David Morales, de Cristosal, explica que hay una dilación deliberada también por parte de la Fiscalía General de la República, una instancia que no ha avanzado en la investigación y judicialización de casos, sino que actúa con pasividad procesal y carga la prueba a las víctimas. 

Por ejemplo, en 2022, la FGR admitió que de 213 casos solo había judicializado 21, en los cuales se aplicó el Código Penal de 1974 y eso hizo que no se pudiera profundizar en la investigación.

“Por eso hablamos de una impunidad institucionalizada. Esto no es nuevo, ha existido desde los Acuerdos de Paz. En la actualidad, en el período autoritario y antidemocrático que vive El Salvador, los patrones que más se reproducen son la dilación y la impunidad”, expresó. 

Uno de los casos paradigmáticos para las organizaciones es el de El Mozote y Lugares Aledaños. El documento de seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la masacre, emitido en abril de 2024, revela que el Estado adeuda a más de 400 víctimas el pago de la remuneración dictada en la sentencia. El proceso de seguimiento se mantiene abierto por la CorteIDH.

El documento afirma que, pese a que se han cumplido algunas medidas como la producción y difusión de un documental sobre el caso y la capacitación permanente a miembros de la Fuerza Armada en temas de Derechos Humanos, el Estado debe dar prioridad al pago de la indemnización para estas personas, tomando en cuenta que todas son adultas mayores. 

Asimismo, la CorteIDH solicitó al Estado continuar con el “Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la Masacre de El Mozote”, la identificación de funcionarios que han obstaculizado el proceso judicial, otros lugares posibles de entierro de restos, entre otros. 

Mientras tanto, organizaciones como Cristosal y Tutela Legal “María Julia Hernández”, han denunciado cómo la justicia se ha hecho inefectiva para las víctimas de El Mozote, luego del cambio de juez y acciones que han demorado el proceso judicial, mientras 148 familiares de víctimas directas han fallecido desde que colocó la denuncia original, al igual que han muerto 3 de los responsables directos sin ser llevados a juicio.

A esta postura se sumaron otras organizaciones que el 15 de marzo conmemoraron los 32 años de la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad “De la Locura a la Esperanza”, como uno de los puntos relevantes en el marco de los Acuerdos de Paz, para esclarecer los hechos del conflicto y establecer la verdad. 

Para la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CEDHES), los objetivos de los Acuerdos de Paz han sido borrados. Consideran que el Estado “continúa utilizando al Órgano Judicial para encubrir a criminales de guerra y de lesa humanidad”.

Al respecto, David Ortíz, de la Comisión de Trabajo de Derechos Humanos, recordó que, actualmente, existe un escenario de control de los tres órganos del Estado, que mantienen estancado no solo el caso de El Mozote, sino otros procesos de graves crímenes cometidos durante el conflicto. 

“Podemos enumerar y enumerar casos en donde el Estado le ha dado la espalda a las víctimas por décadas. Y en este momento están agregando hechos que los revictimizan, por ejemplo generar detenciones arbitrarias de familiares en el contexto del régimen de excepción, las pensiones, el tema de salud, el tema de reparación que no son situaciones que se estén considerando en este momento como parte del quehacer del Estado”, expresó.