
En El Salvador las mujeres siempre han trabajado la tierra
Maldito País
marzo 11, 2025
HoraCero: En general las cifras de mujeres que tienen acceso a la tierra en latinoamérica son bajas y Centroamérica no es una excepción de las estadísticas. ¿Podrías darnos un panorama de la situación de las mujeres y el acceso a la tierra en El Salvador?
Marisela Ramírez: El tema de la tenencia de la tierra siempre ha sido en general un conflicto en El Salvador y a nivel mundial es un conflicto que ha tensionado las relaciones de poder. En El Salvador se desarrolla un proceso de lucha por el acceso a la tenencia de la tierra que viene desde la independencia y la aplicación de políticas que fueron expropiando a los pueblos indígenas. En los años 1881 y 1882 el presidente Rafael Zaldívar decreta la Ley de extinción de las propiedades comunales y ejidales. La idea era poder brindar a los terratenientes cafetaleros tierras que permitirán concentrar las riquezas, y en ese momento el 40% de las tierras les fueron asignadas.
De 1929 hasta 1933, el campesinado perdió todavía 15% más de tierras. Y en un contexto de crisis mundial, se instala la dictadura militar en El Salvador. Maximiliano Hernández Martínez crea un instituto de colonización rural que se encargó de comprar grandes propiedades de tierras no cultivadas o con cultivos extensivos y ganaderos a un valor de mercado, esto brindó acceso a 8000 familias campesinas. En este hecho histórico no se registran mujeres beneficiarias.
Durante los años 50, 60 y 70 la tensión por la tenencia de la tierra se agudizó, hasta llegar al periodo periodo de los años 80 donde sucede el conflicto armado. En diferentes partes de la América Latina surge el tema de la disputa de la tierra que provoca que en El Salvador haya una reforma agraria que es retomada por los sectores campesinos como un elemento importante para organizarse. Era una reforma agraria que iba a cumplirse en tres fases. La reforma logró beneficiar a 81 799 familias campesinas. Las mujeres en este contexto representaron únicamente el 11.7% de las beneficiarias de la primera fase y en la segunda fase solo el 10.5%.
Cuando se firman los Acuerdos de Paz en 1992 se acordó aplicar un programa de transferencia de tierra que iba a beneficiar a las personas que volvían a la vida civil. En esta transferencia de tierra se otorgaron 81 769 manzanas a más de 20 000 personas, donde solo el 33.8% de beneficiarias fueron mujeres.
Con la implementación de políticas neoliberales y la reducción del Estado a lo mínimo, hubo movilizaciones muy fuertes porque los grandes terratenientes implementaron una estrategia para desalojar a vecinos y campesinas que habían sido beneficiarios de la Reforma Agraria. Desde el año 2009 hasta el año 2019, los gobiernos de la izquierda otorgaron 84 000 títulos de propiedad a diferentes familias salvadoreñas y el 43% de beneficiarias fueron mujeres. Además hubo una mejora sustantiva en términos de implementación de programas que apoyaban el desarrollo de la agricultura en El Salvador.

HoraCero: ¿Cuál es la situación con el gobierno actual? ¿Qué cosas han cambiado?
Marisela Ramírez: En el gobierno actual hay un retroceso bastante severo para las familias campesinas. Hay toda una política de desalojo de comunidades, desalojo de cooperativas a través de diferentes mecanismos que el gobierno está ocupando.
Primero, el tema del desarrollo de megaproyectos en el país, como el tema del Bitcoin en el oriente, el aeropuerto en La Unión y la creación del megacentro penal en Tecoluca. La construcción de grandes proyectos ha llevado a un proceso también de despojo de las tierras bastante significativo. Hay una ley específica donde si el gobierno quiere implementar un proyecto la gente está obligada a vender su tierra, a precios que no representan el costo real.
Otro mecanismo que se ha utilizado es que han manipulado el tema de los títulos de propiedad y han aparecido títulos supletorios. Son figuras jurídicas de tenencia de la tierra que no son escrituras, es decir, que una persona pagó por la tenencia de cierta cantidad de tierra, pero que no logró estar inscrita en el Centro Nacional de Registro.Han aparecido estos títulos supletorios que amenazan con quitarle la tierra a la gente que fue beneficiaria tanto de la reforma agraria como del programa de transferencia de tierra.
Esos títulos supletorios los tiene que emitir el Instituto Salvadoreño de la Transformación Agraria (ISTA) y desde la llegada de este gobierno han empezado a surgir títulos supletorios de tierras que han estado en manos de las cooperativas por más de 30 años.
HoraCero: ¿Y qué pasa con las instituciones que deberían darle seguimiento a estas irregularidades?
Marisela Ramírez: El gobierno anuló ciertas instituciones que garantizaban el tema de la tenencia de la tierra o le daban seguimiento al tema de la legalidad de las tierras en manos de cooperativas, también ha empezado a citar a varias personas que son parte de las cooperativas y están exigiendo documentación que no está establecida legalmente y la mayor parte de interpelaciones ha sido hacia mujeres, sobre si estas mujeres realmente están o no están produciendo la tierra.
Otro elemento importante que hay que mencionar es la creación de leyes que no tienen que ver directamente con la expropiación de las tierras, pero que tienen un vínculo a partir de los intereses económicos del gobierno. Por ejemplo, se aprobó para el año 2022 una Ley de agua que determina en uno de sus artículos que si se encuentra una fuente, un pozo de agua en un territorio, es un bien natural de interés para el gobierno y puede el gobierno decidir quedarse con ese territorio. Es una forma diferente de expropiar, porque antes estas situaciones entraba en administración de asociaciones comunales de organización territorial donde la propia gente decidía cómo se administran los bienes o recursos y tenían la autonomía de determinar los mecanismos de articulación para poder distribuir de manera equitativa el tema del acceso al agua.
Ha habido bastantes limitaciones para tener acceso a la información pública, a veces las fuentes o la información que comparte el gobierno no está completa o no se publica. Los últimos datos que hemos logrado recoger sobre las personas que tienen tierra en El Salvador, que además son productoras y están trabajando en el clima agropecuario son un total de 90 000 670 personas propietarias de la tierra, de estas 79 9752 son hombres y 9356 son mujeres. Eso sería un 88% en manos de hombres y un 12% en manos de mujer. Hay una brecha sobre el tema de la tenencia de la tierra bastante bastante grande.
HoraCero: En medio de estos despojos de tierra también han habido procesos de criminalización a activistas y personas defensoras. ¿Qué saben de estos casos?
Marisela Ramírez: Con todo el tema de los despojos de las tierras que se han dado todavía no tenemos datos concretos. El año pasado capturaron a un vocero de nuestra organización y están criminalizando a una organización de abogados que llevaba el caso de la legalidad de las tierras de la comunidad de Hacienda La Floresta, donde estaban habitando más de 200 familias, la mayoría de estas familias encabezadas por mujeres. Han sido capturadas 22 personas de la comunidad y han desalojado a la mayor parte de gente.
En el país se están dando otros casos de criminalización por la construcción del aeropuerto y por la construcción de la ciudad Bitcoin. El presidente de facto dio una conferencia diciendo que todo había sido muy pacífico y que las familias estaban agradecidas de que las hubieran desalojado.
HoraCero: Pese a que las cifras de tenencia de la tierra para las mujeres son bajas sabemos que no se corresponden con la cantidad de mujeres que de hecho trabajan la tierra. ¿Qué consecuencias tiene esta desigualdad para la vida de las mujeres campesinas?
Marisela Ramírez: Lo principal es el tema de la inseguridad en términos de su subsistencia. Cuando la población no tiene garantizados sus medios de vida y tiene la amenaza de despojo de sus tierras, también el tema de la productividad no puede ser la misma.En el caso de varias de las cooperativas que nosotros atendemos resulta que, por ejemplo, en el departamento de La Paz, unas cooperativas que están dirigidas por mujeres están siendo amenazadas e interpeladas para tratar de quitarle las tierras y no darles legalidad porque dicen que son mujeres. El papel no asumido del Estado también es una suma más de la violencia contra las mujeres. En este caso del actual gobierno que tiene un discurso muy conservador, muy antiderechos que además cuestiona las mujeres si pueden ser o no productoras de la tierra solo por ser mujeres y a partir de eso la amenaza con despojarlas de la tierra, también carga con esa violencia institucional a las mujeres en este caso.
Por otro lado, también hay una sobrecarga en términos emocionales. Con el aumento de la migración, por lo general quienes emigran son jóvenes y hombres, que tienen condiciones para atravesar todas las adversidades que significa migrar de manera irregular e insegura. Quienes quedan al frente de los hogares son las mujeres, entonces hay una carga importante en términos de peso que recae sobre los hombros de las mujeres que tienen que sostener el hogar mientras esta persona logra establecerse de manera fija en algún lugar y aportar económicamente.
Marisela Ramírez. (El Salvador)
Educadora popular y especialista en derechos humanos y educación para la Paz. Trabaja en la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS) con temas relacionados a la reivindicación del acceso de mujeres a la tierra.
