Hora Cero
junio 16, 2025
Antes de cumplir el primer mes de gobierno, el chavismo gobernante atestiguó su primera derrota política. La tensión diplomática con Panamá, la retórica alarmista sobre el desabasto energético y la supuesta ampliación de la oferta laboral chocaron de frente contra el descontento popular ampliado. Así, el primer intento de reforma estructural del Estado costarricense se desvaneció ante movilizaciones populares y el rechazo de la oposición legislativa que votó en contra de la supuesta “armonización eléctrica”. Luego de desconvocar el proyecto, Fernández señaló de “comunistas” y “vagabundos” a los partidos Frente Amplio y Liberación Nacional. Su discurso no sólo fomenta el estigma del comunismo e invisibiliza a los movimientos sociales sino que también ignora la discusión sobre el carácter social y de derechos del estado.
El sistema eléctrico en Costa Rica cuenta con una institución autónoma rectora en la materia, la cual a su vez se vio impregnada de los procesos de ampliación de derechos de la década de los 40; previas a la Guerra Civil de 1948. Por ello, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) refiere a un modelo solidario, subvencionado y que procura la cobertura nacional -aún en las comunidades de difícil acceso-.
En palabras de Maleza Barrantes, del Movimiento Ríos Vivos y la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el ICE “es público y es solidario, diseñado para que llegue a las comunidades de este país. Funciona de una manera que en las zonas urbanas y comerciales que son las más rentables ayudan a subsidiar los costos de llevar electricidad a las zonas rurales del país, de más difícil acceso”. Dicho sistema es eficiente y referente en la región: “El país cuenta con una cobertura del 99,4% a nivel nacional, lo cual es impresionante y bueno”; señala Maleza. Otra forma de sostener la subvención de las tarifas eléctricas es la ganancia que obtiene el ICE al exportar los excedentes al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (CIEPAC); este acceso directo al mercado regional es una de las garantías contempladas por ley para la institución.
El ICE además es el “cerebro eléctrico” del sistema nacional de electricidad. Se encarga de monitorear, controlar y regular el flujo eléctrico para garantizar su continuidad, también debe de resolver los problemas o fallas en el acceso. Es un sistema complejo, al que se suman instancias como la Compañía de Fuerza y Luz (CNFL), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) que robustecen la capacidad del ICE. En términos generales, el ICE representa a una institución sólida, referente regional y fundamental para el imaginario costarricense al ser una de las instituciones garantes del estado social de derecho.
Esto último no quiere decir que no existan tensiones alrededor de la labor del ICE. La matriz energética costarricense se basa en la explotación hidráulica, lo que la hace no sólo vulnerable al cambio climático sino también a tensiones políticas y sociales. El Movimiento de Ríos Vivos al que pertenece Maleza, por ejemplo, nació en 2012 para defender ríos de un enjambre de 15 proyectos hidroeléctricos en la Zona Sur. Una de las tensiones políticas más importantes fue la que se gestó alrededor del Proyecto Hidroeléctrico Diquís, la que sería la represa más grande de Centroamérica y que unificó a los Pueblos Originarios Bröran, Bribris y Brunkas para evitar su imposición. El ICE canceló el PH Diquís en 2018 bajo el argumento de que el abastecimiento energético estaba asegurado y que el proyecto excedía los costos económicos para la institución.
La polémica actual se desata por una serie de acontecimientos. Tres en particular:
Para superar dicha emergencia, el Ejecutivo convocó el proyecto “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional”, Expediente 23.414. Para Maleza Barrantes el proyecto es complejo, cuenta con vacíos importantes y propone modificaciones estructurales como la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) que despojaría del “cerebro eléctrico” al ICE. El ECOSEN, a su vez, estaría dirigido por una Junta Directiva de siete miembros, cuatro del sector privado. Asimismo, el proyecto crea “un mercado de subastas, un mercado privatizado en el que los grandes consumidores de electricidad puedan comprar a generadores privados de electricidad, o sea comprar al mejor postor”, continúa Maleza. Esto es problemático porque el ICE podría perder a sus mejores clientes, lo que provocaría una disminución de sus ingresos que serían trasladados a las tarifas. Es decir, un atentado contra el esquema solidario.
En países como Centroamérica cuya matriz energética se alimenta fundamentalmente del agua -a excepción de El Salvador-, son a su vez entornos violentos para defensores de derechos humanos y del territorio. Este fue uno de los mensajes centrales de Maleza durante la concentración convocada por FECON y otras organizaciones políticas y ecologistas en las afueras de la Asamblea Legislativa el pasado 26 de mayo. Maleza recordó que en Centroamérica la apertura de los mercados eléctricos se ha traducido en violencia y en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. “Si este proyecto se aprueba vendrían presiones para las comunidades rurales que somos las que siempre pagamos (…) también los ecosistemas que sufrirían a partir de todos estos proyectos privados”, mencionó Maleza a la vez que recordó el femicidio territorial de Berta Cáceres y la trayectoria política del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en la defensa de los ríos.
En ese sentido, vale la pena preguntar(nos): ¿Qué entiende el gobierno de Laura Fernández por armonización? Todo indica que, una vez más, el chavismo utiliza discursos vacíos para imponer medidas y cambios que lejos de mejorar las condiciones de las amplias mayorías, las deja aún más vulnerabilizadas.
El ICE y el peso que tiene en el imaginario costarricense ha sido sensible históricamente. En el 2000, movimientos sociales lograron revertir el “Combo ICE”; ley con la que el bipartidismo histórico (la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional) pretendía abrir el mercado. Siete años más tarde, la imposición del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., Centroamérica y República Dominicana (CAFTA, por sus siglas en inglés) abrió el mercado de telecomunicaciones. Por ello, para 2026 la defensa del espectro eléctrico sería la piedra angular para la unificación de múltiples sectores (trabajadores (as) de la institución, estudiantes, jóvenes, campesinxs, maestrxs, etc).
Tras la convocatoria del proyecto de armonización eléctrica, explotó una ola de información en redes sociales, espacios de discusión y muchas acciones de protesta se activaron tan pronto el Ejecutivo convocó el proyecto. Personas y organizaciones ecologistas, ambientalistas, estudiantiles, comunitarias, se encontraron en las barras legislativas y en las afueras de la institución, donde se mantuvo una vigilia desde horas tempranas de la tarde hasta muy entrada la noche. Fue evidente que todas las jornadas eran “de lucha y reconocimiento al trabajo del ICE, al cariño por lo que este sistema significa para el país”, explicó Maleza.
Este amplio rechazo alcanzó para que el PLN modificara su postura histórica y votara en contra del proyecto. El Frente Amplio (FA) alertó sobre la amenaza y fue uno de los voceros más importantes contra el proyecto 23.414. Mientras la vigilia se sostenía en las afueras, el oficialismo aprobó el proyecto de ley en primer debate con 27 votos a favor y 24 en contra. Esto quiere decir que ni la bancada oficialista (de 31 escaños) está convencida.
El procedimiento a seguir era la consulta constitucional. Posteriormente, debía ser aprobado en segundo debate por 38 votos. Estos últimos pasos no fueron realizados porque Fernández desconvocó el proyecto, a la vez que tildaba de “vagabundos y comunistas” a las fracciones del FA y PLN. Según Fernández ninguna de las fracciones quiere crear empleos en Limón y Puntarenas, por lo que les da tiempo para que “recapaciten”.
Las organizaciones políticas y movimientos sociales tienen claro que fue la presión en las calles y las jornadas informativas lo que posibilitó el retroceso de Fernández. “Desde el sector ecologista creemos que esta fue la primera derrota del oficialismo, al menos en este período, porque claramente venían con toda la intención de aprobar este proyecto. Pero bueno, más bien los desconvocaron porque vieron que no está el ambiente para ser aprobado”, declara Maleza.
Esta coyuntura abre un horizonte de discusión política fundamental que tiene que ver con el carácter social del Estado costarricense. Pareciera que los mínimos comunes no están abiertos al debate, lo cual necesariamente refiere a una discusión sobre la dimensión de “lo común” en un país atravesado por el neoliberalismo y el colonialismo. Más allá del ICE, se trata de construir la base digna institucional y de acceso a los derechos de las amplias mayorías en Costa Rica.
