Avance histórico en la búsqueda de justicia por el asesinato de 4 periodistas holandeses en El Salvador
Maldito País
septiembre 2, 2024
En un paso significativo hacia la verdad y la justicia, el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, resolvió enviar a juicio a tres altos mandos del Ejército salvadoreño, por la autoría intelectual de la embocada y posterior asesinato de 4 periodistas holandeses: Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag, hecho perpetrado por el Batallón Atonal, el 17 de marzo de 1982, en uno de los tantos episodios oscuros del conflicto armado.
Los militares acusados del crimen son el coronel Mario Adalberto Reyes Mena; el exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán; el exministro de Defensa, general José Guillermo García, el exjefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima (fallecido) y el sargento Mario Canizales Espinoza (fallecido). Ellos enfrentarán un juicio donde se presentarán argumentos y se determinará la culpabilidad de los implicados, conforme al Código Procesal Penal de 1973/1974.
Organizaciones de derechos humanos y memoria histórica han celebrado esta decisión, ya que significa un paso más hacia la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares. “Significa la apertura de una ventana de esperanza para que las víctimas del conflicto armado puedan finalmente tener verdad, justicia, reparación, medidas de no repetición y memoria histórica después de vivir los horrores de la guerra”, expresó la Mesa contra la Impunidad, a través de un comunicado.
“En este momento crucial de esperanza para El Salvador, recordamos a las víctimas del conflicto armado, muchas de las cuales han fallecido sin respuestas. Su espíritu de lucha, perseverancia y resiliencia nos inspiran a continuar trabajando para asegurar que la verdad salga a la luz y se haga justicia”.
Por su parte, la Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), expresaron que la decisión de avanzar en el juicio a una Vista Pública, es un paso para la búsqueda de verdad y justicia. Recordaron que esto solo se logrará “si las víctimas son el centro y no los victimarios”.
Por esta decisión también se pronunciaron la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Cancillería de Países Bajos, el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, la embajadora para la justicia penal global del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Beth Van Schaack, entre otros organismos internacionales.
#ElSalvador - @OACNUDH saluda la decisión judicial que permite el juzgamiento de tres ex altos mandos militares por el asesinato de los periodistas neerlandeses Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag, ocurrido en 1982 en Chalatenango, El Salvador.
— OACNUDH (@OACNUDH) August 27, 2024
Celebramos este gran paso hacia la justicia. El asesinato de los cuatro reporteros no puede quedar impune. Estamos agradecidos con las autoridades y con las organizaciones que han hecho esto posible. ⬇️ https://t.co/8WEXogYlPP
— Dutch Ministry of Foreign Affairs 🇳🇱 (@DutchMFA) August 27, 2024
Registro la decisión de enviar a juicio el caso del asesinato de cuatro periodistas holandeses en #ElSalvador🇸🇻, luego de 42 años.
— Pedro Vaca V. (@PVacaV) August 28, 2024
Combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas es una condición necesaria para la plena garantía de la #LibertadExpresión. https://t.co/A34kYJKfrP
El asesinato de los 4 periodistas holandeses está plasmado en el informe de la Comisión de la Verdad “De la locura a la Esperanza”. En este se consigna que durante el mes de marzo de 1982, Koos Koster realizaba un reportaje sobre la situación política y militar del país. Él y sus compañeros trabajaban para IKON, empresa de televisión de Países Bajos. El periodista y su equipo de producción buscaban cubrir la situación de San Salvador y de algunas zonas de influencia del FMLN.
Tras una visita a un centro penitenciario en San Salvador, Koster entregó un papel con sus datos de contacto a un miembro del FMLN para establecer comunicación. Sin embargo, el guerrillero fue perseguido y asesinado, quedando los datos del periodista en manos de la Policía de Hacienda y el Ejército.
El 11 de marzo, Koster y otros tres periodistas de su equipo fueron llevados ante el coronel Francisco Antonio Morán, director de la Policía de Hacienda, para ser interrogados por el papel encontrado. Koster negó conocer “terroristas” en el país y explicó que sus datos pudieron haber llegado a través de otro colega. El coronel Morán ordenó liberarlos y les recomendó “que se cuidaran”.
Pese a las advertencias de colegas y de sus contactos del FMLN de abandonar el país, Koster y su equipo decidieron continuar con el reportaje. Así, partieron el 17 de marzo hacia Chalatenango, en un microbús al que colocaron con grandes letras “Prensa TV”. Se detuvieron en Santa Rita, donde sus contactos del FMLN los escoltarían a la base. Los periodistas tomaron sus mochilas e ingresaron al terreno.
Uno de los testigos que sobrevivió a la emboscada, relató que, luego de caminar aproximadamente 250 metros, el grupo fue acribillado desde dos colinas de distancia. El relato de este testigo fue confirmado por la declaración del sargento Mario Canizales Espinoza, quien estuvo al mando de la patrulla militar que los emboscó.
“La Comisión de la Verdad considera que existe plena evidencia de que la muerte de los periodistas holandeses fue consecuencia de una emboscada planeada con anterioridad por el Comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, coronel Mario A. Reyes Mena, con el conocimiento de otros oficiales, en el cuartel de El Paraíso, sobre la base de información de inteligencia que les alertó de su presencia, y fue ejecutada por una patrulla de soldados pertenecientes al Batallón Atonal”, expresa el informe.
Además, la Comisión concluyó que los mismos oficiales y el sargento, entre otros, encubrieron la verdad de los hechos y obstaculizaron las investigaciones del sistema de justicia y de otras autoridades, en los años posteriores.
41 masacres y más de 300 personas desaparecidas bajo el mando de Guillermo García
Algunas organizaciones y activistas de derechos humanos y memoria histórica, han llamado al ex ministro de Defensa de la FAES (1979-1983), Guillermo García, “el pinochet salvadoreño”. Ha sido señalado como un criminal de guerra, ya que durante su gestión, la estructura institucional del Ejército fue utilizada para perpetrar violencia política extrema. Dirigía una cadena de más militares de alto rango que ejecutaron graves violaciones a derechos humanos, según las organizaciones. De acuerdo a los registros, bajo su mando se ejecutaron 43 masacres, entre ellas El Mozote y lugares aledaños (1981), San Francisco Angulo (1981), El Calabozo (1982), entre otros.
Además, en ese periodo se registraron los asesinatos de las religiosas estadounidenses de la orden de Mariknoll, el asesinato de Mons. Oscar Arnulfo Romero (1980), la desaparición forzada de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y otras niñas y niños en operativos militares (1982), la desaparición forzada de adultos, la tortura de Rafael Segura, Ramón Arita y otras personas integrantes del COPPES y de organizaciones populares, entre otros.
En 1989, se jubiló en Florida después de haber solicitado asilo político y haberlo obtenido. El 23 de febrero de 2009, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al General García con dos cargos por uso de documentos fraudulentos de inmigración. En 2014, la Junta de Apelaciones de Inmigración de este país determinó que García asistió o participó de alguna manera en algunos de los crímenes más atroces cometidos en los primeros años de la guerra civil.
Estados Unidos deportó al General García en 2016, un año después de expulsar al también ex ministro de la defensa, el general Carlos Eugenio Vides Casanova (1984-1988), otro militar con múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
García regresó al país en 2016, ese del que huyó en 1989, luego de que fue derogada la Ley de Amnistía que lo protegió durante 33 años. Viajó en un avión que transportaba a otros 130 salvadoreños deportados. Ese día, en el Aeropuerto, lo esperaban una veintena de activistas de derechos humanos y memoria histórica al son de gritos como: “¡Asesino!”, “¡Torturador”. Muchos de ellos, fueron víctimas de torturas durante su gestión como ministro de la defensa.
Cuando las y los activistas, en medio de ese recibimiento, le preguntaron: “¿Dónde están los desaparecidos?”, el general García solamente respondió: “Búsquenlos”.