Las reglas del juego se han cambiado para las personas solicitantes de refugio que están en Costa Rica o quieren llegar, y esto afecta sobre todo a la población nicaragüense que según las autoridades de Migración y Extranjería representan más del 80% de las solicitudes de refugio que llegan al país. 

 La administración del presidente Chaves estableció un paquete de reformas al procedimiento de refugio, y actualmente la protección solo puede ser solicitada de forma presencial y durante un tiempo limitado de 30 días después de ingresar al territorio, no obstante los cupos diarios y las oficinas de las Unidades de Refugio no dan abasto para la cantidad de solicitantes.

 Estas medidas fueron anunciadas en noviembre del año pasado, y junto a ello la propaganda de un discurso xenófobo, en esas mismas declaraciones Chaves señaló que “las medidas son para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica, quedarse aquí para trabajar”. 

 Estas declaraciones no tienen mayor sustento, porque la misma autoridad migratoria ha dicho que desde 2018 han recibido 222.056 solicitudes de refugio, de las cuales 172.689 están pendientes de resolver y por otro lado para ello existe un órgano especial, que es la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, quien se encarga de analizar cada caso y determinar su elegibilidad.

 Entre otras medidas se encuentra la restricción para acceder al permiso laboral, mediante la implementación de un seguro médico obligatorio arancelado para acceder a este carné -que es la vía para lograr un empleo formal- también se creó una categoría especial para cubanos, venezolanos y nicaragüenses, que cumplieran con ciertas características y que se les hubiese rechazado su procedimiento de refugio o no quisieran continuarlo; no obstante dentro de los requerimientos se encuentran documentos que deben traer de sus países de origen y realizar un pago para solicitar el trámite, lo que puede significar un obstáculo.