En un veredicto histórico que ha sacudido los cimientos políticos y judiciales de Honduras, Juan Orlando Hernández  fue condenado a una pena de 45 años de narcotráfico por un jurado en Nueva York. Este fallo marca el epílogo de un juicio que ha durado varias semanas, caracterizado por testimonios que revelan la profunda infiltración del crimen organizado en las esferas del poder estatal hondureño.

Desde su ascenso político, Hernández estuvo envuelto en acusaciones persistentes de nexos con el narcotráfico. El proceso judicial en EE.UU. corroboró estas sospechas, presentando pruebas contundentes de la colaboración entre altos funcionarios hondureños y carteles de droga, quienes financiaron campañas políticas y aseguraron la protección estatal para sus operaciones ilícitas.

En la primera semana del juicio contra Hernández, uno de los testigos de la fiscalía implicó a tres expresidentes en la recepción de dinero de Geovanny Fuentes, un narcotraficante convicto. Juan Orlando Hernández, Porfirio Lobo y José Manuel Zelaya (esposo de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro) recibieron cheques mensuales de hasta 250 mil lempiras, según el testigo, así como pagos irregulares de 100 mil lempiras durante sus mandatos. 

Otro testigo declaró haber visto a Hernández a través de una videollamada en una fiesta de cumpleaños de 2012 del hermano del entonces presidente Pepe Lobo. Según el testigo, los Cachiros (uno de los carteles de la droga) acordaron contribuir con US$250 000 para la campaña presidencial de JOH en 2013. Según medios como ContraCorriente e Insight Crime, varios testigos declararon que los traficantes sobornaban a cualquier político que ganara, independientemente del partido al que pertenecían. 

El juicio no solo expuso la corrupción sistémica que permea en Honduras, sino que también ofreció detalles escalofriantes sobre la colaboración entre la policía nacional y la MS13. Testimonios como el de Andrea Santos, que reveló conexiones entre el líder de la MS13 y el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, ilustraron cómo las fuerzas de seguridad fueron utilizadas para facilitar el tráfico de drogas y la violencia desenfrenada.

Además, se reveló que Hernández y su entorno cercano recibieron sobornos multimillonarios de poderosos carteles hondureños como Los Valles y Los Cachiros. Estos fondos ilícitos no solo enriquecieron a los involucrados sino que también comprometieron gravemente la integridad del sistema político hondureño, llegando incluso a sobornar a altos funcionarios y líderes de partidos políticos, como se detalló en el testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga.

A pesar de la condena de Hernández en EE.UU., las repercusiones en Honduras y la región son inciertas. La experta Christine J. Wade, profesora de estudios centroamericanos en el Washington College, advirtió en declaraciones a medios que tales juicios raramente logran desmantelar las estructuras profundamente arraigadas del narcotráfico y la corrupción en América Central. Honduras continuará enfrentando desafíos significativos en la lucha contra el crimen organizado y la impunidad, problemas que han contribuido a convertir al país en un punto crítico para el tráfico de drogas.

El veredicto, celebrado por muchos como un paso hacia la rendición de cuentas, también deja al descubierto las limitaciones del sistema judicial hondureño y la urgente necesidad de reformas al sistema judicial, donde la impunidad sigue siendo la norma. Según la organización ASJ, la tasa de homicidios para 2022 fue de 35.8, una de las más bajas de los últimos 18 años, pero más alta que Guatemala y El Salvador. De estos, solo el 13% terminaron en sentencia condenatoria.