Encuentro Centroamérica Vulnerable: Defensoras y defensores contra el despojo de los pueblos
Maldito País
octubre 16, 2024
El encuentro al que denominaron “Tejiendo raíces para la resiliencia”, convocó a personas defensoras, organizaciones, pueblos indígenas, académicos, ecofeministas, entre otros sectores, quienes se reunieron para discutir los riesgos, desafíos y necesidades de los pueblos, así como la esperanza, acciones, enfoques y estrategias para fortalecer sus redes, las respuestas ante los proyectos de muerte, la criminalización y la compleja situación política de la región.
Jeffery López, director de DITSÖ Costa Rica, expresó que si bien existen particularidades y diferencias en relación al desarrollo económico, la democracia, las libertades individuales y la situación de los DDHH entre cada uno los países de la región, las organizaciones proponen pensarse “como sociedades hermanas que se entrelazan en la identidad, en la historia, en la economía y en sus dinámicas ecológicas”, demandando acciones, buscando alternativas y estrategias con las cuales trascender a las múltiples crisis que viven, apostando por la esperanza.
Los datos presentados por las organizaciones son alarmantes. Desde 2015 hasta 2022, la región ha perdido 3,765,800 hectáreas de bosque, un 9% del territorio. Este deterioro ambiental se traduce en una agricultura de subsistencia cada vez más amenazada por sequías prolongadas y lluvias torrenciales, exacerbadas por el cambio climático. Las comunidades que dependen de la producción agrícola ven cómo sus medios de vida se desmoronan, mientras que el 16% de la tierra está concesionada para minería metálica, una actividad que socava aún más los recursos naturales.
La desaparición de ecosistemas afecta no solo la biodiversidad, sino también los derechos humanos fundamentales de quienes dependen de esos recursos para sobrevivir. Las condiciones de vida de agricultores y comunidades rurales se han deteriorado drásticamente, y los fenómenos climáticos están desestabilizando su sostenibilidad económica, socavando su dignidad.
La crisis del agua y la alimentación en la región se ve empeorada por los efectos del cambio climático global. Las organizaciones exigen a los Estados generar leyes, políticas, planes, programas y acciones concretas vinculadas al agua y a la alimentación, garantizando la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas. Esto incluye el acceso a la información, participación, justicia ambiental en la gestión y gobernanza del agua.
Entre las grandes deudas de los Estados se encuentra la ratificación y aplicación del Acuerdo de Escazú. Consideran que los Estados deben tomar acciones para la protección de las personas defensoras del agua y del territorio, ante la urgencia de detener todo tipo de acciones de persecución, amedrentamiento y criminalización de quienes defienden la tierra y el ambiente.
Yesika Gómez, lideresa comunitaria de Huehuetenango, Guatemala, enfatizó en que se necesita mayor conocimiento y empoderamiento de la gestión de riesgo a nivel comunitario, para promover la prevención en las sociedades. “Los desastres producidos por fenómenos naturales han llevado a la población indígena a la pérdida de cosechas y cultivos, dañando severamente los patrones de siembra, perjudicando nuestra identidad y el sentido de la vida indígena”.
“Los pueblos indígenas han enfrentado impactos significativos debido al cambio climático. Cada día, los medios de vida enfrentan más daños, lo que obliga a los pueblos a modificar su estilo de vida. Esto vulnera la identidad y pertenencia de la población, ya que los recursos se acaban y con ello se deteriora la cosmología de nuestros pueblos”, expresó.
Además, comentó que su país ha experimentado grandes índices de migración forzada de la población originaria debido a los efectos del cambio climático, generando impacto en la economía de las poblaciones y agravando la crisis migratoria que sume a Guatemala.
Por su parte, Roy Guevara, representante de Honduras en la Mesa de Afrodescendientes de Centroamérica y el Caribe, sumó a este contexto la preocupación de las organizaciones de este país por las violaciones de derechos humanos, el racismo y los ataques a las y los defensores del territorio y la región. “Ahora mismo, en una comunidad garifuna, fueron baleados hermanos defensores territoriales y, recientemente, han asesinado a Juan López. Padecemos de persecución”.
“Hemos venido denunciando que la crisis climática tiene repercusiones profundas y desproporcionadas por el derecho de los afrodescendientes a la salud, la vivienda, a la alimentación, educación, a los medios de subsistencia y a la determinación. Las Zedes han llevado a las comunidades de afrodescendientes a una situación de marginación y de pobreza”, dijo.
La delegación de El Salvador, representada por Cleotilde Guevara, Coordinadora de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo, describió el escenario de crisis que vive el país a raíz de los impactos del cambio climático y de los monocultivos que se siembran de forma indiscriminada en el país.
“Los humedales en la zona costera marina, en el occidente de El Salvador están amenazados por los monocultivos de caña, soya y palma africana”, enfatizó.
Por su parte, Asunción Martínez, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), señaló que los retrocesos democráticos en el país y la región tienen implicaciones directas para la población, en especial a las mujeres y personas defensoras ambientales.
“Tenemos la amenaza del aumento de la vulnerabilidad del territorio por el impacto de las industrias extractivas y vemos cómo se están desatentiendo las necesidades de la población desde los Estados. En este espacio les demandamos retomar la agenda climática para que asuman su responsabilidad desde las alternativas que construyen las comunidades”.
Las comunidades rurales en Costa Rica continúan en resistencia ante las plantaciones de piña, banano y otras transnacionales que insisten en el uso de agrotóxicos y la privatización del agua, así nos comentó Margarita Alvarado, representante de la Asada Veracruz, entidad administradora del agua en su comunidad.
Ella aseguró que el aceleramiento del cultivo de la piña ha contaminado gravemente las fuentes hídricas de algunas zonas, lo que ha dejado sin agua a varias comunidades, quienes han buscado alternativas para el abastecimiento. A su juicio, el Estado no ha realizado las acciones necesarias para erradicar los agrotóxicos o sancionar a las transnacionales y empresas responsables de la contaminación.
“Sin embargo, solo la fuerza y la identidad de los pueblos nos da esperanza. El Estado de Costa Rica está buscando la privatización del agua, pero acá estamos dando una lucha fuerte. Instamos a las organizaciones a no bajar los brazos. Solo el pueblo salva al pueblo”, enfatizó.
El encuentro dejó claro que la justicia climática es un derecho inalienable. Las y los participantes hicieron un llamado urgente a los gobiernos para que implementen políticas públicas que prioricen la reducción de riesgos de desastres y fortalezcan la resiliencia ecológica. En este contexto, destacaron la participación activa de las mujeres indígenas como clave para contribuir a la construcción de esa resiliencia, y exigieron que las autoridades den prioridad a los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre el cuidado de la naturaleza.
La intersección entre la crisis climática y la violencia de género también se evidenció con claridad; el trabajo de las mujeres en la protección de recursos naturales las pone en mayor riesgo, al tiempo que la carga de los trabajos de cuidado no remunerados aumenta. Por ello, exigieron un análisis interseccional del impacto del cambio climático en las agendas sociales, con un enfoque en la violencia de género.
En este contexto, la resistencia ecofeminista se presenta como una respuesta vital ante la crisis civilizatoria. Las mujeres están organizándose para defender sus derechos y los territorios, por lo que se instó a los gobiernos a ofrecer un apoyo real a estas iniciativas, garantizando espacios seguros para sus voces.
El XV Encuentro Regional “Tejiendo raíces para la resiliencia” ha puesto de manifiesto que la lucha por la justicia ambiental sigue siendo un reto determinante para los pueblos de la región. Centroamérica camina al paso de quienes defienden su tierra, personas que construyen un horizonte más justo y sostenible frente al despojo.