Hora Cero
junio 16, 2025
Centroamérica está inmersa —como nunca antes en su historia reciente— en un laberinto. El autoritarismo, la demolición del Estado de derecho y la fractura institucional son evidentes. Hubo un tiempo en el que la región se contaba a sí misma un relato de futuro. Era la narrativa de la paz y sus acuerdos luego de guerras fratricidas e intestinas. Era el paso de las dictaduras a las sociedades con instituciones que podrían edificarse bajo la confianza renovada de sus Estados. Pero hoy, ese relato que inundó a la región tras la década de los 80 está diluído a tal punto de ser borrado.
Centroamérica, en 2025, se ha convertido en una región donde abundan —de nuevo— los soldaditos de plomo, las dictaduras de manual y los gobiernos tan frágiles que se los puede llevar cualquier temporal. No importa la ideología que dicen representar, su único afán ha sido demoler la democracia tramo a tramo.
Esta degradación tiene rostro y culpables. Es la muerte civil decretada en Nicaragua, donde ser ciudadano ya no es un derecho de nacimiento sino una concesión revocable. En 2025, la cifra de despojo de nacionalidad por decreto llega a los más de 450, y contando. Son apátridas, debido a esa frenética intención de convertir a Nicaragua en un feudo. Es la imagen de periodistas salvadoreños, que tuvieron que exiliarse tras órdenes de captura que emitió el régimen de Nayib Bukele, la nueva dictadura —porque tener solo una en Centroamérica no era suficiente— que se estableció para quedarse. Es la paradoja de Guatemala, donde líderes indígenas que defendieron el voto en las calles y en las urnas hoy son criminalizados por un todopoderoso Ministerio Público que encarna el pacto de corruptos.
Algo así es el retrato de Centroamérica en 2025: una región que ha despojado a su población de sus derechos humanos más fundamentales y que ha retrocedido a sus peores décadas. Este año, ya no podemos decir que son un mosaico de democracias frágiles intentando madurar. La narrativa de los 90 es imposible de sostener en una región que trató de construir su futuro con base a eso. Son bloques endurecidos, impenetrables, donde se ha consolidado el autoritarismo, la falta de gobernabilidad por intereses corruptos. Incluso, el faro que brillaba por todo lo alto e inspiraba a muchos gobiernos de que la región podría ser más que guerras, dictadores y soldaditos de plomo, ve su futuro comprometido y con la disyuntiva puesta para el 2026. Costa Rica también ve su reflejo en ese abismo que deberá elegir entre sostenerse o caerse a pedazos.
El caso más extremo sigue siendo Nicaragua. En 2025 ha perfeccionado lo que el Grupo de Expertos Independientes de la ONU califica como una “maquinaria unificada de represión”. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la eterna pareja dictatorial del país, ha instaurado un modelo de “muerte civil” no sólo ya a claros disidentes, sino a cualquiera que ellos crean, sientan y perciban como enemigos.
Decenas de personas, de cualquier perfil, han quedado varadas en 2025 en otros países. Imposibilitados de acceder de nuevo a Nicaragua, se convierten en apátridas de manera de facto. Todo ello ha provocado que la disidencia dentro del país no exista. Las 40 formas de tortura documentadas por el Colectivo Nicaragua Nunca Más —desde la violencia sexual hasta la privación sensorial— son el recordatorio brutal de que el poder absoluto no tolera ni el susurro de una crítica.
Cruzando el Golfo de Fonseca, El Salvador nos ofrece una versión populista del autoritarismo a la Bukele. Todo un nuevo género de represión y manodurismo que parece inspirar al mundo. Es una mezcla entre la figura del dictador fuerte del pasado, potenciada por las redes sociales. Tras más de tres años de régimen de excepción ininterrumpidos, el país vive un estado policial. La seguridad en las calles es innegable, pero el costo se paga con los derechos.
En febrero, Bukele obtuvo su primera reelección. Algo que bloqueaba la Constitución del país, que prohíbe la reelección inmediata. También, los legisladores de su partido son mayoría en el Congreso. Los salvadoreños le dieron a Bukele todas las llaves de su democracia.
En Guatemala, la tragedia es institucional. 2025 ha sido el año de la parálisis. A pesar de las aspiraciones democráticas del presidente Bernardo Arévalo, no ha podido hacerle frente a un Ministerio Público controlado por Consuelo Porras, quien demuestra tener un verdadero poder fáctico, utilizando la ley no para perseguir el crimen, sino para cazar a quienes lo denuncian. Véase el caso del periodista José Rubén Zamora, quien sigue en prisión por órdenes y disposición de ese régimen.
La visita este año al país de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) confirmó lo que sabíamos: Guatemala es un Estado capturado. La persecución contra periodistas, exfiscales y líderes indígenas, es decir, de voces críticas, es la clave para garantizar la impunidad de redes político-económicas que buscan silenciar cualquier voz. Mientras las comunidades indígenas sufren desalojos violentos y hambruna, la maquinaria judicial dedica sus recursos a criminalizar a quienes defienden la democracia. Es un gobierno bajo asedio, donde la justicia se ha convertido en el arma más letal.
Honduras cierra 2025 en medio de una crisis poselectoral La situación se agudiza tras el retraso en el conteo de los votos y el desconocimiento del proceso por parte del oficialismo. En medio de eso, el país sigue siendo una máquina de expulsión de personas, que migran en la búsqueda de mejores oportunidades.
Ser defensor del territorio o activista en Honduras sigue siendo una sentencia de muerte latente. Los 35 defensores asesinados desde 2022 —hasta marzo de 2025— y la impunidad en los femicidios demuestran que, aunque cambien los colores del gobierno, las dinámicas de poder y violencia permanecen intactas.
Quizás lo más alarmante de 2025 sea mirar hacia el sur. Costa Rica, el histórico refugio, muestra grietas severas. Su reclasificación como “democracia imperfecta” y las denuncias sobre el trato a migrantes —detenciones arbitrarias de niños y devoluciones sin garantías— señalan que la erosión democrática es contagiosa. Cuando incluso el faro de la región empieza a descomponerse, significa que el retroceso en la región es general.
La conclusión es demoledora. Centroamérica se ha perdido en su relato tras los acuerdos de paz que se celebraron en varias de sus sociedades, con júbilo y esperanza. Ha retrocedido décadas en términos de libertades y derechos. La independencia judicial es casi nula en varios de los países, la prensa libre opera —cada vez más— en el exilio, y el espacio cívico se cierra.
En medio de ese apagón, la resistencia se palpa en las madres que denuncian en El Salvador la detención arbitraria de sus hijos, esposos y hermanos. En los periodistas de Nicaragua, Guatemala y El Salvador envueltos por el exilio, pero convencidos en seguir contacto una región que se cae a pedazos. En los defensores de derechos humanos que denuncian la situación de sus países.
La lección del 2025 es clara: ni las instituciones ni el Estado nos salvarán, porque muchas de ellas ya han caído y cedido al autoritarismo. La esperanza de la región recae, ahora más que nunca, en la resistencia —a veces silenciosa— de la gente.
