El exilio de Cristosal y la Ley de Agentes Extranjeros como amenaza a la defensa de derechos en El Salvador
Maldito País
agosto 2, 2025
El Salvador, un país marcado por décadas de conflicto armado, crisis política y violencia delincuencial, ha visto por 25 años en Cristosal un pilar en la defensa de los derechos humanos. Esta organización que cuenta con una gran trayectoria de lucha ahora enfrenta, junto a otras iniciativas, una de sus peores crisis: el exilio forzado de su equipo debido a las últimas medidas aprobadas por el régimen de Nayib Bukele.
Los elementos fueron diversos: amenazas a varios integrantes de su equipo, la detención de Ruth López -coordinadora del área anticorrupción, defensora de derechos y una de las abogadas más influyentes, según la BBC-, y la Ley de Agentes Extranjeros, herramienta legal que ha sido catalogada por la sociedad civil como un arma de control y castigo. El último golpe bajo para el trabajo de derechos humanos en El Salvador.
En 2021, el gobierno de Nayib Bukele ya había presentado una propuesta donde imponía un agresivo 40% de impuesto a las donaciones y fondos provenientes de “mandantes extranjeros”. En ese momento, el cuerpo diplomático radicado en el país se pronunció en contra y la propuesta quedó en el tintero.
El artículo 3 de la Ley define como agente extranjero a “toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que dentro del territorio de El Salvador realicen actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero”.
Este 2025, Bukele aprovechó una problemática que había escalado a la agenda de medios: la deuda de la Cooperativa El Bosque por más de 800 mil dólares, que implica el despojo de sus tierras para la siembra y aproximadamente 300 familias sin hogar. La comunidad decidió tomarse las calles el 12 de mayo para pedir ayuda al presidente Bukele, pero lo único que recibieron fue represión de la Policía Militar.
Posterior a la protesta, el presidente inconstitucional de El Salvador dijo que presentaría la Ley con el fin de que las ONG paguen un impuesto correspondiente al 30% de sus donaciones, el cual serviría para “saldar la deuda de la Cooperativa” y de esa forma “las ONGs podrán cumplir con su misión de apoyar a la gente», dijo a través de su cuenta en X. La Ley se aprobó en mayo de 2025.
Luis Rivera, abogado del Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora, explicó que la ley adoleció de ser aprobada a través de un proceso inadecuado. Según explica, la Asamblea Legislativa justificó el ingreso de la propuesta por dispensa de trámite bajo el argumento de que no existía en el país un marco jurídico que regule el actuar de las organizaciones sociales y ONG, cuando en realidad estas ya están reguladas por el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, así como los mecanismos tributarios plasmados en la Ley de Impuesto sobre la Renta y la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos.
Agrega que no existen los requisitos de urgencia y necesidad que la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, exige para ingresar una propuesta de ley por dispensa de trámite. La discusión de dicho proyecto, además, fue limitada, con apenas seis diputados participando en el debate durante aproximadamente una hora.
Un arma que actúa en la ambigüedad
La LAEX establece el registro obligatorio para personas y organizaciones que reciben financiamiento extranjero, pero introduce restricciones severas y ambiguas que, según organizaciones sociales, limitan el derecho de asociación y expresión. Rivera ejemplifica que el artículo 9 prohíbe actividades de “afluencia política” o que generen “alteración del orden público”, pero sin definir claramente qué actos están prohibidos, abriendo la puerta a interpretaciones arbitrarias y violaciones a la libertad de expresión.
Asimismo, la ley impone un impuesto del 30% sobre los fondos extranjeros, una carga desproporcionada para organizaciones sin fines de lucro que dependen de estos recursos para programas sociales en comunidades vulnerables. Las multas estipuladas, que van de $100 000 a $250 000, sobrepasan ampliamente la capacidad económica de muchas ONG y podrían llevar al cierre forzado de sus actividades.
Aunque la ley no especifica delitos concretos, Rivera advierte que cuenta con un carácter ambiguo en cuanto a sus disposiciones, ya que abre un margen amplio para la criminalización de defensores y organizaciones, lo que podría devenir en cargos penales por supuestas sanciones administrativas vinculadas al no cumplimiento de requisitos para el registro de actividades.
“Muchas asociaciones no han presentado ni van a presentar la solicitud de registro por varias razones, por ejemplo, que la cooperación externa que recibían les ha sido retirada. Otras prefieren continuar trabajando de manera informal, sin presentar la documentación, pues consideran que la ley es ilegal y arbitraria. Se les pueden imponer sanciones. Hoy por hoy no se conocen casos específicos, pero existe la posibilidad de que se impongan no solo sanciones económicas, sino también acciones penales, aunque la ley no menciona de manera explícita cuáles podrían ser los delitos imputables”.
Para Luis Rivera y quienes integran el MDCT, la LAEX presenta vicios de forma y contenido incumpliendo con los artículos 85,135,1,2,144, entre otros de la Constitución de la República. Por ello, presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, solicitando medidas cautelares y la suspensión de la implementación de la ley, hasta que sea emitida una resolución.
“Invitamos a la población a hacer uso de todas las herramientas que el sistema actual nos brinda. Si bien no son muchas, debido a la concentración de poder y la limitación de los espacios cívicos y jurídicos, es crucial aprovechar los que aún tenemos. Debemos presentar todas las denuncias necesarias para hacer valer nuestros derechos, independientemente de la respuesta que se obtenga. La reducción de los espacios cívicos y legales es preocupante, por lo que es imperativo utilizar todas las vías disponibles para denunciar las irregularidades y exigir el respeto a nuestros derechos”.
Al exilio con 25 años de trabajo sobre los hombros
Fundada en un momento en el que El Salvador atravesaba los efectos devastadores de los terremotos del 2001 y el recrudecimiento de las pandillas, Cristosal comenzó su trabajo debido a la iniciativa de dos obispos de la iglesia Anglicana, para brindar protección a las comunidades afectadas.
Aunque en un inicio se pretendía brindar servicios para personas extranjeras solicitantes de asilo, la urgencia por el desplazamiento forzado, la necesidad de las comunidades y los golpes de realidad hicieron que su trabajo se ampliara a más personas.
“No había espacio para ignorar la realidad: cuando la gente empezaba a ser perseguida por pandillas, nuestras oficinas se llenaron”, recuerda Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, en una conversación con HoraCero. El contacto directo con comunidades como las del Bajo Lempa -una zona repoblada por personas exiliadas durante el conflicto armado- permitió que la organización moldeara un enfoque integral donde el desarrollo comunitario y los derechos humanos se entrelazan para abrir oportunidades.
“Pero el trabajo más fuerte, lo que realmente impulsó mucho el desarrollo de la organización fue nuestro acompañamiento a personas desplazadas internas. Fuimos de los primeros en empezar a atender a esa población, hacíamos mucha incidencia para que el Estado salvadoreño reconociera ese fenómeno que negaba. La posición del Estado fue negación total”, agrega Bullock.
El director cataloga como uno de los grandes logros de la organización la sentencia de Sala de lo Constitucional que reconoce el desplazamiento forzado en El Salvador, emitida el 13 de julio de 2018. Esta histórica resolución obligó al gobierno de Salvador Sánchez Cerén y a la Asamblea Legislativa a reconocer el fenómeno -principalmente causado por pandillas y otras formas de crimen organizado-. Además, ordenó diseñar e implementar políticas públicas y reformas legales para la protección de las víctimas.
Posteriormente se creó la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno. Con un poco de ironía, Bullock resalta que la ley aprobada en 2020, ya en el gobierno de Bukele, fue la propuesta elaborada por Cristosal.
“Pero el problema posterior era que se quedó nada más como una ley, nunca creó un reglamento. Hicimos propuestas de presupuesto para financiar el programa, pero no hubo voluntad después para fortalecer un sistema de protección nacional”, añade Bullock.
El director reflexiona que, en 25 años, pese a las tensiones que han sostenido con los diferentes gobiernos de turno, no habían enfrentado una situación de tal gravedad que les llevara hasta el exilio de sus oficinas, hasta ahora.
“Incluso, teníamos denunciado al presidente Sánchez Cerén por ejecuciones extrajudiciales, porque ha sido el único que sí hizo una guerra contra las pandillas y hasta los mismos líderes lo reconocen en recientes entrevistas. La PDDH tenía casos documentados. Sin embargo, no estaban cerrados al diálogo”, explica Bullock.
Agrega que la persecución no comenzó con la detención de los defensores en los últimos meses, sino desde la primera gestión del presidente Bukele.
“Durante los primeros 5 años, quienes recibían directamente este castigo no fuimos nosotros, sino que las organizaciones de las comunidades, el movimiento contra la minería, los veteranos que organizaban marchas, y a ellos sí le criminalizaba, y en el marco de régimen de excepción no sabemos ni siquiera cuántos sindicalistas, cuántos lderes comunitarios, cuántos defensores y defensoras del medio ambiente, pero a nivel más local, han sido llevados y desaparecidos en los centros penales. Este es un régimen de terror”, expresó.
Sin embargo, pese a las adversidades, Bullock reafirma el compromiso de Cristosal con la verdad histórica. Considera que El Salvador “merece algo mejor que estar sometidos a las pandillas o a una dictadura” y recuerda que no existen “dictaduras buenas” ni justificaciones para renunciar a los derechos del pueblo.
Su esperanza radica en la población y las organizaciones sociales, también en la historia que demuestra que ninguna represión ha logrado silenciar la lucha por los derechos humanos.
