Desde las Bananeras hasta la narcoganadería: historia del conflicto socioambiental en Honduras

Maldito País

junio 15, 2023

En esta entrevista hablamos con Kevin Isidro, coordinador de proyectos en el Centro de Estudios para la Democracia en Honduras. Analizamos el contexto histórico del conflicto socioambiental en Honduras, desde las Bananeras hasta la narcoganadería.

HoraCero: ¿Cuándo empieza y cuáles son las causas de este problema socioambiental en Honduras?

Kevin Isidro: Es una crisis de larga data, desde antes de la década de los años 50 del siglo pasado, posterior a la llegada de las empresas bananeras a Honduras. Hay un proceso de concentración de tierras en mano de estas empresas  y algunos de sus testaferros, esto provoca en ese momento la huelga de año 54, un hito histórico de la lucha social en Honduras.  Fue una gran huelga convocada por las y los trabajadores de las empresas bananeras exigiendo mejores condiciones laborales dentro de los campos bananeros, este fenómeno de protesta también arrastra las demandas de mejores condiciones laborales, la demanda de acceso a tierra para el campesinado, podríamos decir que ese es el primer momento organizado donde se establece esta necesidad.

Después de los años 50 comienzan a estallar los procesos insurgentes en la región, Honduras no registra un proceso insurgente sólido y es porque en los años 60 la Junta Militar estaba al frente del país, como una medida para reducir de alguna forma el malestar social por el acceso a la tierra lanzaron un proceso de reforma agraria en el año 67 y es donde se crea la Ley de Reforma Agraria, destinada para involucrar al sector rural al “proceso de transformación del país”, el proceso no logra extenderse por mayor tiempo y dejó  una crisis bastante fuerte en el sector rural, con muchas comunidades sin la posibilidad de acceder a un título definitivo de propiedad. Esto fue dejando toda una estela de criminalización y ataques contra personas defensoras de la tierra y el territorio, entonces podríamos decir que en Honduras el conflicto inicia al mismo tiempo o en el mismo período que inician los conflictos revolucionarios en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, pero se vuelve un proceso más silencioso porque  el proceso represivo en las comunidades es sumamente silencioso y se va dando a través de la identificación, desaparición y aniquilación de estos perfiles. Esa es la base en la cual se comienza a construir el contexto que posteriormente comenzamos a vivir. 

En la década de los 90 se abre un nuevo momento para la discusión del desarrollo agrario en el país y es cuando se crea y se aprueba la Ley de Modernización Agrícola, en este segundo momento se comienza a priorizar el respaldo al monocultivo, particularmente a la caña de azúcar y  la Palma Africana.  La Ley viene a ser el andamiaje jurídico que utilizan estos empresarios con capital nacional y transnacional para continuar con el acaparamiento de tierras y con los beneficios estatales para la producción de estos monocultivos, en los años 90 después de la aprobación de esta Ley se inicia nuevamente otro proceso represivo de persecución hasta el año en el que nos encontramos.

HoraCero: ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad internacional acerca del conflicto socioambiental en Honduras?

Kevin Isidro: Hay que entender que los organismos internacionales al final de cuentas recomiendan… la Corte Interamericana emite sentencias, Naciones Unidas emite declaraciones, pero en el caso particular de Honduras el acatamiento de esta sentencia o de estas recomendaciones siempre resulta ser bastante complejo.  En el año 2015 Naciones Unidas recomienda al Estado de Honduras crear un mecanismo Nacional de Protección de personas defensoras, crear una Mesa nacional para abordar temas de Tierra y Territorio, estas iniciativas de alguna manera se construyen y logran concretarse pero en la práctica los gobiernos de turno no han priorizado el tema de la justicia ambiental, la conservación y restauración de ecosistemas, a pesar de ser temas de relevancia en el inicio de este nuevo siglo. Para el Estado de Honduras han sido más temas  de campaña o propagandísticos, en el 2015 celebramos que se había constituido un mecanismo Nacional de Protección pero en  los resultados concretos que estos procesos puedan llegar a tener en las comunidades, hay  críticas bastante fuertes.

Yo creo que más que acatar recomendaciones internacionales los Estados deben de abrir primero el espacio cívico nacional para propiciar la discusiones que sean necesarias, y después de esto construir las herramientas y los instrumentos para poder aguardar esta situación.  Muchas veces el problema es que los Estados por cumplir con estos compromisos aplican mecanismos, modelos y metodologías que vienen como recetas desde otros países, pero que en la realidad no se adaptan del todo a nuestras particularidades, entonces sí creo que todo esto pasa por dos momentos: abrir el espacio cívico nacional para que las discusiones se den en un espacio democrático de respeto a la libertad, y en un segundo momento construir y probar estas herramientas que deben ser producidas desde el análisis de la realidad nacional.

HoraCero: Según la información disponible la mayoría de asesinatos registrados este año fueron en la zona del Valle del Aguán, en el departamento de Colón, ¿qué está sucediendo actualmente en este territorio?

Kevin Isidro:  Tiene que ver justo con la narración del contexto inicial con el que arrancamos, son las tierras en las cuales se situaron la Standard Fruit Company, la Tela Railroad Company, la Cuyamel Fruit Company, es justamente el Valle del Aguán.  Se dice popularmente en Honduras que puede ser el valle más fértil que tiene la región centroamericana y es porque está atravesado por el río Ulúa,  y al ser un territorio plano, pues es óptimo para los procesos agrarios.  

Esas son las tierras que las comunidades del Aguán han peleado históricamente, el conflicto se ha ido agudizando por la falta de respuestas definitivas a la conflictividad. No es que en este momento o en este año hay un alza en la conflictividad, desde los años 70 a la fecha es una olla de presión que se ha ido calentando, que ha ido generando más fuerza y en este momento hay nuevos actores que se agregan a la conflictividad. Además de ser un valle estratégico para la producción agrícola, también es un territorio estratégico para el movimiento de mercancías, en las proximidades se encuentra Puerto Cortés, la frontera entre Honduras y Guatemala. El actor que se incrusta en esta nueva dinámica es el narcotráfico, entonces una de las variables que viene a potenciar los procesos de criminalización para ejecución y ataques en la zona del Aguán es la falta de atención al conflicto histórico de la tierra, en este momento tenemos el narcotráfico, sus trabajadores, sus estructuras, que ya convierten el conflicto agrario en un conflicto que trasciende lo agrario. Se vuelve un conflicto social y territorial con variables ambientales, con variables de movimiento de mercancías.

HoraCero: En una de tus publicaciones recientes hablas del término “invasor de oficio”, contanos un poco sobre esto…

Kevin Isidro: Desde el ingreso del gobierno de Xiomara Castro las organizaciones de la empresa privada comienzan con una avanzada mediática a mencionar que existen invasores de oficio, haciendo referencia a aquellas personas que están realizando tomas de tierra, pero no hay una distinción entre qué es un invasor de oficio y las comunidades que histórica y legítimamente han avanzado en su proceso de reivindicación del derecho a la tierra, es de conocimiento general en la mayoría de países de la región que en efecto existen personas y grupos que se organizan, promueven y ejecutan tomas de tierras con el objetivo posterior de venderlas, es una forma de operar, pero frente a este fenómeno vienen los agroindustriales, la empresa privada, y señalan a todas las comunidades bajo esta categoría, haciendo un ejercicio de criminalización masiva porque no establecen las diferencias. 

El problema de hacer una declaración tan a la ligera es que los cuerpos de investigación policial ejecutan sus investigaciones muchas veces sin el conocimiento del recorrido histórico de estas organizaciones. Además esta categoría se ve reflejada en el nuevo Código Penal vigente en Honduras, creado en el último año de la narcodictadura en 2021, donde se incrementan las penas para el delito de usurpación, el delito de alteración de linderos y el delito de desplazamiento forzado, son los tres delitos bajo los cuales los cuerpos legales de los terratenientes y sus testaferros acusan a las comunidades y sus líderes por las tareas de reivindicación del derecho a la tierra.

HoraCero: Durante su discurso en la toma de posesión el 27 de enero del 2022 la presidenta Xiomara Castro prometió que habría justicia por la ambientalista Berta Cáceres, ¿existe actualmente algún sistema de protección para defensores del territorio y la naturaleza? ¿Cómo ha sido la respuesta de este nuevo Gobierno ante la crisis?

Kevin Isidro: Hay varias conjeturas y varias ideas que se pueden sacar alrededor de la situación con Berta Cáceres. En el año 2016 es asesinada, hay un proceso judicial, están guardando prisión los autores materiales del crimen, pero no hay ningún resultado identificando a los autores intelectuales de este crimen y es que un proyecto de generación hidroeléctrica no lo montas  con 40 lempiras. Necesitas el financiamiento de la banca internacional, de la banca nacional, de cooperantes internacionales, el Estado de Honduras.  Las estructuras judiciales no logran dar ese paso para investigar quiénes son los organismos y personajes que están detrás del financiamiento de estos proyectos. En este contexto asume el poder Xiomara Castro, con un plan de gobierno bastante ambicioso, con una cartera de compromisos bastante amplios, uno de ellos es garantizar la protección de las personas defensoras de la tierra y el territorio, garantizar el acceso a justicia de las víctimas, en este momento el Mecanismo Nacional de protección atraviesa una crisis profunda a nivel presupuestario, también su estrategia de ejecución y  su misión. Para mí esto tiene que ver con el enfoque de seguridad nacional que quedó instalado en los períodos del gobierno anterior.

La medida de protección que otorga el Estado es tener una escolta policial, pero son los agentes policiales los que vienen a hacer los desalojos y hacer las capturas a la comunidad, tener un policía 24/7 identificando tu posición resulta al final de cuentas un factor más bien de temor para las comunidades.  Entonces creo que uno de los retos más grandes que tiene el gobierno de  Xiomara Castro es poder fortalecer, rescatar o generar un mecanismo nuevo que le dé prioridad al enfoque de derechos humanos frente al enfoque de seguridad nacional.  La presidenta en cadena nacional respaldada por este Consejo de Defensa mandó la creación de la Comisión de Seguridad agraria y de acceso a la tierra, que es el último hito en el desarrollo agrario en el país, con esta decisión  se abre la discusión sobre el Desarrollo Agrario después de más de 30 años, pero se abre este debate con muchas debilidades. 

En la implementación de estos acuerdos el impacto no está siendo el esperado por las comunidades, sin embargo, se saluda la intención y la acción de posicionar nuevamente el tema para que las organizaciones de sociedad civil,  las comunidades, puedan debatir y proponer nuevamente.