Hora Cero
junio 16, 2025
El régimen de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo desató desde mediados de julio una brutal cacería contra opositores y habitantes del municipio de Jinotepe, en el departamento de Carazo —Pacífico del país—. Según una recopilación hecha por medios de comunicación son ocho las detenciones realizadas en todo el departamento de Carazo, lo cual ha provocado un clima de “mucha tensión”, aumentado por visitas de policías, asedio con patrullas y motos, a personas que participaron en protestas y tranques. Sin embargo, desde la muerte de Mauricio Alonso Petri, se ha impuesto un temor que se traduce en zonas silenciadas, o sin información.
El caso más brutal de esta represión lo encarna el opositor Mauricio Alonso, quien fue secuestrado junto a su esposa e hijos la madrugada del 18 de julio en Carazo. El 25 de agosto la Policía Nacional lo entregó muerto. Su esposa fue liberada el 18 de julio, mientras que su hijo permanece en prisión. Desde entonces se desconocía el paradero de ambos, quienes estaban en estado de desaparición forzada, una táctica que el régimen ha apuntalado en el último año con el fin de aumentar el control y el estado de terror que impera en Nicaragua.
Mauricio Alonso se integró al Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una agrupación política que surgió de los disidentes del Frente Sandinista en los noventas. Sin embargo, en los últimos años se retiró de la agrupación por razones personales.
“Siempre lo recuerdo como un hombre solidario y comprometido con la democracia. Era una persona conciliadora y muy tolerante. Mauricio es ya el sexto preso político que muere bajo la custodia de la dictadura”, relata Suyén Barahona, activista nicaragüense en el exilio.
Entre la noche del 17 y todo el día del 18 de julio se llevaron a cabo redadas en Carazo, previo al aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Un acto devenido a un culto a la personalidad de Ortega y Murillo. Hasta el 15 de agosto, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas informó sobre la detención de 22 personas en los municipios de Carazo, Granada, Masaya y Rivas. En Carazo, estas ocurrieron tras la toma del Colegio San José, el cual ha sido renombrado “Bismarck Martínez”, en honor al trabajador que el régimen aseguró que fue asesinado en los tranques de Jinotepe.
Murillo aseguró que el colegio fue utilizado como un centro de “torturas” por el “golpismo” en 2018. En abril de dicho año estallaron unas protestas contra el régimen que se extendieron por todo el país. Ciudades como Managua, Carazo, Granada, Estelí y Jinotega se organizaron para manifestarse y crear mecanismos de protección contra la represión policial y de los grupos irregulares que operaban en complicidad con las autoridades.
Tras la confiscación del colegio, el Mecanismo informó que los operativos han incluido allanamientos sin orden judicial con destrucción de bienes y robo de pertenencias. Las detenciones han sido en horas de la noche o de la madrugada. Y los detenidos han sido ex presos políticos y núcleos familiares enteros.
“Este patrón confirma la criminalización de la protesta de 2018 y una estrategia sistemática de represalia contra el exilio, utilizando el aparato estatal para castigar y silenciar la disidencia política”, aseguró el Mecanismo en un comunicado.
El 8 de julio de 2018, el régimen de Ortega y Murillo ejecutaron una operación limpieza contra los tranques y barricadas de la ciudad. El operativo tuvo el fin de desmontar la rebelión en Carazo, considerado como uno de los focos de resistencia más grandes y fuertes del Pacífico. El ataque inició a eso de las 5:30 de la mañana y se extendió por casi 12 horas hasta que la ciudad fue tomada por la Policía y paramilitares.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más detalló en un comunicado en julio de 2024, al llegar el sexto aniversario de la represión en Carazo, que cerca de 2 000 paramilitares atacaron la ciudad, provocando la muerte de 20 muertos y 30 detenidos.
“La ‘Operación Limpieza’ demuestra la inhumanidad, irrespeto a la vida y grave violación de derechos humanos de la dictadura de Nicaragua, que prefirió atacar y matar al pueblo nicaragüense usando todos los medios y recursos posibles”, señaló el colectivo radicado en Costa Rica.
Testigos y opositores denunciaron que los paramilitares que participaron estaban compuestos principalmente por exmilitares retirados con entrenamiento militar, y que la represión estuvo protegida y coordinada por policías.
Las protestas estallaron el 19 de abril de 2018, como en otros departamentos del país. En Jinotepe y Diriamba se concentraron la mayoría de los plantones, marchas y caravanas de manifestantes contra el régimen. Al mismo tiempo que las protestas se hacían masivas, crecía la represión. Al inicio eran trabajadores de la municipalidad y funcionarios públicos, así como integrantes de la Juventud Sandinista, quienes fueron empleados como grupos de choque. Posteriormente, salieron a las calles fuerzas especiales y antimotines con armas. Se empleó la violencia letal.
En la década de los setentas, la dictadura de la familia Somoza también reprimió de forma sistemática a las ciudades de Carazo. La Guardia Nacional, a cargo del régimen somocista, ejecutó detenciones arbitrarias, torturas y secuestros contra la población. Durante la etapa final del régimen, la represión fue más agresiva, hasta el punto de que Jinotepe y otras localidades del país sufrieron bombardeos con el fin de eliminar la rebelión que buscaba derrocar a la dinastía.
El 11 de noviembre de 1960, un grupo de guerrilleros atacó los cuarteles de la Guardia Nacional de Somoza en las ciudades de Diriamba y Carazo. La acción, liderada por Indalecio Pastora y Leonel Cabezas, estaba planeada para ejecutarse en diferentes puntos del país. Sin embargo, solo tuvo lugar en esas dos ciudades. Durante ese mismo año, se fundó la primera célula del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FLN) en Carazo. De acuerdo al cuarto tomo de las Memorias de la Lucha Sandinista, de la excomandante guerrillera e historiadora Mónica Baltodano, agrupaciones de jóvenes realizaban pintas en las calles de Jinotepe y plasmaron la bandera rojinegra del Frente.
En las memorias también se relata la represión que ejerció la Guardia Nacional contra la población, así como la respuesta de guerrilleros en ese entonces. “La Guardia disparando, disparando al Gran Hotel, ya de noche. Salió mucha gente herida, gente campesina que tenía gran amor a aquella lucha y andaba sus pistolitas y salía a unos callejoncitos, adentro del Gran Hotel, ¡bang!, ¡bang! le disparaban a la Guardia, y se metían. La Guardia les contestaba con ametralladoras, los tiros rebotaban, así tuvimos una gran cantidad de heridos, por esas imprudencias o esa forma de lucha tan dispareja”, relata Enrique Yico Sánchez, en las memorias de Baltodano.
“Realmente Carazo ha sido un departamento con una historia de rebeldía. Desde la sublevación del 54, con todo ese conglomerado de patriotas que actuaron en esos territorios. Eran sumamente rebeldes. Y eso explica, de alguna manera, que en el 2018 la presencia de gente con historia sandinista fue activa y partícipe de la sublevación contra la dictadura de Ortega. Fueron de los lugares en donde la participación popular fue evidente”, aseguró Baltodano en una entrevista realizada para este medio.
En las Memorias de la Lucha Sandinista, Baltodano relata que la insurrección de Carazo estaba planeada a realizarse el 7 de junio de 1979. El plan consistía en que las fuerzas rebeldes debían tomar los cuarteles de la Guardia de manera definitiva. “Diriamba expresó un nivel superior de movilización popular para la insurrección, debido a la inusual estabilidad que tuvo la dirección y el desarrollo del trabajo político organizativo en esta ciudad”, comenta Baltodano.
El 8 de julio, finalmente Jinotepe es liberada, siendo una de las primeras ciudades en las que se ocuparon todas las posiciones de la Guardia Nacional. A pesar de que fue una de las primeras ciudades liberadas por los combatientes, cuya liberación abrió las puertas a la revolución sandinista, ahora el régimen de Ortega y Murillo —cuya existencia política se la deben a esa revolución— se ha ensañado contra su población, cometiendo asesinatos, desplazamientos forzados y persecución.
