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Martín Morales, el décimo defensor ambiental asesinado en Honduras durante el 2023
Maldito País
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Diez defensores ambientales han sido asesinados en Honduras en 2023, mostrando impunidad y falta de protección. La lucha por la tierra y los recursos comunes es un factor común en estos casos.
El 28 de mayo, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) emitió una alerta anunciando el asesinato del líder garífuna Martín Morales Martínez, un día después de que había sido reportado como desaparecido por sus familiares en la comunidad de Triunfo de la Cruz, en el departamento de Atlántida. Morales se convierte en el décimo ambientalista asesinado en Honduras en lo que va del 2023 y el segundo de su comunidad.
Morales Martínez formaba parte de la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de la Sentencia de Triunfo de la Cruz emitida en octubre del 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, declaró responsable internacionalmente al Estado de Honduras por la violación del derecho a la propiedad colectiva, en perjuicio de la comunidad y sus miembros.
Entre sus reparaciones, la sentencia establece demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación, además de otorgar un título de propiedad colectiva sobre un lote de tierra reconocido como territorio tradicional de la comunidad Triunfo de la Cruz por parte del Estado, el cual deberá ser debidamente delimitado y demarcado.
El asesinato a Morales Martínez, quién además formaba parte del Comité de Defensa de la Tierra de su comunidad, fue condenado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), la embajadora de Estados Unidos en Honduras, la ciudadanía organizada y la comunidad internacional, sin embargo, no hay declaraciones oficiales por la Secretaría de Derechos Humanos ni por otra institución de Gobierno.
El décimo en la lista
De acuerdo al Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras de la OACNUDH, en el 2022 se registró el asesinato de 11 personas defensoras de los derechos humanos en Honduras, de las cuales 6 se dedicaban a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente. De los asesinatos registrados en los primeros seis meses del 2023, la mayoría se han perpetuado en la región del Valle del Aguán, en el departamento de Colón.
Los primeros dos defensores de la vida y los bienes comunes asesinados en el 2023, fueron Jairo Bonilla y Aly Domínguez de la comunidad de Guapinol, quienes fueron interceptados en la tarde del 7 de enero, cuando terminaban sus labores en la aldea La Concepción, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
Bonilla y Domínguez eran defensores del Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras, y de los ríos Guapinol y San Pedro, donde ilegalmente opera el mega proyecto extractivo Inversiones Los Pinares, del empresario Lenir Perez, quien fue interrogado por el FBI en su residencia en Florida, Estados Unidos, el pasado mes de abril.
10 días después del asesinato de los defensores de Guapinol y el Sector San Pedro, Omar Cruz Tomé -dirigente campesino en el Valle del Aguán- fue liquidado junto a su suegro Andy Martínez Murillo en su vivienda, a manos de sicarios.
Cruz era presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles y ya se había advertido públicamente que su vida corría riesgo desde octubre de 2022, por lo que los integrantes tanto de la Plataforma Agraria como la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, sostienen que el gobierno tenía conocimiento del plan para asesinar a Cruz Tomé y no hizo nada para pararlo.
Antes de que terminara el mes de enero fue asesinado Ricardo Arnaúl Montero, el cuarto de la lista, de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, quien al igual que Martínez Morales era miembro del Comité de Defensa de la Tierra.
De acuerdo a miembros del Comité, Ricardo había solicitado protección a la Secretaría de Derechos Humanos en diciembre de 2022, debido a múltiples amenazas de muerte en su contra. Asimismo, el comunicado emitido por OFRANEH, denuncia el permanente hostigamiento del complejo turístico “Playa Escondida” a las y los defensores de la comunidad de Triunfo de la Cruz.
A menos de un mes del atentado en contra del líder campesino y su suegro, el 13 de febrero fue asesinado Santos Hipólito Rivas, dirigente y miembro de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez, junto a su hijo de 15 años, Javier Rivas, en la región del Valle del Aguán.
El crimen fue suscitado cuando Rivas y su hijo se desplazaban en motocicleta en la comunidad de Llanga, en Trujillo, siempre en el departamento de Colón. El Bufete Estudios para la Dignidad, apoderados legales de la causa, recalca que estos asesinatos se deben a la impunidad que los gobiernos de Honduras le han permitido a las empresas agroindustriales que operan en la región.
Seguido del asesinato de Santos Rivas y su hijo, en la comunidad de Buenos Aires del sector Pajuiles en Tela, Atlántida, fue asesinado el defensor del agua y la vida, Benigno Maldonado, el 18 de febrero en su vivienda.
Maldonado era líder de la oposición al proyecto hidroeléctrico en el río Mezapa de la Hidroeléctrica Centrales El Progreso, conocida como Hidrocep. Según cifras del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el proyecto privará de agua a más de 30 mil personas de la comunidad y de la zonas aledañas, además de que causaría una frente contaminación al vital líquido.
El noveno defensor de la tierra y el medioambiente asesinado fue Emerson Martínez de 22 años, integrante de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles en el Bajo Aguán e hijastro del vocero y representante de la organización, el sábado 25 de marzo.
Basado en los testimonios de representantes de la Plataforma Agraria, el asesinato al joven Martínez es un claro mensaje a su padrastro, Abraham León, especialmente por el fuerte vínculo amoroso y de respaldo entre ambos.
Hasta el momento, los diez asesinatos a defensores del territorio y la vida se mantienen en completa impunidad, pese a que todos han sido condenados a nivel nacional e internacional.
Impunidad, promesas inclumplidas y negligencia
Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) se registran 135 asesinatos a personas defensoras de los derechos humanos desde el 2014 hasta la fecha, de los cuales el 95% de los casos se encuentra impune, por lo que consideran al país centroamericano como uno de los más peligrosos en el mundo para realizar labores de defensoría.
En esa lógica, es lamentable que a quince meses del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quién prometió en su discurso de toma de posesión el 27 de enero de 2022 justicia para la ambientalista Berta Cáceres, no se haya trabajado hacia un sistema de protección para las personas que protegen la naturaleza.
Por otro lado, es urgente que en el país se empiecen a considerar nuevos abordajes a la conflictividad socioambiental, por lo que Lucía Vijil, investigadora y asesora en materia de justicia ambiental del CESPAD, recomienda que cualquier abordaje de conflictividad que se pretenda realizar (para buscar sus soluciones) debe partir de la apropiación del entorno natural, grupos sociales que interactúan, matrices de producción y trabajo; flujo de capital y el reconocimiento de la naturaleza como ese espacio de interacción.
Si bien, cada uno de los defensores asesinados en lo que va del 2023 tiene particularidades en su caso, las disputas por el control de las tierras y los bienes comunes de la naturaleza se plantean como el factor común, por lo que es urgente que se empiecen a considerar nuevas formas de protección a las y los defensores, pero también que se priorice la búsqueda por la justicia en estos casos.
René Estrada
Periodista hondureño orientado a la comunicación política estratégica y la incidencia con experiencia en la lucha anticorrupción de su país y en la defensa de los derechos humanos.
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