El decreto aprobado por el congreso también suprime el capítulo VII de la Ley de Cultura, que da vida a las Casas de la Cultura, una red de espacios abiertos al público en diferentes municipios, donde se generan y promueven expresiones y prácticas artísticas-culturales, mediante procesos participativos como talleres de formación, así como espacios con salas lúdicas y bibliotecas. 

Las Casas de la Cultura fueron establecidas en 1972. Algunas de estas sedes, además, albergaban documentos históricos y obras de artistas locales, suscitando preocupaciones sobre el futuro de estos bienes culturales tras el cierre, el cual representa no solo la pérdida de espacios físicos, sino también de un legado cultural invaluable para El Salvador, que ha formado generaciones de artistas y ha enriquecido la vida cultural del país durante décadas.

El internacionalista y gestor Cultural Leonardo Fuentes considera que el cierre de las casas de cultura es una pérdida significativa, especialmente para las comunidades y, sobre todo, para las infancias y juventudes. Según Fuentes, estos espacios han sido fundamentales para el desarrollo cultural local y la identidad de cada región. «Las casas de cultura eran espacios que resguardaban la diversidad cultural y estaban íntimamente relacionadas con la comunidad», afirma.

“Esto es un impacto realmente para la gente pobre, para la gente más desposeída, porque es quitarle espacios de desarrollo cultural. Las clases más acomodadas en el país no consumen cultura nacional, se van a broadway, a otras partes del mundo a ver sus obras de teatro con sus enfoques teatrales que a ellos les apasionan, consumen otro tipo de arte, pero el arte comunitario lo consume la gente más vulnerada en el país”.

Fuentes argumenta que esta reestructuración es parte de una tendencia histórica en la que los gobiernos no han visto la cultura como una prioridad. «El Ministerio de Cultura ha tenido problemas internos y estructurales desde su creación. Siempre ha contado con un presupuesto limitado en comparación con otros ministerios como Educación y Salud», explica. Esta falta de apoyo se ha traducido en una débil institucionalidad cultural que no logra trascender a planes de largo plazo.

Por su parte, el historiador Carlos Cañas Dinarte, recordó que El Salvador es suscriptor de otros tratados internacionales que priman o están por encima de las leyes nacionales, esto respecto a las reformas a la Ley Especial de Patrimonio Cultural, que ponen en riesgo, considera, infraestructuras de gran valor cultural y que se ven desprotegidas por estas decisiones. 

“Hay que tener muy claro que El Salvador no es, por más que lo digan, un Estado soberano per se, sino que está vinculado con una serie de elementos jurídicos internacionales, una serie de documentos, de tratados, de acuerdos que tienen que ver con el área centroamericana, el área Iberoamericana y además con principios mundiales amparados por el Sistema de las Naciones Unidas. Entonces, muchos de esos acuerdos son los que se han violentado al tomar decisiones agresivas en contra del patrimonio cultural”.