El pasado 1 de marzo de 2022, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a través del Consejo de Ministros, declaró estado de emergencia en el Sistema Penitenciario Nacional, con el objetivo inmediato de desmilitarizarlo, reformarlo y modernizarlo de manera gradual y progresiva, garantizando el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, en particular su integridad física y psíquica, salud, vida y el tratamiento, rehabilitación y la reinserción social, contribuyendo al fortalecimiento y aseguramiento del nuevo sistema de gestión penitenciaria, según indica el artículo 1 del PCM-03-2022. 

El plan de desmilitarización y control de los centros penales no ha dado resultados y a lo largo del 2022 y lo que va del 2023 se han registrado múltiples reyertas a lo interno de las cárceles, la mayoría se debe a conflictos entre la mara Barrio 18 y la Mara Salvatrucha-13. 

Otro punto que intensificó la lucha por el control de los centros penitenciarios en Honduras fue la reyerta simultánea en 4 cárceles del país el sábado 8 de abril del presente año, que ocasionó que Castro, a través de redes sociales, nombrara a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva como líder de la Comisión Interventora de los Centros Penales. 

Una semana después de haber sido nombrada por la presidenta de Honduras para presidir la interventora, Villanueva anunció las primeras diez medidas que se estarían tomando para retomar el control de los centros penales de las pandillas y el crimen organizado. Entre las iniciativas destaca el bloqueo total de las señales telefónicas, el desarme de los y las privadas de libertad a través de registros manuales y la remoción del personal penitenciario a través de una evaluación exhaustiva. Pese a esto, los enfrentamientos a lo interno de las cárceles continúan. 

Asimismo, hay otros factores que suman a la falta de orden y control en los centros penales, como el hacinamiento. La sobrepoblación en los centros penales es de alrededor de 6,500 reos, ya que el sistema penitenciario de Honduras tiene capacidad para unos 13,000 reclusos, pero según datos del Instituto Nacional Penitenciario, hay aproximadamente unos 19,500 privados y privadas de libertad. El PNFAS, registra un 84% de capacidad por sobre el límite establecido. 

Cabe destacar que los atentados a lo interno de los centros penales del país se sitúan en el marco de un estado de excepción aprobado desde diciembre de 2022, con el objetivo de combatir la extorsión y la criminalidad, pero hasta el momento no ha dado resultados.