En noviembre de 2018 fueron condenados 7 hombres por el crimen, incluyendo 2 empleados de la empresa de la familia Atala Zablah y 3 miembros del ejército de Honduras. Así mismo en julio de 2021 fue condenado David Castillo, Gerente general de la empresa y empleado principal de la Familia Atala.

David Castillo también enfrenta cargos en el caso Fraude Sobre el Río Gualcarque –pendiente de sentencia– por delitos de fraude y uso de documentos falsos a título de autor. Castillo dirigió el consejo de administración de Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA), empresa a la que se le concesionó de forma irregular el río Gualcarque para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y que fue denunciado por Berta Cáceres, el Copinh y el pueblo Lenca que habita comunidades afectadas por el proyecto. 

La demanda interpuesta por la defensa de Castillo fue presentada una semana después del nombramiento de Juan Carlos Sánchez Villalobos como director de fiscales del Ministerio Público. Sánchez Villalobos fue parte de la defensa de Carolina Castillo en el caso Fraude contra Gualcarque, también encontrada culpable, junto con David Castillo, por fraude.

“Nosotras estamos denunciando que en Honduras existe un cerco mediático, en el que incluso se ha violentado el derecho a replica en espacios como medios de comunicación nacionales de alta receptividad en nuestro país y que en ese sentido también nos hemos visto obligadas a buscar otros espacios fuera de nuestro propio país, porque existe un silencio, una complicidad y el grupo de poder que tiene una responsabilidad sobre la autoría intelectual también está participando de estas maniobras que también tratan de silenciar y de generar un clima propicio para acciones indebidas y acciones ilegales. 

Por estos hechos se han pronunciado diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos a nivel mundial. A través de un comunicado, condenaron las maniobras que ponen en riesgo el proceso y a las personas que intervienen en él. Además, exigieron a la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Raquel, y la Sala de lo Penal compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz  y Nelson Danilo Mairena Franco, la inmediata confirmación de la sentencia ya emitida contra los 7 hombres responsables de la autoría material del asesinato de Berta Cáceres y la sentencia contra  David Castillo, como coautor de este crimen.

“Las defensoras son el sostén de la vida en sus comunidades. Por eso, cada acción contra las defensoras es un atentado contra la comunidad en su conjunto, que muestra un modelo de desarrollo extractivista, capitalista y depredador, que es profundamente patriarcal y por eso ataca de forma específica y diferenciada a las mujeres. Nos sumamos al llamado del COPINH para que la comunidad nacional e internacional permanezcamos alertas y vigilantes del funcionamiento del sistema de justicia de Honduras para garantizar al pueblo Lenca el efectivo acceso a la verdad, justicia, reparación y a medidas de no repetición”, expresaron.

Por su parte, Amnistía Internacional, consideró que es imperativo que el Estado Hondureño garantice verdad, justicia y reparación a la familia de Berta Cáceres. “Ocho años después del asesinato de Berta Cáceres, su familia sigue enfrentando un proceso judicial incompleto, perpetuando innecesariamente su angustia. Es imperativo que las autoridades hondureñas adopten medidas decisivas para acabar con el ciclo de impunidad en este caso”. Así lo afirmó Astrid Valencia, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional.

Berta Zúñiga agregó que, para su familia y el COPINH, este momento es crítico, por lo que solicitaron el apoyo del movimiento popular a nivel internacional para alzar la voz y exigir que este caso no quede en la impunidad. “Alzar la voz y sumarnos a acciones concretas para proteger este proceso muy importante, que es la misión de las sentencias de casación, y así cerrar un ciclo muy importante de justicia y abrir la persecución penal de los autores intelectuales en este proceso, que siguen en la impunidad.