Ana Gabriela Santos: Ignacio Ellacuría  era un filósofo pero también tenía todas estas características de una persona que llevaba un mensaje de esperanza y también un mensaje de paz, y las ideas que él tenía también de denuncia,  no solamente de esperanza y paz -que es importantísimo-, pero lo que ha caracterizado siempre a la universidad y al legado de los mártires y en particular el pensamiento de Ignacio Ellacuría era la denuncia, él era uno de los grandes pensadores también dentro del marco de la Teología de la Liberación, la idea de la liberación como tal era nuclear en  el pensamiento de Ignacio Ellacuría. Es la idea de liberación pero integral,  no una liberación de “yo tengo mis libertades individuales y no me importa lo demás”, esa no era la idea de liberación que tenía Ignacio Ellacuría, sino realmente liberación de la opresión de todos los poderes económicos, Ellacuría también intentaba ser una una luz en ese aspecto, pero una luz que implica fuego, no es una luz pasiva, sino más bien el hecho de pues proponer ante el poder y proponer ante la población también la de que existiera diálogo, buscar soluciones, pero entender lo que hay de fondo, que era la opresión de las mayorías sometidas al poder y que por tanto había necesidad de un cambio estructural en la sociedad. Implicaba obviamente que a quienes tenían el poder en ese momento no les gustaba eso, escuchar una voz de denuncia constante. 

Por esos motivos es que Ellacuría se volvió en un blanco y junto con él, bueno, se fueron dentro los demás compañeros suyos de misión, incluidas Elba y Celina Ramos. Ese es el problema que vivimos hoy en día también, alguien tiene el poder, no le gusta que se le cuestione y que se le diga lo que está haciendo mal aún cuando sea evidente. Y lo que va a buscar en vez de hacer eco a esas denuncias va a ser callar al que denuncia, eso fue lo que se vivió hace 33 años.

Ana Gabriela Santos: La Ley de Amnistía fue declarada inconstitucional en 2016, a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Mozote y lugares aledaños, que fue otra de las masacres más grandes a nivel de América Latina, con más de mil campesinos, mujeres y niños asesinados por el Ejército también. La UCA ha apostado para que este caso sea conocido y resuelto en instancias salvadoreñas, porque este caso se ha llevado también en el extranjero,  estamos hablando de sacerdotes de nacionalidad española, pero la idea es siempre poder tener justicia acá y no solamente el hecho de tener justicia para los jesuitas y sus colaboradores, sino que esto puede ser un precedente para poder saber la verdad y obtener la justicia de otros muchos casos que han sido dejados de lado y que se cometieron acá en El Salvador durante el conflicto armado. Ahora este caso al final se fue archivando prácticamente en un proceso penal y constitucional que tuvo grandes obstáculos, se solicitó precisamente la declaratoria inconstitucional y  la reapertura del caso en el 2017. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ahí se quedó esta reapertura, pero nosotros tenemos varias complejidades..

El año pasado el primero de mayo asumió la nueva  Asamblea Legislativa con una mayoría abrumadora por el partido oficialista y una de las primeras acciones que tomaron fue la destitución inconstitucional e ilegal de los magistrados de la Sala de la constitucional, también del Fiscal General, entonces lo que implicó fue que en ese momento las personas que integran desde ese primero de mayo  la Sala lo Constitucional responden al oficialismo, responden a las instrucciones que se dan desde el Ejecutivo, entonces el proceso se reabre efectivamente pero no es una reapertura sin un trasfondo y no es una reapertura sin empañamiento o sin intereses ocultos, ese es el problema que tenemos actualmente, desde que pasó la masacre ha existido una insistencia para que este caso sea llevado por las instancias nacionales pero ha tenido muchísimas trabas.