presidente Bernardo Arévalo.
Ambos fueron detenidos en abril de 2025. Familiares y abogados han denunciado una supuesta instrumentalización del sistema judicial, tras siete meses de su captura. Denuncian que, pese a que las investigaciones concluyeron en junio, el proceso se ha detenido deliberadamente. Por el mismo caso también fue detenido el pasado 28 de agosto Esteban Toc, exvicealcalde de la Alcaldía Indígena de Sololá, quien guarda arresto domiciliario por problemas de salud.
El Salvador amaneció en 2025 con la nueva Ley de Minería aprobada en diciembre de 2024, que permite la incursión de esta industria extractiva en territorios de interés minero. Este fue uno de los países que aceleró el paso en el número de violaciones a derechos humanos, líderes ambientalistas criminalizados y personas defensoras detenidas, lo que devino en un fuerte exilio de periodistas, defensores y el cierre de organizaciones sociales que realizaban labores importantes en los territorios.
Uno de los procesos que culminó con resolución favorable fue el caso de los 5 líderes de Santa Marta, quienes comenzaron el año arrastrando un proceso judicial que inició con su detención el 11 de enero de 2023 y que finalmente culminó en septiembre de 2025, con la sentencia del Tribunal de San Vicente que les declaró inocentes y en libertad.
Esta sería la segunda declaratoria de inocencia que reciben los 5 de Santa Marta, ya que, en noviembre de 2024, otro tribunal afirmó que se extingue la acción penal por prescripción debido a que no fue posible sostener que los acusados hubieran participado en el hecho. Sin embargo, la Fiscalía insistió en revocar esta decisión y el proceso se repitió este 2025 en un nuevo tribunal.
El nuevo tribunal también dejó en claro que las organizaciones guerrilleras de los años 80 no pueden ser criminalizadas bajo la categoría de asociaciones ilícitas, un precedente importante en el contexto salvadoreño donde varios ex combatientes del FMLN se encuentran acusados o detenidos en diferentes procesos. El Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES) ha registrado 90 casos de presos y perseguidos políticos en los últimos 5 años. Solo en 2025, se reportaron 28 incidentes.
En los primeros meses del año, las comunidades que habitan la cooperativa El Bosque denunciaron que una resolución judicial dejaría sin hogar a las más de 300 familias que habitan en ese lugar, ubicado en Zaragoza, La Libertad. En mayo, tras meses de peticiones al gobierno central y al sistema de justicia en busca de respuestas, las familias de la Cooperativa decidieron realizar una protesta pacífica en los alrededores de la Residencia Presidencial, lugar donde habita el presidente y su familia y donde se construye una infraestructura valorada en 1.4 millones de dólares.
La respuesta del gobierno: presencia de más de 100 efectivos entre Policía Nacional Civil y Policía Militar, una unidad que no había sido vista desde los Acuerdos de Paz en 1992. Empujones, gritos y llantos empezaron a protagonizar las transmisiones en vivo de los medios comunitarios. Los policías buscaron tomar por la fuerza a varios de los líderes de la cooperativa. Como resultado, el presidente de la Cooperativa, José Ángel Pérez, capturado al momento de los hechos, y uno de los abogados y defensor de derechos humanos, Alejandro Henríquez, capturado al día siguiente, enfrentaron un proceso judicial los siguientes meses por resistencia agresiva al arresto y desórdenes públicos.
Ambos fueron liberados este 17 de diciembre, luego de solicitar un proceso abreviado en el que tuvieron que aceptar los delitos que no cometieron. Fueron condenados a dos años de prisión por resistencia agresiva y un año de prisión por desórdenes públicos. Por medio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la condena de prisión fue reemplazada con 3 años de cumplimiento de regla de conducta.
Una de las medidas más restrictivas es que no pueden participar en actividades por las que han sido condenados. Sin embargo, esta norma no aplica al ejercicio de la defensa de derechos humanos, como han explicado sus abogados.
Los hechos que devinieron a la represión contra la Cooperativa El Bosque generaron una situación de no retorno en el país. Los periodistas comunitarios que cubrieron los hechos permanecen en el exilio debido a amenazas a su seguridad. Este caso fue utilizado por Bukele para justificar la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), que busca controlar y castigar las finanzas de organizaciones de la sociedad civil que “tengan actividades con fines políticos”, según declaró.
El Informe Anual de la Conflictividad Socioterritorial en Honduras 2024, publicado este año por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), a través del Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial, identificó 58 conflictos socioambientales en el territorio. Según este análisis, los avances en materia medioambiental de este gobierno son parciales, frágiles y enfrentan “riesgos serios de estancamiento o reversión, especialmente en un contexto donde las decisiones tienden priorizan resultados simbólicos inmediatos sobre transformaciones estructurales sostenibles”.
El 14 de septiembre de 2025 se cumplió un año del asesinato de Juan López, defensor del territorio y líder comunitario cuya voz se alzó contra los proyectos extractivos en el Bajo Aguán, departamento de Tocoa, Honduras. A casi un año, ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial han logrado borrar la sombra de impunidad que cubre este proceso.
La audiencia en contra de los acusados del crimen fue postergada desde el 3 de junio hasta que se realizó el 28 de agosto, debido a que la Fiscalía respondió tarde a la solicitud de juicio abreviado del acusado Oscar Alexis Guardado, señalado de disparar el arma en contra del defensor. Las reuniones para continuar con las líneas de investigación siguieron en los meses siguientes.
Este 5 de diciembre, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa informó que, por séptima ocasión, se suspendió la audiencia de proposición de pruebas en el caso del asesinato del defensor. Señalaron que esta audiencia es un paso crucial para avanzar hacia el juicio oral y público para conocer cómo actuó la estructura criminal que ejecutó el asesinado.
Al respecto, el Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol, señaló que, a casi una década de ataques contra el Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, y pese a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, el Estado hondureño no ha desplegado una estrategia efectiva para investigar, judicializar y desmantelar las redes criminales detrás de estos hechos.
Por ello, exigieron al Poder Judicial que garantice procesos prontos, diligentes y probos, que incluyan la verdad completa sobre el crimen: planificación, financiamiento y redes de protección; el procesamiento de todos los responsables, incluidos los autores intelectuales que siguen libres y amenazan a quienes defienden su tierra y el fin a las tácticas dilatorias que bloquean un juicio transparente con garantías reales.
En abril, la Asamblea Nacional del régimen Ortega-Murillo aprobó la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y de Desarrollo Sostenible, una normativa que, a juicio de ambientalistas, representa la priorización de los intereses económicos de las élites y socios del régimen por encima de los bienes naturales protegidos del país. Esto debido a cambios como hablar de “aprovechamiento” de los recursos en lugar de “protección”.
El artículo 1, que plantea el objetivo general de la ley, habla de armonizar los criterios y categorías de las áreas con el “aprovechamiento racional”, “transformando la ruta de crecimiento económico”. El artículo 21 señala lo que se puede permitir dentro de las áreas protegidas: actividades económicas, aprovechamiento de recursos geotérmicos, geológicos, minerales, hidrocarburos, entre otros. También abre la puerta a la cacería por “subsistencia”, a la construcción de infraestructura para hidrocarburos e hidráulica, así como a concesiones para la acuicultura.
Esta ley conecta con las denuncias de Fundación del Río sobre actividad minera en áreas de reserva ecológica. “Desde 2019, Fundación del Río ha identificado cuatro sitios de minería ilegal en la Reserva Indio Maíz y tres dentro del territorio Rama Kriol. Las Cruces es el más grande: 250 hectáreas, (equivalente a unos 350 campos de fútbol), tres barrios, 724 champas, dos bares, una iglesia, puntos de prostitución y drogas”, reveló la Fundación en sus redes sociales.
Además, denunciaron que entre 2023 y 2025, el Ejército de Nicaragua (EN), particularmente el Destacamento Militar Sur, ha publicado 22 notas informativas sobre diversas detenciones e incautaciones de materiales, equipos e insumos dedicados a la actividad minera dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.
“En dichas notas, el EN confirma la actividad minera, sin embargo, sus acciones se han concentrado sobre el Río San Juan, particularmente en el puesto de Boca de San Carlos; otras instituciones como MARENA y el Ministerio de Energía y Minas no han confirmado oficialmente las actividades mineras en la zona”, señalan.
Por otra parte, este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica el informe sobre “Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua”, en el que se analiza la situación de violencia que enfrentan estos pueblos y su impacto en los derechos humanos.
La CIDH identifica una serie patrones de violencia ejercida contra estos pueblos, entre los que destacan: ataques armados perpetrados por colonos y crimen organizado que ocurren con tolerancia del Estado; asesinatos, y la criminalización de autoridades tradicionales, líderes comunitarios y personas defensoras del territorio; amenazas, hostigamientos y la extorsión de comunidades; así como hechos de tortura y violencia sexual. “Estos actos de violencia ocurren bajo una impunidad estructural y en un contexto de concentración absoluta del poder en el Ejecutivo”, dice el informe.
La existencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes está en riesgo. “La violencia ejercida por colonos armados ha resultado en el despojo y desplazamiento de sus tierras ancestrales y territorios, lo que amenaza su supervivencia cultural y colectiva. Estos territorios no sólo constituyen su espacio de vida, sino que son la base esencial para el desarrollo de sus conocimientos, formas de vida, tradiciones y espiritualidad, así como para la continuidad de su cosmovisión. En este sentido, el despojo territorial y el desplazamiento forzado vulneran el derecho a la identidad cultural y a la propiedad colectiva de estos pueblos”, concluye el informe.
La otra cara del denominado “país verde” -la narrativa que ha posicionado a Costa Rica como protector de la naturaleza- se revela a la luz de las historias de defensores del territorio asesinados y amenazados en un país que no reconoce su labor ni se adhiere a compromisos con los derechos ambientales a través de acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que compromete a los Estados a su protección integral.
El 10 de agosto, Pablo Sibar, de 69 años, líder indígena de Térraba, fue amenazado en su propia tierra por personas que invadieron su finca. La policía se negó a desalojarlos debido a que ellas, al igual que Sibar, también tenían un certificado de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba. Este sistema creado desde 1979 con la Ley Indígena, indica la ruta para traspasos y negociación de tierras indígenas entre las y los miembros de estas comunidades.
Sin embargo, personas ajenas llegan sin previo aviso a las comunidades, con certificados emitidos por la ADI alegando la propiedad de las tierras. Para organizaciones sociales y activistas, estas acciones revelan un patrón de despojo, hostigamiento y violencia contra los territorios originarios. Algunos de estos conflictos han culminado en el asesinato de Jhery Rivera y Sergio Rojas, líderes indígenas cuyos crímenes permanecen en la impunidad.
En el umbral del 2026, Centroamérica se erige como un territorio herido, donde los impactos del cambio climático, la minería y los megaproyectos, han rasgado la frágil piel de la tierra, ante la indiferencia de los Estados que siguen dando la espalda al tema ambiental. Las personas defensoras del territorio son silenciadas con balas y procesos judiciales maliciosos en medio de retrocesos democráticos que imponen control y censura ante el grito desesperado de la tierra y las comunidades que exigen condiciones de vida digna y protección de la naturaleza.
Pero este balance no es un epitafio. Pequeñas victorias como la libertad de Alejandro, José Ángel y los 5 de Santa Marta son esperanza y un grito de rebeldía frente a la entrega de tierras a mansalva y las violaciones a derechos humanos. Es tiempo de sembrar resistencia.
“Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”.
Berta Cáceres
