Hora Cero
junio 16, 2025
Este 14 de agosto se cumplieron 11 meses del asesinato de Juan López, defensor del territorio y líder comunitario cuya voz se alzó contra los proyectos extractivos en el Bajo Aguán, departamento de Tocoa, Honduras. A casi un año, ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial han logrado borrar la sombra de impunidad que cubre este caso.
Ese mismo 14 de agosto se desarrolló, por cuarta vez, la audiencia preliminar, donde son juzgados Oscar Aléxis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torrez y Lenin Adonis Cruz Munguía, acusados por el Ministerio Público por el delito de asesinato. Las tres personas fueron capturadas el 6 de octubre de 2024. Tres días después, el Juzgado Nacional de San Pedro Sula ordenó la acusación formal por dicho delito. Desde entonces, mantienen prisión preventiva.
Sin embargo, y por cuarta vez, la audiencia fue suspendida y reprogramada para el 21 de agosto. La razón: el mismo Ministerio Público entregó tarde un informe preliminar que contiene vaciados telefónicos de 48 dispositivos, una de las pruebas fundamentales que comprobaría que el crimen de Juan López fue encargado y pagado por terceros.
El abogado José Lemus, de la parte acusadora privada, dijo en declaraciones a Radio Progreso que el informe preliminar del vaciado telefónico consta de 160 páginas, para lo cual necesitan tiempo suficiente para su análisis.
“Consideramos que es necesario hacer la revisión del expediente y del informe que se ha presentado preliminarmente. A pesar de que nosotros estamos con la necesidad de que se esclarezcan los hechos y se haga justicia en nombre de Juan López, estamos también completamente seguros que ese proceso debe ir bien saneado, es decir, con precisión, que se vaya a imputar los delitos y que se les condene, para que la defensa no vaya a alegar que ha habido desigualdad de partes”, expresó Lemus.
El abogado dijo que este análisis al informe preliminar aportará pruebas para hacer una vinculación con los autores intelectuales del hecho, una demanda constante tanto de las comunidades, organizaciones y la familia de Juan López, quienes están pendientes del proceso.
El documento de vaciado telefónico aún es preliminar. Es la información de 48 teléfonos celulares incautados a personas presuntamente vinculadas con el crimen que incluye mensajes, llamadas, fotografías y videos que han sido analizados por especialistas en Costa Rica, técnicos hondureños con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI).
El 21 de agosto, la audiencia fue nuevamente reprogramada para el 28 del mismo mes, argumentando que la Fiscalía respondió tarde a la solicitud de juicio abreviado que el acusado Oscar Alexis Guardado presentó semanas atrás. Guardado es señalado de disparar contra el defensor del territorio.
La abogada Juana Esquivel explicó que también hubo una solicitud del Ministerio Público de ampliar el delito de asociación ilícita por la forma en que operaron las tres personas que hoy son acusadas. Además, la defensa de dos de los acusados solicitaron sobreseimiento definitivo bajo el argumento de que no hay suficientes pruebas en su contra.
Esquivel lamenta que el Ministerio Público continúe actuando de manera negligente, y que con sus acciones el proceso se dilata. “La dilatación y la justicia tardía no es justicia”, dijo.
Luego de la audiencia de este 28 de agosto, las abogadas y representantes del caso informaron que se han identificado dos líneas de investigación: primero, contra Juárez y Cruz, acusados de haber planeado la logística del crímen; y segundo, contra Guardado que, aunque reconoce su participación en el delito, su defensa ha negado las acusaciones por asociaciones ilícitas.
La abogada Kenia Oliva, representante de la acusación privada, relató que en dicha audiencia, la defensa de Guardado dijo que el Ministerio Público no tiene los fundamentos para ampliar este último cargo. “Esperamos que el juez valore lo que dice la norma penal y pueda hacerse el auto de apertura a juicio por los delitos que se imputaron en la audiencia pasada como autores materiales”.
Además, informó que ya tienen acuerdos de reuniones para continuar con la investigación sobre los autores intelectuales. La primera se realizará el 9 de septiembre.
Con pancartas, megáfonos y consignas exigiendo justicia en el caso, llegaron comunidades del Bajo Aguán, organizaciones de Derechos Humanos y otros colectivos de diferentes partes del país a cada una de las audiencias. Ellas y ellos, se concentraron afuera de los juzgados a la espera de, por fin, escuchar respuestas concretas sobre el asesinato del defensor del territorio.
Adilia Castro, del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, expresó que es preocupante que, 11 meses después del asesinato del defensor, se esté celebrando apenas la audiencia preliminar contra los acusados. “A casi un año, ya deberíamos tener mínimamente identificados a quienes o dar pasos que nos lleven a encarcelar a los autores materiales e intelectuales que pertenecen a esta red criminal, política, empresarial que se instala en el departamento de Colón y municipio de Tocoa”, dijo.
Al conocer la reprogramación de cada audiencia, las organizaciones expresaron su frustración. Consideran que las suspensiones son como una estrategia de dilatar, desviar y no profundizar en las investigaciones que buscan dar con los autores intelectuales.
“Se quiere implementar la estrategia del cansancio. Venimos de otras regiones del país. Aquí si no protestamos no hay justicia y es a lo que aspiramos”, expresó otro regidor del Comité Municipal de Tocoa.
Este jueves 28, hicieron enérgicos llamados al Ministerio Público y al Poder Judicial a garantizar justicia para Juan López. Además, pidieron justicia ambiental ante la corrupción y los proyectos que defendió y que la población del Bajo Aguán continúa demandando.
“El Ministerio Público tiene que darnos respuestas sobre los autores intelectuales. Nos interesa atacar la impunidad y a su vez continuar con la lucha de Juan López por la justicia ambiental y la lucha contra la corrupción”, expresó el padre Ismael Moreno (Padre Melo)
“Lo que pasó hoy pudo haber pasado el jueves anterior. El sistema nos quiere cansar, nos quiere desgastar y ver hasta donde llega la fuerza de las comunidades, pero tenemos que seguir resistiendo, porque solo en la unidad de las comunidades y las organizaciones está la fuerza”.
Honduras ocupa el primer lugar en el mundo en número de personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas per cápita según Global Witness. En un informe de 2016, Amnistía Internacional constató que las personas defensoras del medioambiente, aun cuando son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH, son atacadas y, en algunos casos, asesinadas.
“Es lamentable que las autoridades hondureñas no se tomen en serio el riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el país. Es imperativo que el gobierno de Xiomara Castro deje de mirar para otro lado y tome medidas contundentes e inmediatas para acabar con la violencia contra las comunidades de Tocoa que defienden el medioambiente, incluido investigar todos los ataques en su contra,” dijo Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Piquer agregó que el crimen contra Juan López es una clara muestra de que la situación de las personas defensoras del medioambiente no ha mejorado en Honduras. “La organización saluda que el Ministerio Público esté avanzando con las investigaciones y espera que cada una de las autoridades involucradas cumplan con su deber de garantizar verdad, justicia y reparación a la familia de Juan López de manera efectiva”.
Las organizaciones, que están más que vigilantes del proceso, esperan que la justicia en el caso de Juan López no llegue de forma tardía, como ha sucedido en casos como el de Berta Cáceres, entre otros.
*Con reportes de Lesly Banegas Frazier y Radio Progreso
